Dos economistas se lanzaron, en una reciente columna publicada en el medio El Destape, a desparramar prejuicios sobre la producción y comercialización de frutas y verduras agroecológicas. Desde la cooperativa Iriarte Verde les responden, con fundamentos y no con opiniones, las falsedades publicadas. También invitan a los lectores a comparar precios y calidades de lo que llevamos al plato.

Por Iriarte Verde

En los últimos días, en nuestra cooperativa de trabajo —abocada a crear canales de distribución y comercialización de productos agroecológicos y orgánicos a precios justos— se planteó un debate a partir de una publicación titulada “La agroecología y el reino del libre mercado”, firmada por dos economistas de nutrida formación. En ella hacen una serie de aseveraciones y conjeturas sobre el campo de la agroecología, el medioambiente y el mercado orgánico. Con firmeza, aunque sin fundamentos, brindaron su ¿opinión? sobre una temática ajena a su especialidad. Nos proponemos, entonces, rebatir —con fundamentos y no con opiniones o creencias— las falsedades publicadas y dar las respuestas de la agroecología.

Los autores de la columna hablan de un “ambientalismo sensacionalista” —término que además de prejuicioso es discriminatorio— que “promueve la prohibición preventiva como solución general”. Nuestra exigencia de la prohibición del uso de venenos para la producción de alimentos tiene que ver con que “el veneno, es veneno”, como nos enseñó el doctor Andrés Carrasco, eminencia científica argentina y cuyas investigaciones —y otras en el mundo— permitieron que la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su instituto de investigaciones sobre el cáncer, ubicara al glifosato como posiblemente cancerígeno en 2015.

Los economistas afirman que «un Estado incapaz de controlar tampoco puede prohibir”. Falso: el Estado es capaz de controlar porque tiene los organismos públicos para hacerlo. En cuanto a los alimentos, existe el INTA, el SENASA, el INAL y la ANMAT. El Estado no es impotente, tiene las legislaciones necesarias para defendernos ante un hecho de contaminación ambiental como la Ley General del Ambiente, la Ley de Bosques, el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley de Residuos Peligrosos, la Ley de Educación Ambiental.

Los autores consideran que “prohibir la minería, los agroquímicos, la producción local de salmones, las granjas porcinas, la exploración de petróleo en plataformas submarinas” tendría “impactos económicos muy negativos” y “afecta a la actividades supuestamente más benévolas con la naturaleza”. Atravesamos la era del antropoceno en la que la humanidad y el sistema capitalista avanzó peligrosamente sobre el ambiente: debemos repensar nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza y revertir este proceso, ya.

El mundo y nuestro país están sufriendo las consecuencias: incendios forestales como los de Australia o los que hace unos pocos días ocurrieron en Corrientes y Misiones, entre otros puntos del país. Hablamos de la “sequía y la falta de lluvias” como algo que pasa climáticamente, en vez de abordar sus causas y las responsabilidades. La discusión hay que darla sobre otro eje: cómo desarrollar las actividades antrópicas. Pensar el desarrollo de las sociedades teniendo en cuenta su cultura, sus costumbres, y que el resultado de esas actividades surja del consenso y de una investigación participativa local.

Las respuestas de la agroecología como ciencia

En la publicación los autores se preguntan si se puede “confiar en que los productores que se cuelgan la camiseta de agroecológicos (…), se valen de las prácticas más amigables con la salud y el ambiente”. Nos preguntamos ¿por qué quien utiliza venenos no tiene que demostrar que su producción no constituye un peligro para la salud social y ambiental, pero sí se le exige al productor agroecológico que demuestre la sanidad de sus alimentos? Todos los productos agroecológicos son susceptibles de ser analizados por los organismos competentes. Están expuestos a las mismas regulaciones que cualquier producto.

Además, los economistas abren otro interrogante: “¿Cómo diferenciar los productos de unos y otros en ausencia de regulaciones? ¿Y si se trata apenas de distintas estrategias de marketing?”. El párrafo denota desconocimiento y refleja que sus apreciaciones no van más allá de representar un claro estadio primario de conciencia mágica. ¿Estrategia de marketing? La agroecología es una ciencia y debe ser tratada como tal y, como decimos hace años, cada proceso agroecológico tiene sus particularidades por lo cual no se puede copiar, importar, exportar.

Foto de Sergio Goya/Agencia Tierra Viva

La agroecología se basa en el respeto de principios dentro de las esferas de lo productivo, lo social, lo ambiental y lo económico, lo que denota que la visión de la agroecología es holística y no productivista. Estos principios de las diferentes esferas deben estar estratégicamente balanceados para originar un alimento que cumpla con todas las cualidades alimentarias.

Como ejemplo podemos mencionar principios como el respeto por la biodiversidad, la asociación y rotación de cultivos, el rescate y uso de variedades de semillas, no uso de agrotóxicos, no uso de fertilizantes químicos, autonomía del productor en la formación del precio del alimento que produce, reconocimiento del trabajo familiar y cooperativo, valorización del saber popular, aplicación de tecnologías apropiadas, garantía de sustentabilidad económica de la unidad o grupo productivo, mantenimiento de la vida del suelo.

Los autores de la columna publicada en El Destape consideran una “campaña del miedo que desacredita la producción convencional en base al argumento de que los alimentos supuestamente tienen componentes tóxicos, dañan los suelos, talan bosques, contaminan ríos”. La información que se acerca al público se basa en la realidad comprobada por la respuesta de la naturaleza y organismos competentes. Aclaramos que para el caso del uso del glifosato existen más de 1000 publicaciones científicas en todo el mundo que demuestran el daño ambiental que causa y, sin embargo, se sigue utilizando.

Los aludes de lodo en Salta, los incendios forestales en Corrientes y Misiones, las inundaciones en Entre Ríos, la contaminación con cianuro del Río Jáchal, la expulsión de poblaciones ancestrales para el desmonte y siembra de soja en Santiago del Estero y Chaco, entre otros ejemplos, son respuesta de la naturaleza a la intervención antrópica arbitraria.

Los organismos oficiales de control nos otorgan informes que los autores niegan. El Senasa entregó a pedido de la ONG Naturaleza de Derechos el resultado de los análisis cromatográficos de vegetales destinados ya para la venta detectando la presencia de productos químicos. Pueden verificarlo en el trabajo cuyo título es Vademecum toxicológico de la Argentina.

También está disponible el trabajo de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Nutrición de la UBA, donde los participantes de la cátedra trajeron sus muestras adquiridas en los locales de su barrio. Las muestras fueron analizadas por el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (Emisa). El resultado fue que el 60 por ciento de las muestras contenían al menos un veneno.

La garantías de la agroecología para productores y consumidores

Los economistas piden certificaciones para el rótulo agroecológico y creen que los alimentos “ni siquiera están sujetos a las certificaciones y controles bromatológicos que regulan la producción convencional”. También dudan si no se trata de los mismos que ofrece el agronegocio, con un “cartel marketinero”. Pues bien, el mecanismo para evitar esta conflictividad es el sistema de garantía participativo. La evaluación de impacto ambiental por parte de los gobiernos locales, el control del SENASA o el seguimiento de los ministerios de producción locales.

Los economistas en su columna continúan: “Quienes honestamente cultivan alimentos sin valerse de agroquímicos en base a prácticas diferentes, como los productores orgánicos certificados, no disponen de volúmenes suficientes para atender mercados masivos. Tampoco pueden atender la demanda equiparando los precios de la producción convencional”.

En este punto, el desconocimiento es mayor teniendo en cuenta que ambos autores deberían estar acostumbrados a manejar cifras y estadísticas. Según el Área de Producciones Ecológicas de la Dirección de Estrategia y Análisis de Riesgo de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Senasa, “del total de 132 mil toneladas de productos orgánicos certificados, el 97 por ciento (128,6 mil toneladas) tuvieron por destino la exportación. Los principales mercados a los que se envió la producción orgánica argentina fueron la Unión Europea y Estados Unidos; al tiempo que el mercado local sigue mostrando signos de crecimiento”. Uno de los objetivos de la producción de alimentos orgánicos es la exportación.

La agroecología produce para el mercado interno convirtiéndose en la única posibilidad de abastecer con alimentos sanos, seguros y soberanos a la población. Actualmente se producen cereales, oleaginosas, frutas, hortalizas, carne, lácteos y miel, entre otros, bajo el sistema agroecológico. Además, en 2020, se oficializó la creación de la Dirección Nacional de Agroecología, que tiene como objetivo primordial “intervenir en el diseño e instrumentación de políticas, programas y proyectos que promuevan la producción primaria intensiva y extensiva de base agroecológica en todas sus escalas”, articulando con productores, organizaciones agrarias y gobiernos municipales y provinciales.

Los precios justos, otro eje de la agroecología

El precio de los alimentos agroecológicos tiene que considerar un precio justo para el productor y para el consumidor. Está en poder del consumidor la decisión de qué y dónde comprar y cuánto pagar. La concepción de qué es barato y qué es caro es una construcción del mercado y es relativa.

Los autores de la columna publicada en El Destape le piden a los lectores “tomarse el trabajo de escoger en cualquier verdulería los mismos productos que contiene un bolsón agroecológico y compare precios (…) y podríamos indagar también si estas actividades pagan impuestos y si la nómina de sus trabajadores se encuentra debidamente registrada”.

Cómo también somos lectores de El Destape, nos tomamos el trabajo solicitado y comparamos precios entre un bolsón de diez variedades de hortalizas de un supermercado bonaerense y el que ofrecemos en nuestra Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde Ltda (CABA):

Nosotros también queremos dejar en claro que desconocemos si el supermercado que utilizamos para la comparación paga impuestos, tiene sus trabajadores registrados, si abona el precio justo a los productores, y si está seguro de los alimentos que ofrece. En el caso de la Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde, esperamos su visita al Almacén Agroecológico en el barrio de Barracas e invitamos a sumarse a la lucha por la soberanía alimentaria. Para opinar, hay que investigar y conocer. Para no publicar falsedades, hay que conocer las verdades.