Nos aproximamos a ella a través del correo electrónico y con una pregunta: ¿Cómo puede la Universidad contribuir al movimiento verde más allá de colocar papeleras de reciclaje en sus instalaciones? Y nos respondió con un caso práctico: la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) que está ahora en marcha y que busca dotar de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su Cuenca surgió en una de sus clases.

Hablamos de Teresa Vicente Giménez, Profesora Titular de Filosofía del Derecho y Directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia. Esta docente encarna la relación última entre Universidad y Medio Ambiente: desde su etapa como universitaria ha estado ligada al movimiento ecologista –su tesis doctoral versó sobre “Justicia y derecho ambiental: para un modelo de justicia ecológica”–; hoy asiste como ponente a las distintas ediciones de la COP (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) y a otros encuentros internacionales sobre el clima, da charlas en universidades y asesora en materia de Medio Ambiente.

La ILP en la que lleva años trabajando tiene un recorrido que refleja la importancia de la Universidad, ya no sólo a la hora de enmarcar teóricamente un asunto de plena actualidad, sino en su papel como catalizadora de procesos que acaban por tangibilizar una idea en todo un movimiento que está llamado a ser referente a nivel global.

Así pues, le pedimos en una llamada posterior que nos describiera el proceso –para reflexionar, si no inspirarnos–. “Teresa, ¿cómo una iniciativa que tuvieron los alumnos y alumnas de la Universidad de Murcia ya ha reunido más de 615.000 firmas y se defenderá ante el Congreso de los Diputados el día 15 de marzo ante la Comisión de Transición Ecológica?”. Y esto nos ha remitido. Gracias.

Con el objetivo de impulsar la conciencia ecológica para reconocer el valor de la naturaleza, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida el 20 de diciembre de 2013, decidió proclamar el 3 de marzo como Día Mundial de la Naturaleza. El Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España ha elegido este día para brindarle un artículo sobre la lucha de la humanidad por reconocer los derechos de la Naturaleza. Gracias por vuestra elección, ¡de corazón!

En el curso 2019/2020 se inició, en la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, un estudio sobre la posibilidad de dotar al Mar Menor de personalidad jurídica y derechos propios, que concluyó en mayo de 2020 y fue publicado en el periódico La Opinión de Murcia. A partir de ese momento se puso en práctica la ILP municipal que se ganó en julio en el Ayuntamiento de Los Alcázares y no se admitió a trámite por la Asamblea Regional de Murcia. Ese mismo mes de julio se inició la ILP nacional que se encuentra hoy en el Parlamento nacional para su discusión y aprobación en los próximos meses.

Fueron las alumnas y alumnos universitarios quieres propusieron hacer un estudio para poder dotar a nuestra Laguna herida de muerte de su derecho a la vida, a la recuperación, a la protección, a la conservación y a la resilencia. En octubre de 2019 el grito de suicidio de miles de peces y crustáceos que saltaban a tierra porque el agua de la laguna se había vuelto irrespirable se convirtió en el grito de una ciudadanía con una fuerte conciencia ecológica que reclamaba derechos para el Mar Menor, un segundo episodio de gran mortandad tuvo lugar el pasado agosto de 2021 y fue el momento en la ILP sobrepasó el número de firmas que necesitaba para poder llegar al Congreso de los Diputados.

Las razones que han llevado a la ciudadanía española a proponer una ley que reconozca la personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor y su Cuenca, para poder dotarla de los derechos propios, son los graves daños ecológicos que ha sufrido, la ineficacia de las normas jurídicas vigentes que han pretendido su protección y el empoderamiento de la sociedad civil para hacer efectiva la participación en materia de medio ambiente.

La urgencia ecológica que enfrentamos y el fracaso de las soluciones político-jurídicas hasta ahora adoptadas, exige una revisión de la estructura del sistema y de los modelos normativos, y un proceso de transformación que abandone la asunción del modelo antropocéntrico, centrado en el ser humano, y avance hacia una nueva perspectiva ecocéntrica, que reconoce la interrelación entre los seres humanos y la naturaleza de la que formamos parte. Este es el cambio que necesitamos, y los derechos de la naturaleza ayudan a cambiar el paradigma del dominio del ser humano al paradigma ecológico centrado en los ecosistemas y la unión entre Cultura y Naturaleza.

Cuando la ley está en “armonía con la naturaleza”

En España, como en los demás países de Europa y del mundo nos enfrentamos a grandes riesgos ecológicos y sociales que son una amenaza para nuestro planeta y para la humanidad, y las soluciones para abordar el problema no están siendo eficaces. Desde que en la Cumbre de la Tierra de 1992 se impulsaron el Convenio de Diversidad Biológica, el Convenio Marco sobre Cambio Climático y el Convenio de lucha contra la Desertificación, el agravamiento de la situación planetaria mediante la pérdida de biodiversidad, el calentamiento global y el aumento de la desertificación, año tras año, pone de manifiesto el fracaso y la ineficacia de esta protección jurídica. El Acuerdo de París de 2015 tampoco ha tenido éxito en sus objetivos de evitar el aumento de la temperatura global, como evidencia el diagnóstico del último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de 2021 Summary for Policymakers (Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental).

Las figuras de protección y los instrumentos de carácter regulador que se han ido sucediendo en los últimos veinticinco años para proteger el Mar Menor han sido insuficientes e ineficaces, sin embargo han servido para constatar la importancia del valor ecológico de la Laguna:

  1. Internacionales: reconocimiento como Humedal RAMSAR (Humedales de Importancia Internacional, en especial como Hábitat de Aves Acuáticas), ZEPIM (Zona de Especial Protección de Importancia para el Mediterráneo. Convenio de Barcelona);
  2. Europeas: Red Natura 2000, Zona ZEPA (Zona de Especial de Conservación para las Aves) y ZEC (Zonas de Especial Conservación);
  3. Nacionales: Parque Regional de las Salinas de San Pedro y Paisaje Protegido Espacios abiertos e islas del Mar Menor; Área de Protección de Fauna Silvestre.

El movimiento social que consiguió superar el mínimo de las 500.000 firmas, que exige la Iniciativa Legislativa Popular reconocida en la Constitución española (artículo 87.3) en relación con la Ley Orgánica 3/1984, en un contexto de confinamiento por la pandemia COVID, se une al movimiento social y jurídico más importante del siglo XXI en defensa de los derechos de la Naturaleza.

El Congreso amplió el plazo de presentación de firmas por tres meses más, del 28 de octubre de 2021 al 28 de enero de 2022. No se hizo uso del plazo de ampliación, ya que se presentaron los pliegos con más de las 500.000 firmas necesarias (fueron más de 615.000), el 27 de octubre de 2021.

La iniciativa legislativa para otorgar derechos al Mar Menor ha sido recogida en el décimo informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Armonía con la Naturaleza (A/75/266). En este último informe de 28 de julio de 2020 se afirma: “Reconocer a la Naturaleza como sujeto de derecho se contrapone con claridad a las actuales leyes de protección ambiental, que son antropocéntricas”. “Uno de los motivos fundamentales de que el derecho ambiental no sea eficaz para proteger la Naturaleza es el hecho de que en él nunca se ha sustituido la idea de la explotación ilimitada del planeta, promovida por el derecho privado moderno, por el concepto de sostenibilidad”. “En los últimos 50 años, pese al mayor reconocimiento de que los derechos humanos están interrelacionados con el medio ambiente en el que vivimos, la mayoría de las leyes ambientales no han servido para reducir la contaminación y prevenir la pérdida de especies y de hábitats de los que dependen los seres humanos”. “El reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en la ley subsana esa deficiencia y complementa los derechos humanos”.

El reconocimiento de los derechos de la Naturaleza es un mandato internacional. La puesta en acción por la Asamblea General del Programa Harmony with Nature pone especial énfasis en impulsar nuevas herramientas y conceptos jurídicos como Jurisprudencia de la Tierra e Imperativo ecológico, con la finalidad de crear un sistema de justicia en la Tierra que reconozca y proteja los derechos de la Tierra y de todas sus especies como una realidad viva, demostrando, aún más, la apuesta por un cambio de paradigma de una sociedad centrada en el ser humano a una centrada en la Tierra en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Si el arroz tuviera derechos

Los derechos de la naturaleza son ya una realidad en varios ordenamientos jurídicos del mundo, forma parte de la vanguardia jurídica internacional y el proceso es imparable. En los diferentes continentes existen ejemplos del reconocimiento de derechos propios a ecosistemas de gran valor ecológico y en peligro. En siglo XXI, varios países han reconocido los Derechos de la Naturaleza (RoN) en sus marcos legales o jurisprudenciales. En los Estados Unidos, más 30 pueblos en los Estados de Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, Oklahoma, Oregón, California, Virginia, New Hampshire, Maine, Florida y Maryland han aprobado leyes que otorgan a las comunidades y ecosistemas locales personalidad jurídica y a los individuos el derecho a defenderlos ante los tribunales, el enfoque se basa en la idea de que los individuos pueden defender los derechos de los ecosistemas.

En Canada, el río Magpie de Quebec tiene personalidad jurídica. En América del Norte, el pueblo Ojibwe, una de las tribus más grandes de los pueblos nativos americanos, que viven en Estados Unidos y en Canadá, ha reconocido los derechos del arroz silvestre de la Tierra Blanca, “porque se ha vuelto necesario proporcionar una base legal para proteger el arroz silvestre y los recursos de agua dulce como parte de nuestro tratado principal para las generaciones futuras”. Los derechos del Manoomin o arroz silvestre siguen el modelo de los derechos de la naturaleza adoptado internacionalmente en las últimas décadas: “posee derechos inherentes a existir, florecer, regenerarse y evolucionar, así como derechos inherentes a la restauración, recuperación y preservación”.

El pueblo indígena de los Yurok también ha reconocido personalidad jurídica y derechos propios al Río Klamth que discurre por el Estado de Oregón y California hasta desembocar en el Pacífico. En América del Sur, Ecuador (Constitución de 2008; Río Vilcabamba), Bolivia (Ley de Derechos de la Madre Tierra de 21 de Diciembre de 2010, Ley Nº071 ), Colombia (Río Atrato, Coelho, Combeina y Cocora, Amazonía colombiana, Parque Isla Salamanca). En Oceanía, en Nueva Zelanda (Río Whanganui). En la India (Ganges y Yamuna). En África (Uganda, a mediados de 2019, consagró los derechos de la naturaleza en la Ley Nacional de Medio Ambiente).

En Europa, el movimiento RoN [Rights of Nature] es más reciente pero tiene un interés creciente entre los ciudadanos y los representantes locales. Destacan varias iniciativas en Suecia, Irlanda del Norte, Francia (el río Ródano y el Río Tavignanu en Córcega), Alemania, Holanda, Dinamarca (Mar del Norte, el Wadden Sea) y, especialmente España, que es la más avanzada, con la ILP del Mar Menor.

En la Unión Europea, aunque la mayoría de los ordenamientos jurídicos y las leyes medioambientales modernas tratan a la Naturaleza como un objeto o un recurso que debe gestionarse para el beneficio humano, en el Comité Económico y Social, existe un proyecto de Carta de Derechos Fundamentales para la Naturaleza; y hay una propuesta de anunciar ante el Parlamento Europeo, las iniciativas en curso en los diferentes países para reconocer derechos propios a sus ecosistemas, donde la Iniciativa Legislativa Popular del Mar Menor ocupará un lugar relevante como primer ecosistema con derechos propios en Europa. En este sentido la ILP del Mar Menor ha sido la protagonista invitada en la presentación el pasado 2 de febrero en Amsterdam del Compedio “Rights of Nature. Case-Estudies From Six Continents” evento organizado por la Embassy of the Norh Sea.

COP. Llegar a la Cumbre… y otear con desilusión

Los derechos de la naturaleza han estado presentes en la pasada Cumbre de las Naciones Unidas COP 26 celebrada en Glasgow, United Kingdom, formando parte del lenguaje y el discurso del grupo de Mujeres por la Justicia climática, GenderCC – Women for Climate Justice– organización con la que fui nominada por Naciones Unidas para participar en la Cumbre. El caso de la ILP para reconocer los derechos del Mar Menor fue objeto de una sesión especial en la Cumbre de los Pueblos COP 26, People Summit, la sesión tuvo lugar el 9 de noviembre en el Glasgow Film Theatre.

Asistentes, durante la celebración de la COP26 en noviembre de 2021 UNFCCC_COP26_4Nov21_CivilSocietyActionsl_KiaraWorth-9

La Cumbre del Clima de este año se ha cerrado con una nueva sensación de fracaso por parte de los científicos y la sociedad civil. El grupo de Mujeres por la Justicia Climática – GenderCC – Women for Climate Justiceha expresado su preocupación de que en la COP de este año han excluido aún más las voces de las personas más vulnerables, con especial referencia a la sociedad civil del Sur Global. Los derechos humanos y de la naturaleza se han debilitado frente a los derechos de las corporaciones y el mercado, en el tema del comercio de emisiones, los derechos humanos se diluyeron, mientras que los creyentes del mercado se salieron con la suya mediante la introducción de créditos, que no tienen que cumplir con ningún criterio de sostenibilidad y derechos humanos.

Para los Pueblos Indígenas y las comunidades de primera línea, esto significa enfrentar desastres climáticos sin el apoyo financiero adecuado, mientras que los derechos de sus tierras corren el riesgo de verse afectados por los mercados mundiales de carbono. También ha expresado su preocupación por cómo se abogó por la energía nuclear como solución a la transición energética en la COP26. Y afirmamos con contundencia que la energía nuclear no es verde, que la energía nuclear es peligrosa, costosa, deja grandes cantidades de desechos radiactivos, contamina las tierras y las personas y viola los derechos humanos e indígenas. La extracción y molienda de uranio consume mucha energía y genera grandes cantidades de emisiones de CO2. Las mujeres son más propensas a sufrir y morir de cáncer inducido por la radiación y han liderado la lucha contra la energía nuclear en todo el mundo. Sin olvidar la interdependencia entre las industrias nucleares civil y militar, que la crisis de Rusia y Ucrania ha vuelto a recordar ante el riesgo de que se produzca un ataque nuclear.

Personalidad jurídica. Consecuencias reales de una ficción

La defensa ante el Parlamento español de la Iniciativa Legislativa Popular del Mar Menor se realiza en el marco de una democracia social y participativa, como reconoce la Constitución Española de 1978, en la que los ciudadanos deben ser informados de las cuestiones medioambientales que les afectan y pueden participar en la toma de decisiones con respecto a aquellas, tal y como garantiza el Convenio de Aarhus, del que España y la Unión Europea son parte.

Mediante esta Iniciativa Legislativa se defienden los intereses de la comunidad, humanos y no humanos, no sólo de las personas afectadas, sino también de los peces, crustáceos, plantas, microbios y los diferentes elementos que integran e interactúan en el ecosistema lagunar en peligro. Defender los derechos propios del Mar Menor nos hace pensar qué es la naturaleza (el centro de la vida), cuál es nuestra naturaleza (biológica antes que tecnológica) y la relación entre humanos y no humanos (relación de complementariedad e interacción).

La ILP para reconocer personalidad jurídica y derechos propios a la laguna del Mar Menor y su Cuenca entra dentro de este nuevo paradigma ecológico de interdependencia con la naturaleza. La personalidad jurídica es una ficción que hace el Derecho para poder otorgar derechos propios a una entidad natural para su defensa y protección. Se trata de avanzar en igualdad y distribución de derechos, de los que ya no sólo serán titularidad de las personas, las corporaciones o las entidades mercantiles, sino también de la naturaleza, los ecosistemas, como unidades básicas de la vida en la Tierra. La ficción de la personalidad jurídica y los derechos de las corporaciones y las empresas, que tratan el alimento como un producto y a la naturaleza como un simple objeto para aumentar al máximo los beneficios, debe ser limitado con el reconocimiento de la personalidad jurídica de los ecosistemas para frenar la explotación sin reparo del medio natural y evitar la destrucción de los fundamentos ecológicos de la vida.

“Se trata de avanzar en igualdad y distribución de derechos, de los que ya no sólo serán titularidad de las personas, las corporaciones o las entidades mercantiles”.

El daño ocasionado al Mar Menor tiene que ver con un modelo de desarrollo basado en la explotación y dominación de la Laguna y su Cuenca sin tener en cuenta la adecuación a los tiempos y las necesidades ecológicas del ecosistema. La contaminación por nitratos del Mar Menor que está llevando a su inminente colapso, tras soportar desde los años 60 una hipertrofia económica sin contrapesos ambientales, está causada en gran medida por la actividad agrícola y ganadera intensiva instaladas en la Cuenca (400 hectáreas de regadíos intensivos y 5800 cabezas de porcino) en las últimas décadas. Paradójicamente, el modelo de agricultura y ganadería intensiva se utiliza como argumento para “poder alimentar a la gente”, sin embargo un sistema alimentario que destruye y contamina la naturaleza no puede ser una base alimentaria segura y duradera.

La agricultura y la ganadera intensiva instalada en la Cuenca del Mar Menor ha desnaturalizado el campo de Cartagena y ha precipitado el colapso del Mar Menor. La tragedia ecológica del Mar Menor y su Cuenca ha afectado profundamente a la ganadería extensiva al desaparecer las vías pecuarias tradicionales por las que transitaban los rebaños trashumantes de la Sierra del Segura, y ha dificultado el libre desplazamiento de la fauna terrestre. Las vías pecuarias no sólo cumplen una función fundamental en la conectividad de los ecosistemas, sino que también suponen un reservorio de biodiversidad, y podrían cumplir una importante función como barreras naturales para retener el agua y los sedimentos contaminados por la agricultura intensiva limitando su descarga en el Mar Menor. La explotación industrial reduce la biodiversidad que se encuentra en la agricultura (agrobiodiversidad), en la flora y la fauna y aniquila los polinizadores e insectos beneficiosos.

Además de contribuir al efecto invernadero y provocar el cambio climático, ya que parte de las emisiones de gas con efecto invernadero proceden del empleo de combustibles fósiles que necesita el sistema agrícola para fabricar fertilizantes, mover la maquinaria agrícola y trasladar los alimentos a miles de kilómetros, sin olvidar la enorme fuente de metano que es otra toxina responsable del calentamiento global.

Otra forma de pensar, de ser y de actuar

De lo que estamos hablando con la propuesta de los derechos para el Mar Menor y su Cuenca es defender un paradigma ecológico de respeto y adecuación a la naturaleza, a sus tiempos, ciclos, diversidad y necesidades, para poder producir más y mejores alimentos empleando menos recursos. El paradigma industrial entra en conflicto con el paradigma ecológico cuando destruye la naturaleza. Desde el nuevo paradigma ecológico de la Iniciativa Legislativa Popular en curso, se aborda la defensa de los derechos del ecosistema del Mar Menor a existir y evolucionar naturalmente, a la recuperación, la protección, la conservación, el mantenimiento y la restauración para permitir la resilencia de la Cuenca y la Laguna. Restaurar y renaturalizar la Cuenca significa recuperar las características naturales el campo de Cartagena, lo que incluye también deslindar y recuperarlas 43 vías pecuarias.

 

Tanto la nueva ciencia de la ecología, que se desarrolla en el pasado siglo XX, como la nueva era del Antropoceno que vive nuestro Planeta, ponen de manifiesto el error ontológico y epistemológico de considerar al ser humano y a la cultura separados de la naturaleza, e impulsa una diferente racionalidad, cosmología, ontología y epistemología en el pensamiento occidental desde una nueva perspectiva integradora de Naturaleza y Cultura. El paradigma antropocéntrico, la separación entre Hombre y Naturaleza, sigue en el ámbito jurídico, político, económico y cultural, porque es una de las bases inventadas y universalizadas (desde la edad moderna) para garantizar el éxito de la racionalidad hegemónica de cierta lógica económica que sigue dominando el mundo. Sin embargo otra forma de pensar, de ser y de actuar es la base que fundamenta los derechos de la Naturaleza: la interacción y la integridad sistémica de todas las formas de vida.

“Se pone de manifiesto el error ontológico y epistemológico de considerar al ser humano y a la cultura separados de la naturaleza”.

Desde el ámbito del Derecho reconocer y remediar el error del antropocentrismo y evolucionar hacia la nueva concepción ecocéntrica significa avanzar desde la justicia social (máximo logro de la civilización jurídica occidental) hacia la justicia ecológica, que reconoce la interacción del ser humano con la naturaleza. El paradigma de la Justicia ecológica, la Jurisprudencia de la Tierra, o el Mandato ecológico ofrecen a la Teoría del Derecho una nueva perspectiva jurídica en el contexto de la positivación, interpretación y aplicación de los derechos, más allá de la generación de los derechos económicos, sociales y culturales que alumbró la Justicia social, para avanza en el reconocimiento de una nueva generación de los derechos propios de la naturaleza.

El reconocimiento de derechos de la naturaleza implica cambios profundos en los conceptos jurídicos de la teoría del derecho clásica, como el cambio de una relación jurídica de reciprocidad por una relación jurídica de complementaridad con el medio natural y, también, ampliar los ámbitos jurídicos espaciales y temporales del Derecho, para incluir a las generaciones futuras y las implicaciones planetarias del ecosistema.

Por una evolución de los derechos natural

El debate jurídico sobre los derechos de la naturaleza es relativamente reciente en el mundo occidental y se inició en el contexto del floreciente movimiento ecologista los años 70 en Norteamérica. En 1972 el profesor de Derecho de la Universidad de California del Sur Christopher D. Stone planteó la posibilidad de que la naturaleza tuviera derechos por sí misma en un trabajo titulado ¿Deberían los árboles tener un status jurídico propio?, Should Treess Have Standing?, lo que abrió una discusión sobre los derechos legales de la naturaleza, que llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos. El profesor Stone fue seguido de otros como Roderick Nash, profesor de la Universidad de California (Santa Bárbara) en 1984 publica un artículo titulado ¿Tienen derechos las rocas?, donde encuentra el fundamento de las ideas de Aldo Leopold sobre la ética de la Tierra.; y en 1989 publica su libro “los Derechos de la Naturaleza”, The Rights of Nature: A History of Environmental Ethics donde plantea la extensión de los derechos de la naturaleza como la evolución lógica de los derechos.

En el siglo XXI, el movimiento social y jurídico de la defensa de los derechos de la naturaleza ocupa la vanguardia internacional, y la ILP para reconocer personalidad jurídica a la Laguna del Mar Menor y su Cuenca la convertirá en el primer ecosistema con derechos propios en Europa. Cómo ha subrayado la Asamblea General de las Naciones Unidas a propósito del Día Mundial de la Naturaleza, es muy importante fortalecer la conciencia ecológica de la humanidad y un mecanismo clave es la educación, primaria, secundaria y universitaria. Teacher for Future hace una gran papel en las primeras etapas con los niños y adolescentes, pero también es decisiva la formación universitaria desde el ámbito interdisciplinar de la ciencia, para poder enfrentar la grave crisis ecológica y social que padecemos con nuevos modelos que reconocen el valor de la naturaleza y la interacción Humanidad- Tierra, y avanzar con esperanza y eficacia hacia un mundo en el que todos sus habitantes podamos compartir el derecho a vivir y desarrollarnos conforme a nuestra propia esencia vital y en PAZ.

 

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