Por: Michela Locci (*)

Recientemente, todxs hemos oído hablar del que ha sido reconocido, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, como el peor desastre ambiental de los últimos tiempos en Lima (1). El derrame de 11 mil barriles de petróleo que el 15 de enero se produjo en Ventanilla, en la costa limeña, generó un impacto gigantesco no sólo bajo la perspectiva ambiental, sino también económica. La noticia tuvo una cobertura mediática mundial, aunque no ha sido el primero ni el último ocurrido en Perú.

Según el informe “La sombra del petróleo”, elaborado por el subgrupo sobre derrames petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú, entre los años 2000 y 2019 los derrames ocurridos en la Amazonía peruana han sido más de 474 (2). Estos se dieron principalmente en tres sitios de extracción de petróleo: en el lote 192 (de propiedad de Pluspetrol), ocurrieron 233 casos; en el lote 8 (Pluspetrol), ocurrieron 189 casos; y en el Oleoducto Norperuano (PetroPerú), ocurrieron 111 casos. Además, según la información recogida por el informe, un 94% de los barriles derramados pudieron ser evitados si hubiera existido un mecanismo de debida diligencia ambiental, (un deber de precaución), en las acciones de la propia empresa responsable. (3)

Fuente: OSINERGMIN y OEFA. Elaboración propia

Como reporta el gráfico que aparece a continuación, los derrames fueron causados, en su mayoría (65,4%), por la corrosión de los ductos y fallas operativas, mientras que sólo el 28,8% fue causado por terceros. Por lo tanto, la responsabilidad de la gran mayoría de derrames recae sobre las propias operadoras, tanto por condiciones o actos inseguros como por falta de medidas preventivas y predictivas que generaron procesos corrosivos en la infraestructura petrolera. (4)

Fuente: OEFA y OSINERGMIN. Elaboración propia.

Porcentaje de derrames según causa en lotes amazónicos y el ONP (2000-2019)

Fuente: Informe “Las sombras del petróleo”, Pág.46.

Las cifras resultan de gran relevancia, sobre todo si se considera que las empresas petroleras suelen justificar estos derrames alegando actos vandálicos de terceros, evitando así la discusión sobre sus propias responsabilidades. (5)

Por otro lado, las organizaciones indígenas de la Amazonía peruana denuncian hace años que vienen sufriendo el impacto de la industria petrolera. A raíz de todo el interés nacional por el derrame ocurrido en Ventanilla, lamentaron que el Estado despliegue sus mayores esfuerzos para controlar y remediar un derrame cuando este ocurre en Lima y no cuando pasa en sus territorios. Asimismo, recordaron que la crisis ecológica que hoy vive la capital, ellos la enfrentan desde hace 50 años por la contaminación de hidrocarburos. (6)

En esa línea, los derrames han afectado el ejercicio de sus derechos colectivos e individuales hasta el día de hoy por lo menos a 41 de los 55 pueblos indígenas del país (7), tales como sus derechos a la salud, territorio, elegir sus propias prioridades de desarrollo, entre otros. Estas afectaciones se manifiestan en la necesidad de abandonar sus tierras, los cambios de sus tradiciones y de su manera de vivir, la imposibilidad de desarrollarse como desean, el surgimiento de enfermedades y muertes, la exposición a agua contaminada y en consecuencia la pérdida de cultivos alimenticios y de su principal fuente de proteínas, el pescado, entre otros perjuicios. Sin embargo, a pesar de la gravedad de estos impactos, los derrames en la Amazonía pasan desapercibidos por los medios y por las autoridades.

De este modo, en Perú aún falta un plan de contingencia nacional ante un desastre ocasionado por la contaminación de hidrocarburos. Hay vacíos normativos y administrativos que permiten impunidad y que dejan desatendidos a los pueblos y sus territorios. Asimismo, por lo que concierne a las remediaciones de las zonas contaminadas, el informe final de la comisión investigadora sobre derrames en el Oleoducto NorPeruano del Congreso de la República que fue archivado en el 2018, muestra cómo los trabajos de remediación ambiental tras los derrames de petróleo son hechos por empresas sin experiencia y no calificadas.

Cómo señala el informe “La sombra del petróleo”, hace falta fortalecer la institucionalidad ambiental para la determinación de medidas fuertes dirigidas a la protección del medio ambiente. Por ejemplo, es posible plantear un uso efectivo de las cláusulas de los contratos petroleros que señalan su finalización ante repetidos incumplimientos ambientales, o crear la muerte civil de empresas petroleras por continuo incumplimiento y judicialización de medidas sancionatorias y correctivas. (8)

En el 2022, frente a todos los pasivos ambientales generados por la industria petrolera, habría que preguntarse si la actividad petrolera sigue siendo rentable y si no hay necesidad de cambiar la producción y consumo energético en el país, teniendo en cuenta las consecuencias en el cambio climático, los problemas que representan los derrames para los pueblos indígenas de la Amazonía, además de las guerras que ocurren en todo el mundo para apropiarse de este oro negro tan ensangrentado. En ese sentido, resulta fundamental la transición de la matriz energética, para lo cual el Estado deberá promover otro tipo de energías más renovables, limpias y sin impacto hídrico aunque tenga que hacer frente a los poderosos intereses extractivos del sector petrolero.

Enlace para ver el informe completo: https://derechoshumanos.pe/2021/10/peru-la-sombra-del-petroleo/

Notas:

(1) https://bit.ly/3xHN6OH

(2) La sombra del petróleo, Informe de los derrames petroleros en la Amazonía peruana entre el 2000 y el 2019, Oxfam y CNDDHH, 2020. https://bit.ly/3MeiSqu

(3) https://bit.ly/3jUTWbt

(4) https://bit.ly/37w7YOd

(5) https://bit.ly/3jXyIK1

(6) https://bit.ly/3jUVv9k

(7) La sombra del petróleo, Informe de los derrames petroleros en la Amazonía peruana entre el 2000 y el 2019, Oxfam y CNDDHH, 2020. https://bit.ly/3jVx5wj

(8) La sombra del petróleo, Informe de los derrames petroleros en la Amazonía peruana entre el 2000 y el 2019, Oxfam y CNDDHH, 2020. https://bit.ly/3xJfLmE


* Michela Locci es colaboradora en la línea de Pueblos Indígenes en el Idehpucp. Magíster en Desarrollo Local y Global en la Universidad de Bologna, en Italia.

El artículo original se puede leer aquí