A raíz de la indolencia y la falta de reacción positiva del gobierno del presidente Gotabaya Rajapaksa a la extendida protesta popular que se viene desarrollando en Sri Lanka, tuvo lugar este viernes un paro general de actividades.

Convocado por sindicatos y organizaciones civiles, adhirieron a la medida de fuerza miles de trabajadores y trabajadoras de sectores del transporte, la sanidad, la educación y la energía, entre otros, logrando un alto acatamiento en toda la isla y la paralización de gran parte de los servicios.

Zonas comerciales clave como Fort -el principal centro comercial del país en Colombo- se cerraron por completo y pudo observarse a lo largo de todo el país el cierre de calles enteras de tiendas y pequeños negocios.

El Centro de Coordinación Sindical (TUCC) advirtió que el paro general podría tomar un carácter indefinido a partir del 11 de mayo si el gobierno y el presidente no toman medidas para respetar la voluntad del pueblo que exige su dimisión.

Por su parte el gobierno, lejos de ceder a las demandas populares, ha endurecido su posición decretando el Estado de Emergencia a partir de la medianoche del viernes, para, según el comunicado oficial «proteger el orden público y mantener los servicios esenciales».

Medios locales como el Colombo Page informaron que el Colegio de Abogados de Sri Lanka expresó su preocupación por la medida gubernamental, instando al presidente a revocar la medida «por no constituir una solución a la actual problemática del país».

El comunicado emitido señala que la asociación de letrados «está firmemente convencida de que el derecho a protestar y el derecho a disentir son aspectos importantes de los derechos fundamentales de las personas, incluida la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica.»

El texto agrega además que «cualquier restricción que se imponga por ley a estos derechos debe ser proporcionada y razonable. Reiteramos que el estado de excepción no debe utilizarse para reprimir las protestas pacíficas y la disidencia, ni para realizar detenciones y encarcelamientos arbitrarios. A su vez, las protestas no deben ser violentas y deben seguir siendo pacíficas en todo momento.»

La advertencia no es gratuita. Más temprano, la policía había utilizado gases contra los manifestantes, cuando éstos intentaron atravesar las vallas que rodean al parlamento. A pesar de la represión, los estudiantes continuaron con la protesta y decidieron ocupar el parque Diyatha Uyana, situado en las inmediaciones.

Si bien la ira popular se centra en el gobierno nepotista de la familia Rajapaksa, muchos incluyen ya la exigencia de renuncia a los 255 parlamentarios. Como dijo un joven manifestante, «Gota (Gotabaya Rajapaksa, actual presidente) debería irse, pero es el símbolo de un sistema, así que no sólo los Rajapaksas deberían irse a casa: todos los ladrones deberían irse a casa».

Numerosos colectivos y agrupaciones consideran legítimo el paro general , como única forma de hacer sentir al gobierno el hastío de la población ante la carestía, la inflación y la corrupción generalizada.

El paro es visto como el más extendido de los últimos 69 años, en ocasión del masivo levantamiento popular y la desobediencia civil motivada por los recortes sociales, sobre todo del subsidio al arroz, que implementó el entonces gobierno del primer ministro Dudley Senanayake, hijo de quien encabezara el movimiento independentista de la Corona británica y considerado «Padre de la Nación», Don Stephen Senanayake.