Colectivos de mujeres, organizaciones sociales, madres y jóvenes salieron de su día a día para unirse en la noche de ayer, el pasado jueves 25 de noviembre, a la marcha del día contra la violencia de género. Esta terminó con una velatón en la Plaza de Bolívar, ubicada en el centro de Bogotá.

Entre enero y julio de 2021 se registraron 379 feminicidios en el territorio colombiano, según datos del Observatorio Feminicidios Colombia. Y los departamentos que presentaron la mayoría de casos son Antioquia, Cauca y Valle del Cauca.

El 25 Nov, también, se ha convertido en un espacio para evidenciar cómo el Estado y las distintas entidades públicas, no son garantes de la vida de las mujeres que han sido violentadas por sus parejas o ex compañeros sentimentales, bandas de sicarios, mafiosos, conocidos, yernos o hijos.

 

Poemas y cantos para las víctimas

Entrada la noche, las familias de las víctimas llegaron a la Plaza de Bolívar donde algunos manifestantes estaban esperándolas para entregarles una flor a cada una como símbolo de resistencia. Así lo expresó Juana García una de las mujeres que participaron en la logística de este evento, quien hizo un llamado “para conformar una colectividad poderosa que se enfoque en luchar por la vida de todas las mujeres, pues el objetivo es crear una sociedad libre de violencias”.

Y en medio de cantos y poemas los asistentes recordaron la importancia de denunciar cualquier tipo de violencia, pues esta puede ser el primer paso para prevenir los feminicidios; aunque es necesario el apoyo estatal efectivo para garantizar que los agresores no tengan la posibilidad de atacar a sus víctimas.

 

Las mujeres víctimas estatales

El Movimiento Nacional de Víctimas del Estado (Movice) acompañó la marcha con una pancarta en la cual denunciaron el asesinato de 134 lideresas sociales y defensoras de derechos humanos, en lo corrido del año. Este número de crímenes ya está incluido en el informe que presento el Observatorio Feminicidios Colombia, sobre los 379 feminicidios. Sin embargo, estos se produjeron como consecuencia del incumplimiento de la seguridad que debe brindar el Estado a estas mujeres, según el Acuerdo de Paz, firmado en 2016, en la Habana, Cuba.

En ello coincide la Fundación Ideas para la Paz (FIP) que en su informe titulado Las garantías de seguridad: una mirada desde lo local, desafíos para la protección de comunidades, líderes sociales y excombatientes indica que entre las medidas consignadas en el Acuerdo se establecieron el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación y Desmantelamiento de Organizaciones Criminales; la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección y el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios. A esto se suma la Ley 1908 de 2018 en la cual se tipifica el delito de amenaza a líderes sociales y defensores de derechos humanos.

No obstante, la FIP afirmó que «la implementación de las garantías de seguridad no han logrado contener la violencia ni las amenazas contra los actores claves del proceso de paz, ya que en las regiones es evidente el deterioro de las condiciones de seguridad y la incertidumbre sobre la capacidad de respuesta del Estado».

Por ello, Lucia Osorno, representante del Movice, indicó durante la velatón que “las mujeres lideresas habían denunciado ante las autoridades las amenazas de muerte que ellas y sus familiares eran objeto por parte de grupos paramilitares, con el fin que abandonaran la labor que llevaban a cabo en sus comunidades”.

Y tras la negativa de la Unidad Nacional de Protección de disponer las medidas para salvaguardar la vidas de estas mujeres, ellas fueron asesinadas, y hoy hacen parte de la estadística nacional de víctimas de feminicidios que pudieron evitarse, si el estado pusiera en marcha el Acuerdo de Paz.

Al finalizar la noche, las familias de las víctimas dejaron la flor que les fue entregada en el altar construido, tras de decir el nombre de cada una de ellas y la fecha de su asesinato. Además reclamaron al organismo judicial las demoras que presentan estos casos para ser judicializados, en comparación con otros tipos de delitos, lo que hace que estos hechos queden impunes.