Ante la actual crisis, vale la pena diferenciar que en regiones la población pide medidas urgentes; mientras en Lima, un sector aprovecha para insistir en la salida de Castillo.

Las recientes manifestaciones en diversas partes del país, incluidas las de la capital, responden a variadas motivaciones de la población que vale la pena diferenciar para no caer en el discurso simple.

Mientras en regiones exigen medidas urgentes ante el incremento de precios del combustible y productos de primera necesidad y atender demandas históricas postergadas; un sector en Lima insiste, como desde que asumió el cargo Pedro Castillo, en su vacancia o renuncia.

Lo único cierto en medio de esta situación es que el mandatario no ha demostrado tener una estrategia clara para manejar los conflictos sociales, permitiendo así que estos escalen y se agudicen.

Los que demandan atención

Las protestas en el Perú se originaron el 28 de marzo, día para el que fue convocado un paro de transportistas de carga pesada ante el alza del precio de los combustibles.

Las manifestaciones tuvieron una mayor repercusión en regiones del interior del país, como Junín (Huancayo), pero luego se extenderían hasta la ciudad de Lima, la capital del país.

Para entonces, ya otros sectores se habían sumado a lo que se pasó a denominar como un paro nacional de transportistas, reclamando además por el incremento de precio de los productos de primera necesidad.

Transportistas y otros sectores reclaman por el alza de precio de combustible y de productos de primera necesidad. Foto: Difusión

Así, el lunes 4 de abril se registraron bloqueos en varios puntos de la carretera central y la panamericana Sur, en Lima, así como en al menos 11 de las 25 regiones del país.

Se tenía previsto que el paro continuara el martes 5, pero una medida de restricción –la inmovilización social en Lima y Callao– ordenada por el gobierno lo impidió.

Lo que no se evitó es que el miércoles 6 las manifestaciones continuaran, como sucedió en Ica, donde trabajadores agroindustriales y transportistas salieron a protestar.

Nuevamente, pidiendo la rebaja de precios de productos de primera necesidad y de los combustibles, reclamos que son entendibles ante el duro impacto que ya antes supuso la pandemia.

Los que quieren a Castillo fuera

Distinta a esa realidad, es la de ciudadanos que exigen medidas al gobierno para enfrentar la crisis actual, y que es el pedido de un sector de la población que vive sobre todo en Lima.

Este sector es el mismo que respalda al grupo de políticos que no aceptó la victoria en las urnas de Pedro Castillo y que ha cuestionado su permanencia desde que asumió como presidente.

Entiéndase, seguidores de políticos de la derecha y ultraderecha peruana, como lo son Keiko Fujimori (de Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (de Renovación Popular).

Marcha contra Castillo: ciudadanos se movilizan hacia el Congreso en contra del mandatario. Foto: Julio Reaño/GEC.

Fue precisamente este sector el que salió a protestar el 5 de abril en Lima, cuando el gobierno ordenó la inmovilización social, exigiendo —nuevamente— la vacancia o renuncia de Castillo.

A la protesta también asistieron integrantes de los grupos de choque de la ultraderecha, como La Resistencia, que se caracterizan por ser violentos y atacar a la policía, prensa y políticos no afines.

Así, lo que inició como una protesta pacífica, terminó con hechos de violencia injustificada, reportándose ataques a la prensa y a instalaciones de entidades públicas.

Tal es el caso de los daños que sufrieron las sedes del Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Sin manejo de conflictos

Ahora bien, lo que ha hecho el gobierno de Pedro Castillo para atender esta situación demuestra que desde el Ejecutivo no se tiene una estrategia clara para resolver los conflictos sociales.

Es sabido que el incremento del precio del combustible y de alimentos como el pollo, el pan y el huevo son efectos directos que sufre la región latinoamericana por la crisis internacional derivada de la guerra de Ucrania.

Pero, desde el gobierno no se generaron las condiciones para explicar esta realidad, entablar mesas de diálogo con la población y adoptar medidas que ayuden a atenuar los impactos.

Por el contrario, lo que se ha registrado es el uso desproporcionado de la fuerza policial en las protestas, en cuyo contexto ya se reporta la muerte de al menos 5 ciudadanos, el último de ellos fallecido hoy.

Pedro Castillo lidera un gobierno que no ha mostrado eficacia en los últimos meses para atender los conflictos sociales. Foto: Presidencia.

A esto se suman las desafortunadas declaraciones de ministros, que dijeron que solo habían “cuatro muertos, nada más” y que las personas no se iban a quedar sin comer porque la inmovilización “solo sería un día”.

Además de las declaraciones del propio presidente Pedro Castillo, que al inicio señaló que quienes promovían las protestas eran personas “pagadas”. Luego tuvo que disculparse.

La última medida que adoptó su gobierno —declarar la inmovilidad de ciudadanos en Lima y Callao cuando se iba a realizar el segundo día del paro de transportistas— confirmó ese vacío en la forma de atender los conflictos.

De no definir pronto una estrategia para atender los conflictos, lo que el presidente logrará es que la población, cada vez con mayor fuerza, empiece a pedir que dé un paso al costado.

Mientras esté en el cargo, tiene la oportunidad de mejorar esta situación, de rodearse de personas de bien que lo ayuden a atender las demandas urgentes de la población respetando sus derechos elementales.

Fuente fotos: Difusión y AP.

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