Respaldadas por Aidesep, organizaciones indígenas Orpio, Orau y Corpiaa expresaron su rechazo a intentos por dejar sin protección a pueblos en aislamiento y explotar sus territorios intangibles.
Organizaciones indígenas del país rechazaron categóricamente la iniciativa del Gobierno Regional de Loreto (GOREL) y grupos empresariales por quitar la protección a los pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI).
Mediante pronunciamientos, las organizaciones indígenas cuestionaron el reciente manifiesto donde sectores privados y el gobernador Elisbán Ochoa exigen derogar la Ley PIACI (N°28736).
Como señaló la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), el pedido “obedece a intereses particulares de grupos económicos que buscan seguir depredando los bosques y los recursos naturales sin respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas u originarios”.
Respaldadas por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), también se manifestaron la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de Aidesep Atalaya (COORPIA).
Inminente peligro
ORPIO recuerda que, si se deroga la Ley PIACI, los territorios de los pueblos en aislamiento serán invadidos, situación que ocasionará el exterminio de quienes integran estos grupos humanos en condición de extrema vulnerabilidad inmunológica.
La ley contiene los principales derechos fundamentales de PIACI y “su derogación significaría un crimen de lesa humanidad contra estas poblaciones que gozan de los mismos derechos humanos y constitucionales que todos”, indica ORPIO.
“Queremos manifestar nuestra indignación por las expresiones cargadas de racismo y discriminación contenidas en el referido ‘Manifiesto de la Región Loreto’ cuando se indica que existen ‘verdaderos pueblos indígenas’ a quienes el Gobierno Regional y estos grupos dicen representar”.
Como recalca ORPIO, estos grupos utilizan los nombres de los pueblos indígenas con el objetivo de un aprovechamiento político a favor de sus intereses particulares y depredadores.
La organización también cuestiona que se quiera negar la existencia de los pueblos en aislamiento a pesar de que su presencia y existencia en los bosques de la Amazonía peruana se ha reconocido hace más de tres décadas.
Como recuerda la organización indígena, los PIACI han sido reconocidos por Estado peruano y sus entidades, así como por organismos internacionales, entre ellos la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por ello, ORPIO pide a los organismos internacionales que exijan al Estado peruano el cumplimiento de los mecanismos de protección de los derechos de los PIACI, como la Ley N°28736.
Además, exige al Ejecutivo rechazar el comunicado y cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales para proteger a los pueblos en aislamiento y contacto inicial.
También llama al Congreso para que no sea cómplice de la campaña de los operadores de grupos como la ‘Coordinadora de Desarrollo Sostenible de Loreto’
“Rechazamos las pretensiones e intereses económicos ajenos a los deseos y aspiraciones de los pueblos indígenas que menoscaban las legítimas esperanzas para un porvenir y bienestar de las comunidades indígenas y sus organizaciones representativas”, finaliza el documento.
Probada existencia
A su vez, la organización indígena ORAU también manifestó su rechazo a estos pedidos de representantes de instituciones públicas y grupos privados.
En un comunicado, subrayan que los estudios y evidencias efectuadas por las mismas organizaciones indígenas prueban la existencia de los pueblos en aislamiento que se desplazan en Madre de Dios, Cusco, Ucayali, Huánuco y Loreto.
La organización de Ucayali también enfatizó en las amenazas que sufren estos pueblos frente a actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierras y la tala ilegal.
Protección contra intereses personales
De igual forma, el martes 26 de abril, la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de Aidesep Atalaya (COORPIA), junto a sus cuatro bases, publicó un pronunciamiento de respuesta.
Además de incidir en que los pueblos en aislamiento y contacto inicial dependen del bosque para su subsistencia, recordaron que estos grupos de personas viven en situación de alta vulnerabilidad social, cultural, epidemiológica y territorial.
La organización cuestionó que sea el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, quien incumpla con sus funciones como servidor público y socave los mecanismos de protección a los PIACI.
Peor aun cuando esta autoridad regional integra el Régimen Especial Transectorial (RET), mecanismo encargado de disponer políticas de protección para estos pueblos.
“Exigimos al Gobierno Peruano que ‘advierta’ al Gobierno Regional de Loreto que la Política Nacional del país se dirige a la protección de los PIACI y no a intereses personales”.
El pronunciamiento también recuerda que se podría realizar denuncias y procesos revocatorios contra estas autoridades locales y regionales, debido a su propuesta e insistencia de atentar contra los derechos y el marco normativo nacional e internacional de protección a los PIACI.
Finalmente, COORPIA resalta la urgencia de fortalecer las acciones de vigilancia y control realizado por las organizaciones indígenas y del Ministerio de Cultura, para contrarrestar estas amenazas permanentes contra las reservas Indígenas.
Intereses de por medio
Como se recuerda, el 25 de abril, se hizo público el denominado “Manifiesto de la Región Loreto”, donde autoridades regionales y grupos privados piden que se paralicen las acciones por las Reservas Indígenas en trámite.
Sin mayores fundamentos alegan la inexistencia de pueblos en aislamiento, señalan que la intangibilidad de los territorios PIACI “despojaría” a otros pobladores, para luego expresar su interés en la extracción petrolera, forestal y agroforestería.
Con vínculos ultraconservadores, los firmantes se oponen a tratados para la protección a defensores indígenas –como el Acuerdo de Escazú— y dirigen su pronunciamiento al Congreso y al Ejecutivo.
Además del gobernador Elisbán Ochoa, figuran Wilfredo Panduro Rojas (Colegio de Ingenieros del Perú-Loreto), Daniel Jiménez Huanan (Alcalde de Yaquerana), Christian Pinasco Montenegro quien funge de vocero de la denominada ‘Coordinadora por el Desarrollo de Loreto – CDL’), entre otros.
Fuente foto: Actualidadambiental.pe
