La gran promesa del primer gobierno de Sebastián Piñera fue terminar la “fiesta a los delincuentes”. Para su segunda administración, si bien el compromiso no fue tan rimbombante, la seguridad ciudadana ha estado siempre en la primera línea mediática.

La incapacidad de este (des) gobierno para manejar, controlar y anular la delincuencia no es un tópico de los últimos meses. Ya en 2019 los datos del Índice Nacional Fundación Paz Ciudadana representaron todo un balde de agua fría para la estrategia de seguridad piñerista, porque la victimización de hogares sufrió una fuerte alza hasta un 40,6% y el porcentaje de “temor alto” en familias casi se duplicó, llegando casi al 20%. Carabineros, en tanto, alcanzó una nota de 4,1, su peor calificación hasta ese momento desde junio de 2011 (primer gobierno de Piñera), y la evaluación alcanzada por el gobierno también disminuyó de manera significativa, pasando de un 3,9 a un 3,3.

Chile ya tiene una alta tasa de presos por habitante (245 por cada 100.000 personas, contra el promedio de 213 presos en América Latina), sin que eso mejore ni la sensación de seguridad ni el combate a los delitos violentos.

El pasado mes de enero, el Fiscal Nacional Jorge Abbott informó que “el observatorio de homicidios que hicimos el año pasado nos indica que la tasa de homicidios en Chile era del orden del 3,5% hasta hace poco tiempo, hoy está llegando a cerca del 5%”.

Mientras el año 2020 los homicidios aumentaron un 29% a nivel nacional, de acuerdo al Ministerio Público, en algunos territorios del sur de la Región Metropolitana (R.M.), la cifra subió en un 80%. Con claras relaciones entre los condenados e imputados por homicidio con violaciones a la ley de drogas y ajustes de cuenta, las armas jugaron también un rol central. De acuerdo a la PDI, el uso de armas en estos delitos ha aumentado en un 39% a nivel nacional y en la R.M. en un 58%, gran parte ligados a actividad relacionada con criminalidad organizada.

De acuerdo a cifras de la Dirección General de Movilización Nacional, a noviembre de 2020 fueron importadas a Chile un total de 7.729 armas, cifra que aumentó respecto al año 2019 (6.473). A esa fecha existían un total de 760.134 armas inscritas activas a lo largo del país, en su mayoría para fines de defensa personal (53%). Tanto Carabineros como la PDI registran cifras al alza. Al observar los delitos asociados a la infracción a la Ley de Armas, el de mayor incidencia entre 2018 y 2020 corresponde al porte de armas, representando un 62,7% (11.207 casos) del total de casos en el 2018, un 64% (8.346 casos) en 2019 y un 58,8% (3.489 casos) en 2020.

El poder narco se ha extendido. El estudio mensual del Monitor de Seguridad de Chile 21 muestra que en mayo de 2021, a nivel país, el 58% de las personas aseguró presenciar con frecuencia la venta de drogas (47% en junio 2020) y el 32% balaceras en sus barrios (28% en junio 2020). Pero la situación en las zonas de sacrificio de seguridad es peor. De acuerdo al Proyecto CIPER/UDP, las “zonas ocupadas”, territorios dominados por el narco en la Región Metropolitana, llegaron a los 174, duplicándose en una década. Si bien las cifras reflejan el efecto en una década, lo objetivo es que el gobierno actual entrega un país con más territorios perdidos. Además, los cálculos actuales más conservadores hablan que el gasto diario solo por compra de marihuana, pasta base y cocaína supera el millón de dólares. Ese es el piso de lo que el narco puede mover únicamente en el mercado local, en otras palabras, es su capital para financiar el delito.

Varios de los delitos de mayor connotación social han crecido por sobre el 60% en los primeros días del 2022. De acuerdo a información del Sistema Táctico de Operación Policial de Carabineros, en la primera semana de 2022 los robos con violencia aumentaron 70%, en comparación con igual fecha de 2021; los robos con intimidación, 61%; los robos por sorpresa, 74%, y los robos violentos de vehículos, 44%.

En 2021 un informe del observatorio del narcotráfico de la Fiscalía Nacional, alertaba sobre la existencia de tres carteles internacionales de droga -Nueva Generación y Sinaloa de México, y Cartel del Golfo- que fueron detectados en Chile entre 2020 y 2021. Dicho informe alertó también sobre un notorio aumento de la capacidad de producción de drogas en suelo nacional, además de un incremento en la venta de drogas sintéticas, y un aumento de violencia en las cárceles, relacionado con el narcotráfico.

El recrudecimiento del panorama delictual en Chile está a la vista y se puede evidenciar, asimismo, en el alza de los homicidios, las encerronas y las balaceras.

Siguiendo, por otra parte, a la Asociación Nacional de Fiscales, en el caso de los homicidios puntualmente hay una tendencia al alza desde el año 2010, con más o menos 400 asesinatos, llegando hasta el 2020 sobre los 1.100 homicidios, es decir, se duplica la tasa de este delito en una década, pasando de 2,7 homicidios cada 100 mil habitantes a 5,6; siendo el promedio de la tasa mundial entre 5,5 y 6.

Este año, de acuerdo a la asociación anteriormente designada, ya estamos en una tasa de homicidios que fluctúa de 3 a 4 asesinatos diarios en el país, los cuales se están perpetrando en un 60% con armas de fuego, lo que apunta, claro está, a que hay un descontrol en esta temática.

Además, el narcotráfico tiene nuevos modus operandi, cuya ligazón con la eclosión del sicariato es muy fuerte.

Durante la pandemia se ha detectado un patrón delictual común en los homicidios: los ajustes de cuentas; delito vinculado principalmente a sujetos, tanto víctima como victimario, con perfil criminal previo, es decir, que tienen antecedentes policiales y penales por delitos violentos.

La realidad es todavía más aguda en ciertas zonas de la Región Metropolitana, tal como explicó el Fiscal Regional Metropolitano Sur Héctor Barros:

«Hay un aumento en la violencia en la comisión de delitos con uso de arma de fuego en la zona sur de Santiago, tanto en los homicidios frustrados y consumados como también en los robos».

Comunas como San Miguel, La Pintana, El Bosque, La Granja y Puente Alto, han podido evidenciar que el aumento de delitos con armas de fuego están asociados directamente al tráfico de drogas, tanto a nivel barrial como de grandes organizaciones criminales.

A mediados de octubre de 2021 el portal informativo 24 Horas y Fiscalía Privada contabilizaban 20.400 robos de automóviles, de los cuales 3 mil corresponden a portonazos y 2 mil a encerronas, dos formas de ataque que involucran a conductores: en la primera se roba mientras la víctima está ingresando o saliendo de un domicilio, y en la segunda cuando más vehículos interceptan al objetivo en movimiento, obligándolo a detenerse.

Un 25% de los vehículos motorizados robados corresponde a estos dos métodos de comisión delictiva. Si analizamos el caso particular de los portonazos, un 45% del total son cometidos en la zona oriente de la capital, donde las comunas más afectadas son La Florida, Vitacura y Peñalolén. El 60% del robo de automóviles a nivel nacional ocurre en la R.M. Es un fenómeno que también han notado en la Asociación de Aseguradores de Chile, ya que en julio del pretérito año reportaba un aumento del 25% en el total de autos robados dentro del universo de los que están asegurados, que representan a su vez un tercio del total de vehículos motorizados.

En cuanto a la inmigración ilegal, según estimaciones del Servicio Jesuita Migrante y de la PDI (2021), el 87% de los ingresos por pasos no habilitados de toda la última década se produjo solo bajo este gobierno. Cabe considerar que en los últimos tres años, son ciudadanos venezolanos quienes concentran el mayor porcentaje de ingresos por pasos no habilitados: 2019 (41,4%), 2020 (76,8%), 2021 (75,2%).

Telón: crónica de una administración fracasada cuyos integrantes con pseudos conocimientos técnicos en políticas públicas, le entregaron en bandeja el país a las garras de la inseguridad y la delincuencia. Simplemente Piñera y su desgobierno.