El pasado 1 de junio, ha tenido lugar una concentración ante el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid como protesta por la detención de la española Juana Ruiz Sánchez por parte de las autoridades israelíes, hace más de 50 días en su casa en Beit Sahur cerca de Belén (Palestina), en lo que parece claramente una medida que busca frenar la cooperación internacional con Palestina. Juana trabaja para la ONG HWC (los Comités de Trabajadores de Salud de Palestina)
Los manifestantes han presentado una carta, dirigida al Presidente y todos los ministros del Gobierno español, solicitando información sobre las medidas que se han adoptado desde Exteriores para asegurar la protección de Juana, dado que hasta el momento no se tienen noticias de que se haya presentado reclamo ni explicación alguna ante el gobierno israelí.
La carta que reproducimos más abajo y que ha sido firmada por más 160 organizaciones explica la situación complicada de Juana y la indefensión en la que se encuentra. En este sentido, su abogada, Gabi Lasky, ha pedido un aplazamiento del juicio pues el mismo día 1 de junio fue la primera vez que pudo ver a Juani, habiendo quedado aplazado hasta el 7 de julio.
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Carta presentada en el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Juana Ruiz Sánchez lleva 50 días en prisión. Desde mañana, 2 de junio, se enfrenta a un juicio sin ninguna garantía legal. En un intento de retrasar el proceso, y de prolongar el sufrimiento de Juana Ruiz, el régimen israelí ha impedido, incluso, que pueda ver hasta hoy a su abogada defensora. Todos los detalles de su detención, de su encarcelamiento y de su procesamiento son una pura escenografía para intentar comprometer a Juana en unos delitos que, claramente, no ha cometido, y para amedrentar a la cooperación internacional con el pueblo palestino. Y, mientras tanto, las personas de la amplia plataforma en torno a la liberación de Juana Ruiz Sánchez nos preguntamos que ha hecho y qué está haciendo el Gobierno de nuestro país para defender los derechos de Juana Ruiz frente a la arbitrariedad y la prepotencia del régimen israelí.
No podemos saber cuáles son los pasos dados porque la señora Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha evitado recibir a una delegación de las más de 140 organizaciones sociales, políticas y sindicales que le estamos pidiendo una entrevista. Tampoco nos han dado audiencia desde los departamentos de Oriente Medio del Ministerio de Asuntos Exteriores a los que también nos hemos dirigido. Así pues sólo podemos orientarnos por los hechos. Y los hechos son los siguientes:
- Juana fue detenida mientras dormía por una veintena de soldados armados que irrumpieron en su domicilio para llevársela ante los ojos impotentes de su marido y de su suegra con quienes vive en la localidad de Beit Sahur, cerca de Belén. Creemos que un hecho tan falto de humanidad y de soporte legal debería ser censurado por el Gobierno.
- Las autoridades militares israelíes no informaron al Consulado español en Jerusalén de esta detención a pesar de que están obligados a hacerlo cuando se trata de una ciudadana de otro país. No nos consta que haya habido una protesta formal por este hecho.
- Durante 24 días ha estado detenida sin cargos. No nos consta que el Gobierno español haya hecho nada para evitarlo.
- Ha sido sometida a interrogatorios sin la presencia de su abogado. No nos consta que se haya intentado evitar por parte de las autoridades españolas.
- Ha permanecido 17 días sin sus efectos personales, incluidas sus gafas de presbicia. Sabemos que sus efectos personales le fueron entregados durante una visita consular, pero desconocemos como se permitió que permaneciera tanto tiempo sin su ropa, sin sus efectos de aseo, sin nada que no fuera una pequeña radio como única compañía.
- Ha estado en una prisión de hombres sin derecho a salir al patio y sola en su celda. No nos consta que se haya protestado oficialmente por este encierro.
- No ha podido ver a su familia. Creemos que el consulado ha hecho de nexo de unión en algunos momentos entre Juana y su esposo, pero no sabemos si se ha hecho constar la irregularidad de este procedimiento a las autoridades israelíes.
- Ha sido trasladada de prisión sin previo aviso. No nos consta protesta oficial.
- No le han concedido la libertad provisional mientras se celebra el juicio. Tampoco nos consta protesta alguna.
- No se le ha permitido ver a su abogada hasta el dia antes del juicio. Nos gustaría saber si se ha realizado alguna acción por parte del Gobierno para lograr este encuentro que es imprescindible para la defensa jurídica de Juana y por qué no ha sido posible que la entrevista tuviera lugar mucho antes para poder preparar el juicio con tiempo.
Cualquiera de estas circunstancias sería suficiente para considerar que se han conculcado los más elementales derechos humanos de Juana Ruiz. Todas juntas constituyen un horror en el que hay más que sospechas de maltrato psicológico y de detención arbitraria. Pensamos que este cúmulo de injusticias sería suficiente para que nuestro Gobierno hubiera llamado la atención al régimen israelí siquiera con una simple nota verbal de protesta en la que se dejara constancia del rechazo del Gobierno español a este proceso. No nos consta que así haya sido. Lo que sí nos consta es que el Ministerio de Asuntos Exteriores decidió cesar de forma fulminante al Cónsul español en Jerusalén, en medio de una escalada de violencia por parte del Gobierno israelí hacia las y los palestinos que ha tenido su peor faceta en el asesinato de civiles inocentes, entre ellos niños y niñas, en la franja de Gaza. ¿Quizá la callada por respuesta no era la única política posible respecto de la detención y el procesamiento de Juana Ruiz Sánchez? Siempre nos quedará esa duda.
Tras la formulación de los cargos contra Juana Ruiz quedó claro que el ejército israelí no parece tener pruebas contra nuestra compañera ya que todo lo filtrado a los medios de comunicación no se ha concretado en ningún cargo. Ni se le ha acusado formalmente de financiar el terrorismo ni se han formulado cargos por el desvío de fondos de la cooperación española. Le acusan de formar parte de una organización ilegal y de captar fondos para el funcionamiento de esa organización ilegal. La única organización a la que pertenece Juana Ruiz Sánchez es la HWC, los Comités de Trabajadores de Salud de Palestina, una organización sanitaria y humanitaria que tiene su sede en territorio palestino y que funciona con total normalidad a excepción de que Israel ha sustraído su material informático y documentación de la sede central de la organización en Ramala y ha detenido a su contable actual y a su contable anterior, que también permanecen en prisión.
La detención y procesamiento de Juana Ruiz Sánchez tiene otro objetivo que es cercenar la cooperación con Palestina. Las organizaciones sociales, políticas y sindicales de la Plataforma de apoyo a Juana Ruiz nos sentimos especialmente afectadas por este ataque frontal contra la cooperación, que no es más que una muestra de solidaridad y apoyo que el pueblo español siempre ha tenido con el pueblo palestino a través de los proyectos de desarrollo que se financian con fondos públicos. Es un signo de humanidad y de justicia que creemos nos honra como colectivo y al que no pensamos renunciar por muchos ataques que quiera lanzar el Estado israelí.
Pero esta maniobra de Israel debería apelar también a la conciencia de nuestro Gobierno. Las instituciones españolas han quedado en entredicho por las acusaciones de Israel de desvío de fondos. Las agencias de cooperación, los gobiernos de los distintos territorios, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos, grandes y pequeños, son quienes financian los proyectos que se realizan para solucionar algunos de los múltiples problemas de las y los palestinos. No hay desvío de fondos posible porque ese dinero se audita y se somete a estrictos controles por parte de las autoridades competentes. No puede ser de otro modo. Y nuestro Gobierno debería decirlo alto y claro a las autoridades israelíes y a la ciudadanía de nuestro país para evitar que haya ninguna sombra de duda. Nos duele especialmente el ataque a una organización sanitaria y humanitaria palestina por parte de Israel en medio de una pandemia que está poniendo en situación muy difícil a la población palestina mientras el estado hebreo alardea de haber vacunado a toda la población, pero sólo la estrictamente judía.
Por todos estos motivos exigimos:
– Que la Agencia de Cooperación Española emita una declaración institucional en la que certifique la imposibilidad de desvío de fondos de la cooperación española para ningún otro fin que no sea la realización de los proyectos para los que han sido concedidos.
– Que el Gobierno español realice acciones que resulten verdaderamente efectivas para lograr la liberación de Juana Ruiz Sánchez en el menor tiempo posible. Las opciones son variadas y van desde la nota verbal a la ruptura de relaciones diplomáticas.
– Que el Gobierno español evite, a través de las delegaciones consular y diplomática en Israel, que se sigan conculcando los derechos de Juana Ruiz y continúe bajo detención, carente de ninguna garantía jurídica y bajo la amenaza de un proceso judicial prolongado en el tiempo por el mero capricho de las autoridades militares israelíes.
– Que el Gobierno español promueva ante la Unión Europea las acciones necesarias para la liberación inmediata de Juana Ruiz Sánchez y para el fin del régimen de apartheid en Palestina por parte del estado israelí.
– Que se restituya de este modo la confianza que todas las personas expatriadas deben tener en la protección que les debe dar su Gobierno estén donde estén y sufran las circunstancias que sufran.
