Por Jorge Molina y Patricio Mery Bell

Durante la década de 1970 en Chile, como en muchos países de América Latina, la lucha por cambiar el sistema de raíz y establecer como principio rector la justicia social, estaba a la orden del día y las grandes mayorías la veían como una posibilidad al alcance de la mano. La dictadura de Pinochet derrotó ese proceso. Para eso contó con el apoyo del empresariado, dispuesto a los peores crímenes ante la amenaza de perder sus privilegios de clase. Las dictaduras en Latinoamérica fueron tuteladas por Estados Unidos, que a través de la CIA controlaba el plan represivo a nivel continental (Plan Cóndor), incluso desde antes que los golpes militares fuesen instaurados en los distintos países.

Muchos de los empresarios chilenos que fueron parte del golpe continúan haciendo negocios al día de hoy. Son parte de una clase parasitaria que, mientras por un lado manifiestan odiar la injerencia del Estado en la economía y tienen como programa la baja constante del gasto público, es decir, menos salud, menos educación, menos vivienda, por otro lado se dedicaron a meterse de lleno en las instituciones estatales para, a través de políticas neoliberales, trasladar infinidad de recursos públicos a sus propias arcas.

La privatización de la economía constituyó uno de los procesos más oscuros de la dictadura, sin Congreso Nacional ni fiscalización alguna, con falta de independencia de la Contraloría General de la República y de los tribunales de justicia. En su desarrollo se distinguieron cuatro etapas:

-La primera fase (1973-1975) comenzó con la devolución de fundos y empresas ocupadas por los campesinos y obreros o intervenidos y requisados por el gobierno popular para impedir la paralización y el boicot de sus dueños, en su campaña por derrocar a Allende. En esta fase, se restituyeron 258 empresas antes de diciembre de 1973 y se privatizaron otras 350. En esta etapa se pagaron también cuantiosas indemnizaciones a los consorcios norteamericanos, a los cuales se les había expropiado (gran minería del cobre, ITT y otras). Las indemnizaciones alcanzaron a 1.315,2 millones de dólares (moneda de 1988) desde 1974 a 1988. Por razones desconocidas, se les pagó cantidades superiores a las que estas compañías reclamaban al gobierno de Allende, particularmente en el caso de las empresas del cobre y de la ITT. Ello sin considerar que la expropiación de la gran minería del cobre se había hecho de acuerdo a la reforma constitucional aprobada unánimemente por el Congreso Nacional.

Bajo la conducción de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) le vendieron empresas que ella administraba, en licitaciones abiertas y decisiones reservadas a su vicepresidente ejecutivo. Las devoluciones fueron discrecionales y solo en algunos casos rechazadas por sus primitivos dueños, encargándose entonces la misma Corfo de su liquidación o venta. Esta entidad, una vez concluida la transferencia de sus empresas, redefinió sus funciones sólo como banco de fomento con los recursos originados en dichas enajenaciones, abandonando las amplias funciones de planificación y gestión de las empresas del área social que tuvo en el gobierno presidido por Salvador Allende.

La Empresa Nacional de Minería (Enami) empleó procedimientos similares a los definidos por Corfo. Las ventas comprendieron pequeñas y medianas empresas de explotación y procesamiento de minerales. Solo conservó un porcentaje de la planta de procesamiento (fundición y refinería de cobre) de Las Ventanas, con lo que la mencionada empresa nacional volvió a constituirse en un poder de compra sin operaciones de explotación directa.

La Compañía de Aceros del Pacífico (Cap) vendió sociedades o participaciones en ellas, de acuerdo a la idea de centrar sus operaciones en la fabricación de acero y no en su procesamiento.

La Corporación de la Reforma Agraria (Cora) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) transfirieron el dominio de todas las propiedades agrícolas bajo su control. En este caso se utilizaron también diferentes modalidades, como restituciones parciales, que consistieron en devoluciones o formaciones de reservas dentro de predios expropiados; revocaciones, expresadas en devoluciones totales de terrenos expropiados; asignaciones de unidades reformadas (cooperativas y parcelas individuales) y ventas de activos de la Cora, la que terminó por disolverse. El Indap se mantuvo, pero con una considerable reducción de sus actividades.

Con este desmantelamiento de los activos públicos, la dictadura se propuso que el Estado no interfiriera en las actividades económicas a no ser que se considerara necesario desde el punto de vista estratégico. Sobre esta base, la privatización de la economía derivó, por sobre todas las cosas, en la centralización del poder económico de ciertos grupos y en el consiguiente oligopolio de algunas industrias. Más que en la extensión y expansión del sector empresarial, esta centralización del poder económico se tradujo en el desplazamiento de sectores pequeños y de medianos empresarios. Las operaciones de transferencia se hicieron con sigilo, sin fiscalización pública y en un ambiente de irregularidades, algunas de las cuales salieron a la luz pública. Al revés de la expropiación de las empresas de la gran minería por el gobierno de Allende, que se hizo al valor libro, con la crítica de la derecha, ahora ella vendió las empresas públicas por lo general por debajo de dicho valor.

La extensión y acentuación extrema del proceso centralizador y concentrador de la economía aparece demostrada por la evidencia del control sobre sociedades anónimas y demás empresas. El simple cruzamiento de información de las empresas licitadas con las empresas controladas por los principales grupos, sugiere que el desmantelamiento del Estado, la privatización de la economía y la acentuación extraordinaria del poder oligopólico son facetas de un mismo proceso. Las interrelaciones entre estas tres facetas se convirtieron, a partir de entonces, en elementos centrales de todo análisis de la economía nacional.

-La segunda etapa (1975-1982) comprende el lapso entre la recesión del primero de estos años y la crisis del segundo, período en el cual la Corfo vendió a través de subasta o propuesta pública sus acciones y derechos en 135 sociedades, de las cuales en 91 de ellas era socio mayoritario. De la misma manera, transfirió al sector privado su participación en 16 bancos comerciales. Además la dictadura realizó más de 600 operaciones por ventas de plantas agroindustriales, pertenencias mineras, bienes raíces así como más de tres mil operaciones por ventas de bienes inmuebles.

Las privatizaciones continuaron extendiéndose hasta abarcar diversos sectores de la vida económica y social. La legislación minera, la reorganización de las municipalidades, la modificación de los sistemas de educación, de salud, de previsión social y el plan laboral abrieron paso a la más generalizada privatización de la sociedad.

-La tercera etapa (1983-1985) comprende los reacomodos al interior de la clase dominante, remecida por la crisis de 1982. Durante esta crisis se sucedieron hechos de tanta importancia como la intervención estatal en el sistema financiero, el derrumbe de los más destacados grupos económicos, la oposición de algunos empresarios a las políticas impuestas por la dictadura, el desplazamiento transitorio de los Chicago boys del gabinete, la devaluación de la moneda nacional, el ingreso de un hombre del grupo de Javier Vial, RolfLüders, como biministro de Hacienda y Economía -y luego la prisión de ambos por sus “irregularidades”- la constitución de la Comisión Fiscalizadora de las empresas y bancos del grupo Cruzat-Larraín, etc. La crisis desarticuló el sistema generado en las dos etapas anteriores, desencadenando un triple proceso: a) combinación de nueva estatización y posterior privatización de las actividades económicas, intervención del sistema financiero quebrado por su endeudamiento, estatización de la deuda externa privada, mediante el aval del Estado, al proceder a su negociación, administración de bancos y empresas; b) nueva privatización y transnacionalización del sistema financiero cambiando los bancos de dueños, con incorporación de inversionistas extranjeros y, c) privatización de las fuentes externas e internas de ahorro e inversión.

-La cuarta etapa (1985-1989) marca la reanudación de las privatizaciones y la conversión de deudas en enajenación de activos nacionales, de acuerdo a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Comité de Bancos Acreedores, trayendo consigo una mayor desnacionalización económica y política. Superado el lapso de administración de la crisis de 1982 y resuelto el conflicto al interior de las clases dominantes, los neoliberales volvieron a tomar el control de la política económica y se realizó el último reparto del botín de guerra entre los grupos existentes y nuevos grupos emergentes en el interior del gobierno. En esta cuarta etapas se emplearon diversos mecanismos:

1. La privatización del área denominada por los técnicos de la dictadura como “rara”. Las empresas productivas, servicios y bancos mantenidos en esta área después de la crisis en referencia fueron reprivatizados a partir de la Comisión Progresa y del equipo interventor de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, pudiéndose distinguir las siguientes situaciones:

a) Grandes empresas industriales (Copec y sus filiales, CCU y sus filiales, Inforsa, Indus, CTI, Compañía General de Electricidad Industrial, etc.) Ellas pasaron a manos de grupos económicos locales, que habían sobrevivido a la crisis, y de consorcios transnacionales a través de la asociación del grupo Angelini con el grupo neozelandés Carter Holt Harvey (Copec); de la asociación del grupo Luksic son el consorcio cervecero alemán Paulaner (CCU) y de la asociación del grupo Matte con FletcherChallenger de Nueva Zelandia (en el sector de la celulosa y el papel) optando el primero por controlar Inforsa. Otros consorcios transnacionales controlaron, sin asociación, importantes empresas como Hucke, MacKay, Nestlé, Victric Vidrios y Aluminios Lirquén, etc.

b) Las principales sociedades de servicios, como las AFP y las compañías de seguros de vida fueron controladas por consorcios financieros norteamericanos, como Bankers Trust, Aetna y American International Group.

c) Las grandes instituciones de crédito como el Banco de Chile y el Banco de Santiago, intervenidos en 1983, fueron a su vez reprivatizados, diseminándose su propiedad.

2. La privatización de grandes empresas públicas. En 1985 se privatizaron la Sociedad Química Minera de Chile (Soquimich); Industria Azucarera Nacional (Iansa); Empresa Nacional de Explosivos (Enaex); Compañía de Aceros del Pacífico (Cap); Laboratorios Chile; empresas elécticas Metropolitana, Quinta Región, Chilectra Generación, de Melipilla y de Coquimbo; Empresa Nacional de Electricidad (Endesa); Compañía de Teléfonos de Chile (CTC); Telex Chile. Además, Empresa Nacional de Comunicaciones (Ecom); empresas eléctricas de Tarapacá, del Norte, de Aysén, de Magallanes; hidroeléctricas de Pilmaiquén, Pullinque, Colbún-Machicura, Pehuenche; Línea Aérea Nacional (Lan Chile); Instituto de Seguros del Estado; Empresa Nacional del Carbón (Enacar); Carbonífera Schwager; Chile Films; Sociedad Chilena del Libro.

3. Las privatizaciones posteriores al plebiscito de 1988. Los mecanismos utilizados para el traspaso fueron, en general, los mismos que se aplicaron anteriormente, aunque en algunos casos se disfrazaron con la modalidad de “capitalismo popular”, con la cual se privatizaron algunas empresas energéticas en las regiones u otras en que participó personal de las Fuerzas Armadas, como la Compañía de Teléfonos de Chile y Endesa. En agosto de 1989, un balance de la progresión de este proceso referido a las 29 empresas públicas privatizables a mediados de 1985, expresaba: a) al 30 de septiembre de 1988, trece de ellas estaban totalmente enajenadas, ocho se encontraban parcialmente privatizadas y ocho comenzaban su privatización; b) después del plebiscito de octubre de 1988 se completó la privatización de las ocho parcialmente enajenadas y se privatizaron otras tres (Chile Films, Sociedad Chilena del Libro y Edelnor); c) en agosto de 1989, cuando se le acababa el tiempo a la dictadura, 24 de aquellas empresas se habían traspasado al sector privado. Respecto a las otras empresas fueron desmanteladas, como Ferrocarriles del Estado -privatizada por partes (carga)- y otras que los asaltantes del poder no alcanzaron a vender, como Codelco o el Banco del Estado. Sin embargo, metieron mano en sus recursos financieros para favorecer a grupos y personas del régimen, tanto en aquéllas como Enap, Correos, TVN y las que dependen del Ministerio de Defensa.

Por lo general, el control definitivo de las empresas privatizadas lo obtuvieron los mismos ejecutivos nombrados por la dictadura, mediante “sociedades de papel” como Pampa Calichera, en Soquimich y las Chispitas 1 y 2, de Chilectra. Para impedir la oposición de los sindicatos, se les vendió a los trabajadores de cada empresa una pequeña cantidad de acciones, operación calificada de “capitalismo popular”.

La Cap fue fundada por Corfo en la década de 1940. Aunque el Estado tuvo una determinación decisiva tanto en la formulación del proyecto como en el financiamiento, se le concedió mayoría al sector privado (53% contra 47%). Pero en 1968 el Estado pasó a ser accionista mayoritario y en 1973, el 97,6% de su capital pertenecía a él, a través de Corfo. En el proceso de privatización se transfirió primero el 47% de la empresa al sector privado en 1986, por un valor de venta de 40 millones de dólares en circunstancias que su valor real era de no menos de 200 millones de dólares, subsidiando de esta manera a los compradores en 160 millones en dicha moneda, es decir, se despojó de esa enorme proporción al Estado. Estudios posteriores, entre otros del Programa de Economía del Trabajo (PET), del Chase Manhattan Bank y el Appraisant Company, calcularon una pérdida de 99 a 223 millones de dólares. Como fue habitual en otros casos de privatizaciones de las grandes empresas del Estado, la de Cap favoreció a grupos de ejecutivos que usaron información privilegiada y se privatizaron a sí mismos con la empresa. El caso más destacado en esta privatización fue el de Roberto de Andraca, gerente general desde 1983, apoyado por los ministros de Hacienda Jorge Cauas, Sergio de Castro y Hernán Büchi. La privatización se completó en 1987.

La Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) fue creada en 1968 sobre la base de la industria del salitre, cuya propiedad era compartida por la Corfo y la Compañía Salitrera Anglo Lautaro, S.A. En el gobierno de Salvador Allende esa sociedad se incorporó al área social y en la dictadura de Pinochet pasó a manos de su yerno, Julio Ponce Lerou, un ingeniero forestal que no tenía capital alguno pero sí una audacia increíble. El proceso fue similar al de Cap. El suegro lo nombró presidente en 1980, después de ejercer otros cargos tanto en Corfo como en diversos organismos públicos, desempeñándose como vicepresidente ejecutivo su socio, de igual profesión, Patricio Contesse. El mismo Ponce Lerou formó “sociedades de papel” como Pampa Calichera y otras, que empezaron a comprar acciones de Soquimich hasta 1988, año en que estaba privatizada, siendo su principal accionista Pampa Calichera S.A.

Como en el caso de Cap, la Contraloría emitió un informe sobre la enajenación de aquella empresa química y minera, en el que establece las pérdidas de Corfo, la que “obtuvo un precio por acción inferior a los valores estimados ya que sólo registró ingresos equivalentes al 29%, 53% y 59% de la proyección de los años 1986, 1987 y 1988 respectivamente”. Este despojo del patrimonio público fue espectacular. De acuerdo a María Olivia Monckeberg: “La Contraloría agregó que Corfo vendió en los años 1983 a 1988 el total de su inversión en esta empresa (123.490.000 acciones) en un monto de 119.982.594 dólares. De mantenerse las utilidades de la sociedad en el nivel del último año, obtendría por concepto de dividendos en 2,5 períodos aproximadamente ese valor”. El subsidio público para Ponce Lerou y su grupo fue de 76,4% apoderándose además de la totalidad de las reservas de nitrato, yodo y litio del país y del mundo.

La Industria Azucarera Nacional (Iansa) fue creada por la Corfo en 1952, con plantas en Los Ángeles, Llanquihue, Linares, Temuco, Chillán, Rapaco y Curicó. la privatización adolece de irregularidades similares al caso anterior. En 1986 se vendieron acciones sin licitación pública, a un precio 21% inferior al valor de la Bolsa. En 1988 se acordó vender en dicho organismo el 90% de las acciones que todavía poseía la Corfo y en seguida, directamente, el saldo de 12,67%. Monckeberg afirma: “De acuerdo a un informe realizado posteriormente por la Contraloría General de la República, las ventas directas de acciones de Iansa sumaron 33.659.106 dólares, lo que significó pérdidas netas que alcanzaron a un monto de 47.628.514 dólares”. La misma autora agrega que, según un estudio de un grupo de profesionales, realizado en 1988, entre 1986 y 1988, se vendieron 2.606.947 acciones, es decir, el 80,6% de la empresa, con un enorme subsidio implícito en favor de quienes se quedaron con la empresa.

La Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) fue fundada por la Corfo en 1943, para impulsar la producción de energía, tan necesaria para el desarrollo del país. Esta era una de las empresas que escapaba a la voracidad de los privados hasta la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988. En el año siguiente comenzó el saqueo. Al momento de su privatización, Endesa controlaba el 60% de la generación eléctrica del país, el 55% de la distribución y la casi totalidad de las mercedes de aguas aprovechables para el sector hidroeléctrico. Su privatización implicó, además, el traspaso a los nuevos dueños de los derechos de agua que pertenecían a la empresa estatal. ¿Cuánto significó este robo? Un informe de la Contraloría General de la República, que se conoció en 1991, señaló que la privatización de la más importante empresa eléctrica del país le habría significado al Estado alrededor de mil millones de dólares de pérdidas. Pero otro estudio ha representado que esta operación significó un subsidio implícito de US$44.089.544 del año 2000, el que benefició directamente a los nuevos dueños, con Yuraszeck y su grupo a la cabeza. Un negocio parecido fue el de las filiales (Pullinque, Pilmaiquén y Pehuenche).

La Compañía Chilena de Electricidad (Chilectra) fue creada en 1921 y nacionalizada por el gobierno de Salvador Allende en 1970. Tenía como función distribuir y comercializar la energía eléctrica en la Región Metropolitana y en Valparaíso. En el año 1981, la dictadura la dividió en Chilectra Metropolitana o Chilmetro (después denominada Enersis), Chilectra Generación o Chilgener y Chilectra Quinta Región o Chilquinta, para ser privatizadas después de 1985. Los administradores de estas empresas estatales se encargaron de las privatizaciones, encabezados por José Yuraszeck. Para eso, 19 ejecutivos de Chilmetro formaron dos sociedades de inversiones: Inversiones Civiles Chispitas Uno e Inversiones Civiles Chispitas Dos, correspondiendo el uso de la razón social a seis de los socios, con plenos poderes de administración. Con este control, dichos ejecutivos invitaron a otros accionistas a incorporarse. Este fue el “Plan Chispazos”. Si irregulares habían sido las anteriores privatizaciones, ésta batió todos los récords. Con un capital equivalente al 2% de las acciones de Chilmetro, representado por los aportes de los fundadores de las Chispitas más las acciones de los trabajadores, obtuvieron un préstamo en el Banco del Estado por un monto de diez veces la garantía y compraron el 20% de las acciones de la misma empresa a un precio inferior al valor de la Bolsa. Así, por un juego de artilugio, se apoderaron de grandes inversiones del Estado en materia de electricidad. Con la misma plata del Estado, recibida en préstamo, le pagaron al Estado las acciones de aquella empresa.

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) fue fundada por la Corfo en los comienzos de la década de los sesenta. Como las eléctricas ya mencionadas, Entel era considerada como una empresa estratégica que debía ser controlada por el Estado. No obstante, los privatizadores la enajenaron como en los otros casos, a un precio absolutamente inferior a su valor real, a tal punto que un estudio posterior determinó que se había concedido un subsidio inmenso para los “compradores”. Entre estos, el ejército adquirió el 10%, a través de Famae. El resto pasó a manos del Grupo Telefónica España y otros privatizadores chilenos que después vendieron, pasando su control al grupo de Hurtado Vicuña y Eduardo Fernández León.

Finalmente, María Olivia Monckeberg siempre ha manifestado que se enriquecieron conjuntamente con Pinochet, los ministros y altos ejecutivos, civiles y militares, y los “compradores”. Entre los ministros que se proyectaron al mundo de los negocios a través de las privatizaciones destacan Jorge Cauas, Sergio de Castro, Pablo Barahona, Hernán Büchi, Carlos Cáceres, Juan Antonio Guzmán, José Piñera, Miguel Ángel Poduje, Sergio Melnick, Máximo Silva Bafalluy, Álvaro Donoso, Luis Larraín y otros. Tampoco puede olvidarse a Bruno Phillippi, Juan Hurtado Vicuña, Julio Ponce Lerou, Álvaro Saieh, José Yuraszeck, Patricio Contesse, Guillermo Arthur, Carlos Alberto Délano, Álvaro Bardón y otros.