La madrugada del lunes, 17 de mayo, comenzaron a entrar en Ceuta (España) decenas de marroquíes, que terminaron siendo alrededor de 8.000. Lo hacían a nado, sobrepasando los espolones del Tarajal y Benzú -puntos en los que termina la valla construida por el Gobierno español para evitar la entrada de migrantes y que es parte de la Frontera Sur de la Unión Europea- . Y lo hacían por la grave situación económica que viven en su país y con el aliento y apoyo de los militares marroquíes presentes en la zona, como se podía observar y han declarado los propios migrantes.

Ello ha generado una crisis entre el gobierno de Marruecos y el de España, en la que las mayores víctimas han sido los propios migrantes. Más de la mitad han vuelto a Marruecos voluntariamente y muchos otros han sido devueltos ilegalmente, aumentando con ello las denominadas «devoluciones en caliente». No podemos olvidar el joven fallecido al intentar llegar a territorio español y los que están hospitalizados en estos días.

Pareciera que una vez más, Marruecos sigue chantajeando a la Unión Europea, mientras esta y la comunidad internacional miran hacia otro lado ante la violación sistemática de los DDHH en su vecino del sur. Una muestra de que ha conseguido sus objetivos es que mientras escribimos esta nota, ha impedido la entrada a España de otros 100 migrantes que intentaban entrar.

Sobre lo que ha ocurrido en lo que llevamos de semana, ya había amenazado el Gobierno marroquí después de que Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y secretario general del Frente Polisario, fuera trasladado a un hospital de Logroño (España) «por motivos humanitarios» dado su estado de salud.

Si bien, no se trata de una posición nueva. Se repite cada cierto tiempo y ya desde los últimos meses del 2020, es evidente la facilidad con la que salen pateras desde el Sáhara Occidental hacia las Islas Canarias. Con ello, el Gobierno marroquí busca negociar mejores condiciones económicas con sus socios del norte y, actualmente, el apoyo de la Unión a su posición en el conflicto del Sáhara Occidental.

Hasta el momento, el Sáhara Occidental es considerado por la ONU y la mayor parte de la comunidad internacional, como la última colonia en África y territorio ocupado por Marruecos (Marcha Verde. 1975), pendiente de un referéndum pactado, que nunca llegó y que, tanto Naciones Unidas como el resto de los garantes del acuerdo que llevaría a tal consulta popular, jamás se han ocupado de hacer efectivo para que el pueblo saharaui pudiera elegir su futuro, incluida España.

España sigue teniendo una gran responsabilidad en este tema, ya que hizo dejación de su responsabilidad histórica al haber sido metrópoli que entrega de facto la última de sus colonias a su amigo del sur, Marruecos. Fue, de hecho, un acuerdo entre el entonces rey de España, Juan Carlos I, y el padre del actual rey marroquí, Hassan II. Hoy la población saharaui sigue recordando, que eran y siguen siendo la 53 provincia española ya que nunca accedieron a la independencia.

Por otra parte, la situación se ha complicado para los saharauis, dado que en diciembre de 2020 -ya en pleno conflicto armado- Donald Trump en una de sus últimas decisiones internacionales, reconoce a Marruecos como la mejor opción para gobernar el Sáhara Occidental a cambio de hacer lo propio con Israel respecto a Palestina. Y Joe Biden no ha echado para atrás tal decisión. Detrás, cuatro o cinco países más, han reconocido tal estatus y el gobierno marroquí sigue presionando para que haga lo mismo la Unión Africana.

Volviendo a la crisis migratoria que se vive entre la Unión Europa y Marruecos, las vallas de Ceuta y Melilla -dos ciudades autónomas españolas que están en territorio africano- representan formalmente la Frontera Sur de la UE pero, en la práctica, es más correcto decir que tal frontera es móvil y mucho más amplia, porque Marruecos ha cumplido con el papel de ser el guardián de Europa en esta parte, ocupándose de que no llegaran, o que lo hicieran el menor número de migrantes, hasta las vallas, siendo hostigados por el ejército marroquí. A cambio, Europa ha hecho concesiones al Gobierno alauita.

En este momento, especialmente en el norte de Marruecos hay una situación explosiva. Varias decenas de miles de personas (y con ellos, sus familias) no tienen modo de sobrevivir ya que dependían económicamente del paso diario a las ciudades españolas para comprar y portar productos a cambio de un pequeño salario. Con el Covid-19, Marruecos cerró el paso. Por otra parte, el nivel de paro en la zona se ha disparado.

Por otro lado, crecen las protestas acalladas violentamente en distintas zonas del país y, con ellas, los presos políticos. Si bien, en este momento, el conflicto más grande que enfrenta el Gobierno marroquí es el conflicto armado en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, para el que busca apoyo en la Unión Europea. Un conflicto desatado el 14 de noviembre del 2020, cuando Marruecos perpetró un ataque en el paso fronterizo de Guerguerat contra manifestantes pacíficos, y que lleva a que el Frente Polisario declare la guerra a Marruecos.

En toda esta situación, España y el resto de la Unión Europea y la Comunidad Internacional miran hacia otro lado sin querer comprometerse con los Derechos Humanos y los acuerdos firmados.