A partir de ahora la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) será el único organismo en Colombia con la potestad para conocer los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) y que están relacionados con el conflicto armado colombiano. Al momento de presentarse cualquier cambio, interferencia u obstáculo a las labores de la JEP, la CPI intervendrá inmediatamente.

Gracias al trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió dar fin al examen preliminar que había abierto sobre Colombia desde hace 17 años y comenzar una nueva relación con la justicia colombiana, en lo que se ha llamado un nuevo paradigma de relación entre el derecho doméstico y el derecho penal internacional. La CPI no pierde su competencia complementaria para conocer de los crímenes internacionales relacionados con el CANI (Conflictos Armados No Internacional), cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, pero ahora la JEP se constituye en el guardián del cumplimiento del componente de justicia del acuerdo de paz y del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en esta materia.

Así lo dio a conocer el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, al finalizar una reunión en la que participaron el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, el presidente de la República, Iván Duque; el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y en la que se firmó un acuerdo que respalda la acción de la Jurisdicción y replantea las relaciones entre las autoridades nacionales y la CPI.

El presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes declaró que “en tres años el trabajo incesante de la Jurisdicción, a través de las imputaciones que ha realizado permitió convencer a la Corte Penal Internacional, en cabeza del señor fiscal (Khan), que debería ponerle término a esa investigación para confiar única y exclusivamente en la JEP» y añadió que, «solamente bastó que se iniciara el trabajo de la JEP y mostrara resultados en estos tres años para que efectivamente se le pusiera término a esa investigación preliminar, eso debe quedar muy claro para Colombia y para las víctimas».

Al mismo tiempo, Cifuentes explicó que de aquí en adelante el trabajo de la Jurisdicción Especial y de la CPI se realizará de manera más estrecha, pues según el magistrado, el fiscal Khan “ha establecido cuáles deben ser los compromisos del Estado colombiano, de este gobierno y de los gobiernos siguientes con la Jurisdicción Especial para la Paz». Por lo tanto, es claro que el Gobierno de Iván Duque y los que vengan, deberán respetar y mantener la estructura constitucional y legal de la JEP, tal como se plasmó en el Acuerdo de Paz y como quedó inscrito en el primer punto del acuerdo firmado entre Colombia y la CPI.

“El Gobierno continuará: (1) salvaguardando su marco constitucional y legislativo establecido y su estructura; (2) asignando el presupuesto necesario para su implementación; y (3) previniendo cualquier interferencia con sus funciones. Asimismo, el Gobierno se compromete a: (4) asegurar la seguridad y protección del personal judicial y de los fiscales, así como de los participantes que comparezcan ante los diferentes mecanismos de rendición de cuentas, y (5) promover la plena cooperación y coordinación entre las diferentes entidades del Estado asignadas con funciones relacionadas a la rendición de cuentas, en particular entre la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz», dice el primer punto del acuerdo.Así mismo, el presidente de la JEP, destacó que cualquier actuación contraria a este primer punto, cualquier cambio en las condiciones actuales o cualquier obstáculo que se presente al trabajo de la JEP, inmediatamente traerá consigo la intervención de la Corte Penal Internacional, probablemente ya no mediante la continuación del examen preliminar, sino de una investigación formal.

“Conforme al Estatuto de Roma, la Fiscalía podrá reconsiderar su evaluación de la complementariedad a la luz de cualquier cambio significativo de las circunstancias, incluyendo toda medida que pueda obstaculizar significativamente el progreso y/o la autenticidad de los procedimientos pertinentes y la aplicación efectiva y proporcionada de sanciones penales de naturaleza retributiva y restaurativa; iniciativas que resulten en importantes obstrucciones al mandato y/o al funcionamiento adecuado de las jurisdicciones pertinentes; o cualquier suspensión o revisión del esquema judicial establecido en el Acuerdo de Paz, de manera que pueda retrasar u obstaculizar el desarrollo de procedimientos nacionales genuinos. En este contexto, y para asegurar el flujo de información sobre estos y otros asuntos relacionados, se mantendrán y reforzarán las líneas de comunicación entre la Fiscalía de la Corte y el Gobierno de Colombia y los actores judiciales, incluso con la Jurisdicción Especial para la Paz», dice textualmente el punto 6 de acuerdo.

Eduardo Cifuentes, también hizo referencia a los intentos que se han hecho para modificar o frenar la acción de la jurisdicción transicional y las circunstancias que atentan contra el conocimiento de la verdad, como el asesinato de líderes sociales y comparecientes ante la JEP, y recordó igualmente que todos los órganos del Estado deben concurrir para permitir que se ejecuten las sanciones propias y las obligaciones de reparación que ordenen los magistrados, en especial la Fiscalía General de la Nacional, que debe trabajar de la mano con la JEP.

“En este orden de ideas, es un acuerdo que pone de presente un cambio en la CPI, estará más cerca de la JEP, tendremos una relación permanente y tan pronto se advierta una interferencia en la Jurisdicción Especial para la Paz, que afecte su propia misión, en ese instante nosotros seremos los primeros en solicitar la intervención inmediata de la Corte Penal Internacional», concluyó Cifuentes.