Caso contempla la afectación de 152 comunidades por la falta de emisión de títulos de propiedad, la expropiación de tierras y la instalación inconsulta de una base aeroespacial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) revisará el caso de comunidades quilombolas de Alcântara, en Brasil, afectadas en su derecho a la propiedad colectiva.
El caso contempla la afectación de 152 comunidades por la falta de emisión de títulos de propiedad de sus tierras y la instalación sin consulta de una base aeroespacial sobre su territorio.
La Corte IDH también deberá dirimir sobre la expropiación de sus tierras y territorios, ocurrida en 1980, y la falta de recursos judiciales para remediar esta situación.
Los quilombolas, mayoritariamente de ascendencia indígena y africana, reclaman aproximadamente 85.537 hectáreas de tierras y territorios ancestrales.
Tierras expropiadas
La expropiación de sus tierras se produjo en 1980 cuando el gobierno, manejado por una dictadura militar, declaró de “utilidad pública” 52 mil hectáreas del territorio habitado por 32 comunidades quilombolas.
“El Estado brasileño expropió tales hectáreas, reasentó a sus habitantes en 7 agrovillas, e inició la creación del Centro de Lanzamiento de Alcântara (CLA) para desarrollar un programa espacial nacional”.
Así lo reseña en un comunicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde también apunta que el Estado brasileño “incumplió con sus obligaciones internacionales”.
Obligaciones incumplidas
Según la CIDH, que elevó este caso a la Corte IDH el 5 de enero, las comunidades no reasentadas de Alcântara no cuentan con título de propiedad colectiva “a pesar de las gestiones realizadas”.
Además, las comunidades que sí fueron reasentadas han sido perjudicadas porque no respetaron su “derecho a la propiedad” y “a la consulta previa”, ni les otorgaron una “indemnización integral”, señalan.
En tanto, añaden, el desarrollo de la base aeroespacial “alteró el modo de vida de todas las comunidades dado que estas se basan en un sistema de intercambio de bienes y recursos”.
Por todo esto, para la CIDH el Estado brasileño es responsable de la violación a una serie de derechos, entre ellos a la integridad personal, a la propiedad, y a la igualdad ante la ley.
Aunque la CIDH emitió en su momento recomendaciones al Estado para que adopte medidas en relación a este caso, ahora el futuro de las comunidades estará en manos de la Corte IDH.
