Ahora que todos tenemos la mirada puesta en Afganistán y evaluamos el accionar de las prepotencias occidentales en la “restitución” de la democracia en los países que primero dinamitan, es bueno desprenderse del juego de doble estándar que manejan dichas naciones.

El 15 de julio pasado en el parlamento británico se estaba debatiendo el rol de este país y el involucramiento en la represión contra el paro nacional que se estaba desarrollando en Colombia algunas semanas antes. Pero también de cómo participaba del proceso de pacificación en el que entró el país sudamericano luego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP.

Varios parlamentarios pidieron suspender la ayuda de ese país a la Policía Nacional. Una ayuda que consta de entrenamiento, de venta de armamento y de financiación del aparato represivo colombiano.

Como si no fueran suficientes las razones tendientes a la violación sistemática de los derechos humanos de los líderes sociales, las masacres y la militarización sostenida durante décadas, lo visto durante la represión de mayo y junio no dejan lugar a dudas de la criminalidad intensa de las fuerzas represivas colombianas, por fuera de toda legalidad internacional y de total ausencia de proporcionalidad.

Asesinatos, violaciones, secuestros y agresiones desmedidas durante mayo pasado fueron cometidos bajo la “supervisión” de al menos nueve miembros del ejército británico. Wendy Morton, ministra de Relaciones Exteriores responsable de las Américas había informado en el Parlamento de este despliegue en el mes de marzo, aunque por razones de seguridad se negó a explicar las funciones exactas que cumplían los agentes.

Hace cinco años que la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido entrena a centenares de policías colombianos en un programa de colaboración de varios millones de libras esterlinas, del que no se puede saber en qué consiste, ya que la agencia funciona en secreto, al estar eximida de las leyes de transparencia de Gran Bretaña.

El apoyo se extiende no solo a la policía, sino también al ministerio de Defensa colombiano y al ejército de dicho país. Recordemos que estamos hablando de un ejército acusado de cometer miles de ejecuciones clandestinas, torturas y que participaba de una guerra fatricida.

“El año pasado, el personal colombiano asistió a cinco cursos militares en el Reino Unido, incluido el de “fomento de la integridad para los líderes superiores”, un curso para oficiales militares de una y dos estrellas.

El año anterior se impartieron seis cursos al personal militar colombiano, incluido un “curso avanzado de mando y estado mayor”, que incluye “planificación de operaciones”.

Al menos dos oficiales del ejército colombiano se han capacitado en academias militares británicas. En 2018, un segundo teniente completó un año de entrenamiento en la universidad militar Sandhurst, y en 2019, un oficial naval concluyó 11 meses de capacitación en la universidad naval de Dartmouth”, enumeraba el grupo de investigación Declassified UK.

«Todo el compromiso y la capacitación de defensa que se brindan a Colombia están diseñados para educar, cuando sea necesario, sobre las mejores prácticas y el cumplimiento del derecho internacional humanitario», le expresó un portavoz del Ministerio de Defensa a la misma fuente. Además de admitir que el MI6, la Agencia de Inteligencia británica lleva años operando en el país sudamericano.

Según un artículo de la BBC el MI6 colaboró en el establecimiento de centros de escucha electrónica, para grabar conversaciones incriminatorias. Una política sostenida de espionaje ilegal, que fue denunciado numerosas veces por espiar a políticos, oenegés, sindicalistas y periodistas internacionales.

La venta de armas, material de espionaje y formación del Reino Unido están vedadas en el caso de que haya riesgo de que se pueda contribuir a la tensión interna de los países o a conflictos en el país receptor. Claramente, pese a las quejas de parte de los parlamentarios británicos, lo que sucede en Colombia no forma parte de las tensiones o conflictos internos que podrían alterar los principios morales del Reino.

Hasan Dodwell, director de la ONG Justicia para Colombia con sede en Londres, dijo a Declassified: “A lo largo de la larga y sangrienta historia de abusos contra los derechos humanos en Colombia, Gran Bretaña ha sido un aliado militar cercano. Mientras la policía colombiana sigue matando a manifestantes en las ciudades y el Ejército mata a manifestantes en el campo, esta asociación continúa”.

Los lineamientos generales de la política exterior del Reino Unido, al igual que el de los Estados Unidos o de la OTAN no la marcan los partidos políticos (aunque sí le aporten su propia impronta), sino las corporaciones del complejo militar-industrial, del sistema financiero y de las avanzadas tecnológicas. El declive de las prepotencias no las hace más débiles, sino más falibles y peligrosas, como esas manos a la desesperada del pugilista grogui.

Son valiosos los aportes de quienes desde estas naciones denuncian sus bravuconadas, abusos, excesos y contradicciones, pero nunca debemos olvidar que quienes prueban estas acciones, son castigados y perseguidos. Sirva de ejemplo el escarmiento contra Julian Assange, divulgador de las atrocidades cometidas por las prepotencias en Irak y Afganistán, entre tantos otros lugares.