Entrevista a Luz Nely Osorno Ospina, presidenta del Instituto Popular de Capacitación-IPC, Defensora de Derechos Humanos, Administradora de empresas con Maestría en Gobierno y Políticas Públicas.
En el informe de #SOSColombia se denuncian 76 homicidios y casi 2400 detenciones, derivadas de las protestas que tienen lugar en el país desde el pasado 28 de abril. Los datos son elocuentes y las imágenes de la violencia de las fuerzas de seguridad y de civiles paramilitares hielan la sangre.
Hola Luz, comencemos evaluando el paro nacional que se ha extendido a todo el territorio colombiano y que tiene un listado de reivindicaciones y reclamos muy concreto, que pareciera que el gobierno de Iván Duque no quiere escuchar. Recordemos brevemente esas exigencias populares.
Quiero partir de un elemento, hay una agenda con muchas propuestas que se visibilizan como la reforma tributaria que fue el detonante. Pero la inconformidad se veía viendo desde el 2019, cuando ya se movilizaba con mucha fuerza, cuando llegó la pandemia. Es una serie de acumulación de exclusiones, desigualdades como los jóvenes que son de los más afectados con el tema de la exclusión. Son muchas casusas estructurales que tienen que ver con la inequidad, la desigualdad y la exclusión. Y la reforma tributaria rebasó la copa. Luego vino la reforma a la salud que es un negocio y es precaria. El tema de educación, el empleo, la democracia que está en riesgo hace mucho rato, de hecho no tenemos contrapoderes, pesos y contrapesos porque tenemos cooptadas las instituciones, la procuraduría, la defensoría, la fiscalía, por eso la importancia de la veeduría internacional. Lo que vemos en la calle es para decir que esto no fue de la noche a la mañana. Lo bueno es que ha sido muy espontánea y fruto de la inconformidad y de una generación que por muchos años se dijo que era perdida, pues ahora esta generación han dicho estamos acá. Las reivindicaciones son muchas, pero hay unos puntos para empezar una negociación pero lo estructural es… se necesitan cambios en la redistribución de la riqueza, la tierra, la salud, la democracia…
La respuesta a estas masividad y movilizaciones por parte de Duque ha sido la violencia más salvaje. Institucionalizada, pero también ilegal. Hay un dato estremecedor: hay al menos 346 personas desaparecidas. También se están denunciando violencias contra las mujeres. El tribunal 8 de Pasto ordenó mediante fallo de tutela que cuando el Esmad salga a repeler una manifestación deberá entregar lista con los nombres de los efectivos y las armas o dispositivos no letales que se emplearán con sus respectivos seriales de identificación. ¿A qué responde esta medida que habla del descontrol en el que se están llevando adelante las acciones represivas?
En Colombia si no es nuevo, este es el paro más importante en los últimos 70 años, más de 800 municipios al mismo tiempo y el apoyo internacional más grande. En Colombia siempre se ha visto la protesta como una amenaza terrorista. Si partimos de eso la respuesta es agresiva y se ha incrementado la violencia por varios factores, uno, estamos con un gobierno que no resuelve los problemas sociales sino solo respuesta militar. Hay una institucionalidad que ve amenazada las próximas elecciones y por ello necesitan mantener el poder. El partido es el del ex presidente Álvaro Uribe y ha perdido algunas elecciones y ha puesto mayor agresividad algunas políticas. Aquí no se sabe quién es el que gobierna. Lo otro es que se ha exacerbado el tema del enemigo interno, ha vuelto otra vez que cualquier persona que proteste contra políticas del estado hay que combatirlo hasta aniquilarlo. Las cifras son una radiografía de lo que pasa y que pueden ser más altas. Ahora también está la preocupación… es que demás de la brutalidad de las fuerzas militares también está… lo que llamamos marchas de la gente de bien que empezamos a ver por videos que hay gente que se ha prestado a dispararles, hasta empresarios y a permitir que le disparen y agredan a la manifestación. Y vemos personas de civil son protegidas por el ejército y la policía, y protegen a quienes están disparando. El problema es que no tenemos confianza en las instituciones en quienes investigan los crímenes y por eso pedimos la ayuda internacional porque no hay garantías para una investigación más parcial.
Precisamente, Congresistas de Italia piden a la Corte Penal Internacional abrir de inmediato un proceso penal para conocer los responsables de la masacre en Colombia durante las protestas. También se anunció la llegada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿los colombianos están tomando consciencia de la situación que vive su país desde hace tanto tiempo? Lo que ocurría en los territorios más alejados está también ocurriendo en las grandes ciudades del país.
Sí, como la manifestación se ha concentrado en las carreteras y en Bogotá Cali y Medellín y los mayores niveles de violencia.
¿Cómo crees que va a seguir el paro?
Creo que es arriesgado plantear un solo escenario, pueden ser varios. El gobierno decretó la militarización de Cali y 8 regiones, ese decreto es un estado de conmoción disimulado, es un escenario que nos preocupa por varias razones, se viene persecución con las organizaciones de DDHH, con los jóvenes de la protesta, con el desmonte de algunas estrategias del acuerdo paz. Es un periodo muy peligroso para Colombia y que se puede volver muy oscuro, porque hacen todos parte del establecimiento. El otro escenario que se empieza a vislumbrar es abrir un gran diálogo nacional, que es el mejor, y donde la iglesia se ha metido, aunque aquí no todas son de nuestra confianza porque algunas han estado en contra los acuerdos de paz. Pero hay un sector de la iglesia importante que ha llamado a abrir asambleas nacionales es el mejor escenario, que es escucharnos, hablar de lo que piden las y los jóvenes, las mujeres. Creo que es este es el escenario a nivel nacional. El asunto es que no vemos la voluntad del gobierno nacional para negociar porque el partido de gobierno que incendia más la cosa y otros partidos que piden mano dura y estado de conmoción. Y el comité del paro ha planteado desmilitarizar la protesta para poder negociar. Y otro asunto es cómo articular la agenda que hay en la calle, quien logra esa confianza en los voceros que representen a los que se manifiestan. Y además está el sector el económico que son ellos lo que terminan gobernando en las regiones, ordenando el territorio, como ellos quieren, aunque dicen que son ajenos al conflicto. El empresariado tiene que asumir las consecuencias del conflicto porque han participado en él. Nosotros decimos que el empresariado es responsable por todo lo que han hecho, han participado activamente en el conflicto, pero hoy es claro que la concentración de la tierra fue por los empresarios. Hoy estoy en Urabá que está en manos de empresarios, pero que las tierras han sido de campesinos desplazados, asesinados, el empresariado hoy debería ser partícipe de esos acuerdos, qué está dispuesto a ceder.
Ente esos jóvenes hay quienes formaban parte de esas familias desplazadas, hace temer que muchas veces en las metrópolis se discute una agenda que no contempla los pueblos, territorios. Entiendo que eso está representado en los jóvenes
Sí, esa es una discusión con el comité del paro, deben escuchar más a las regiones, no pueden ser centralistas en la capital porque la realidad de las regiones no pasan por quienes negocian. Es un reto de la negociación. Lo ideal es que haya una Gran asamblea nacional, y que las regiones estén representadas, con gente en la que se confíe. Sino volvemos a que lo rural lo más abandonado y con grandes problemas por el conflicto no estarían representadas y donde siguen asesinando no estarían representadas y las comunidades indígena y las mujeres.
