Por Radio Progreso


De acuerdo con los más recientes datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), esta problemática está directamente relacionada con el crimen organizado. A ello se suma la impunidad y son los sectores más pobres los que sufren mayoritariamente esta situación
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Honduras cerró junio como el mes más violento del primer semestre del 2021. En un tan solo día, el miércoles 30, nueve personas fueron asesinadas de forma violenta en diferentes municipios a nivel nacional.

Según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), el 55% de las muertes y hechos violentos están relacionados con la criminalidad organizada: peleas entre maras y pandillas, el sicariato y el ajuste de cuentas.

En el último mes, uno de los sectores más golpeados por la violencia homicida ha sido el sector transporte. La mañana del miércoles 30 de junio, dos hombres se hicieron pasar por usuarios de la ruta entre Tela, El Progreso y San Pedro Sula para asesinar con arma de fuego a un conductor de la empresa Tela Express. Los testimonios de los transportistas refieren que el crimen responde al no pago de extorsión.

Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia, describe que una de las principales formas de accionar de los grupos criminales es la extorsión, “en este año, más de 41 personas que trabajan en el transporte público han sido víctimas, les están mandando mensajes a los dueños del transporte en los cuerpos de estos hombres que son los que conducen autobuses o taxis”.

Durante los primeros 6 meses del 2021, Honduras ha sido marcada por 27 homicidios múltiples o masacres que han dejado 92 personas asesinadas de forma violenta.

La coordinadora del Observatorio menciona que las personas víctimas de los homicidios múltiples están “generalmente en estado de indefensión a ese ataque”. Ayestas argumenta que las masacres responden a la criminalidad organizada, “pero tiene que ver con estas acciones ilícitas como el trasiego, venta o microráfico de droga que hay en el país, las extorsiones también dan cuenta de ello, y las peleas del territorio para el tránsito y seguir desarrollando esas acciones”.

Falta de investigación

El gran problema es que los grupos ilícitos se “amparan” en que no existe investigación científica criminal que dé cuenta de lo que está pasando, “siempre estamos hablando de posibles móviles, pero al final no dan cuenta de resultados”, señala Migdonia Ayestas.

En razón del trabajo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Ayestas considera que “hace lo que puede con lo que tiene, porque no solo es construirle un mega edificio, es tener el elemento humano calificado para tal fin, especialistas en cada una de las áreas no solo en maras y pandillas, deberían tener expertos en mediación de conflictos”.

Indica que, a diario, solo en lo relacionado a violencia doméstica e intrafamiliar, la línea del 911 recibe 301 denuncias. “Eso se vuelve un problema, imagínese las denuncias por robo, por hurto, y que en teoría deberían de investigarse, pero si un investigador criminal tiene 700 investigaciones y el año solo 365 días, es decir que debe realizar dos diarias para dar respuesta”, analiza Ayestas.

Ayestas considera que debe señalarse que el problema de la violencia es estructural, porque no solo viene de las bandas criminales, sino que también del Estado, por ejemplo, “el Estado hondureño nunca nos pudo definir quiénes eran los capos de este país”.

“La peor parte se la llevan los pobres, es un factor para ser víctima de la violencia, porque si no tienen empleo es fácil que lo capturen, lo recluten las maras o las pandillas porque te ofrecen lo que la institucionalidad no te ofrece que es un buen salario”, manifiesta.

En relación a las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, Ayestas establece que existen tres elementos que pueden tomarse en cuenta a la hora de establecer una política: la prevención de violencia; la buena investigación; y, la rehabilitación y la reinserción social de los privados de libertad.

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