Por: Stephanía Aldana Cabas

Las amenazas, agresiones y hostigamientos contra periodistas en Colombia aumentaron en un 10% entre 2019 y 2020, informó la Fundación para la Libertad de Prensa. El país ocupa hoy la posición 134 en el mundo, entre 180, con mayores riesgos para ejercer la profesión y el tercero en Latinoamérica, después de México y Honduras, según la organización Reporteros sin Fronteras.

Las amenazas y las agresiones a los periodistas en Colombia y la violación a la libertad de prensa son hechos que afectan el trabajo y la integridad física de los periodistas que, hasta el 26 de abril de 2021, han denunciado 100 casos, entre ellos, por violación al acceso de la infromación, censura en la internet y ataques a la prensa. Estos eventos coyunturales han afectado a 112 periodistas, según los datos publicados por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Ver: Mapa de violaciones a la libertad de prensa

Esta situación se ha convertido en una constante en el país y, a pesar de las múltiples denuncias interpuestas, “el Estado no les brinda protección a los periodistas y comunicadores para salvaguardar su vida. Además, en la mayoría de los casos, las investigaciones no avanzan y los hechos quedan en la impunidad, como el caso de dos periodistas asesinados en el 2020”, indicó a Pressenza, Jonathan Bock, director de la FLIP.

El primer crimen al que se refiere Bock donde perdió la vida el fotoperiodista Felipe Guevara, quien cubría la fuente judicial para un medio de comunicación, ocurrió el 21 de diciembre de 2020 en la ciudad de Cali. La primeras investigaciones del ente encargado rechazaba que su homicidio estuviera ligado a su profesión; aunque esta hipótesis tuvo que ser descartada porque un colega reveló unos audios en los cuales el periodista relataba que tuvo que dejar el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, a causa de intimidaciones por una nota que escribió.

El segundo homicidio ocurrió el 13 de agosto en Corinto, departamento del Cauca, cuando Abelardo Liz, comunicador indígena, fue herido por impactos de bala, mientras cubría la manifestación de pueblos indígenas contra el desalojo de unas tierras que la comunidad reivindica como suyas por derecho de Ley de Origen y que han ocupando desde el 2014. La situación se tornó violenta cuando, por orden de la Alcaldía llegó el Ejército, la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), para dispersar a los manifestantes y desalojar a la población indígena.

El Estado no ve con buenos ojos el periodismo crítico

Ante el incremento de agresiones y amenazas contra comunicadores durante los dos últimos años, el Gobierno Nacional no ha dispuesto las garantías para la seguridad de los informadores; sino que se convirtió en un victimario, cuando a inicios de enero de 2020 se reveló que Inteligencia Militar espió, interceptó llamadas y obtuvo información personal y laboral de 34 periodistas nacionales y extranjeros, además de políticos de oposición al gobierno del presidente Iván Duque, con el objetivo de realizar “perfilamientos” de estas personas.

Por este hecho, los comunicadores enviaron una carta al Gobierno en la cual le exigían explicaciones sobre las múltiples violaciones cometidas. También le reclamaron garantías para ejercer su labor y dejaron en evidencia que el Estado utilizó su poder para transgredir sus derechos, lo cual generó una alerta, pues la información recogida dejó en vulnerabilidad a quienes estaban en esta lista.

Otro hecho que dejó en evidencia las agresiones contra los periodistas en 2020, se produjo durante las marchas de Paro Nacional, en las cuales el Esmad hizo uso excesivo de la fuerza contra los reporteros y los golpeó, con el objetivo de obstruir su trabajo, a pesar portar sus credenciales de prensa.

Estos dos ejemplos son algunas de las acciones de violencia recientes en los que el Estado agredió a los periodistas en 2020. Sin contar que en Colombia este tipo de violencia es de vieja data y es, en parte, “una estrategia de distintos grupos ilegales, pero leales al estado, que consideran a los periodistas como blancos estratégicos, pues buscan que no existan voces que den a conocer lo que está pasando en diferentes lugares del país. Por ello, en este momento en Colombia es imposible hacer un periodismo libre, independiente y de denuncia en varios municipios del Norte del Cauca, el Sur de Córdoba, en la región del bajo Cauca, en Chocó, Nariño y Putumayo”, indicó a Pressenza Jonathan Bock, Director de la Fundación para la Libertad de Prensa.

Por ello, Colombia es considerado el segundo país más violento para ejercer el periodismo en América Latina, después de México, y uno de los más peligrosos en el mundo , así lo reveló Reporteros Sin Fronteras a través de un comunicado de prensa.

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La mano de los paramilitares en la campaña electoral

El equipo de periodistas investigación de un medio de comunicación alternativo, durante la campaña electoral del segundo período de Álvaro Uribe Vélez en 2005, tuvo que enfrentar amenazas virtuales que, posteriormente fueron presenciales, pues llegaron hasta sus viviendas y los obligaron a dejar su residencias.

El equipo de investigadores de este medio de comunicación decidió no interponer una denuncia ante la Fiscalía, dado que “sabíamos que el grupo ilegal, los paramilitares, que nos estaba intimidando, estaba relacionado con altos funcionarios del Estado y estaba en riesgo la familia de unos de los comunicadores del medio”, relató uno de los periodistas.

Después de cambiar de vivienda, las oficinas del medio de comunicación y sus dinámicas cotidianas, el equipo continúo sus investigaciones y, a pesar de de haber sido censurado en múltiples ocasiones por políticos y empresarios tras sus investigaciones y denuncias, la fuente recuerda cómo durante la primera campaña de Luis Pérez a la Gobernación de Antioquia, se convirtieron en personajes incómodos para él y para el gobierno.

Microtráfico en la Comuna

Tatiana Balvín es periodista de uno de los medios de comunicación más importantes de Antioquia. En 2018, realizó investigaciones sobre los grupos ilegales que expendían la droga en una de las comunas de Medellín y los enfrentamientos entre “combos” de ese lugar, por el control de la zona y el manejo del microtráfico.

Sin embargo, ese año en medio de una de las investigaciones, al regresar a su casa, un carro la siguió durante cinco cuadras y, a dos metros de la puerta de su casa, la joven fue interceptada por un hombre con un arma que le dijo: “usted, tiene que quedarse callada y dejar de buscar cosas que no le importan”, recuerda la periodista. Luego, el hombre corrió y se subió a un auto que estaba esperándolo.

Ante este hecho, Tatiana puso la denuncia en la Fiscalía y su caso fue valorado por La Unidad Nacional de Protección (UPN), como de alta vulnerabilidad. Por ello, le fue asignado un esquema de seguridad y el medio la reasignó en otra área. A pesar de que el tiempo ha pasado, hoy la reportera aún se siente vulnerable y asegura que antes de hacerse cargo de una investigación, lo piensa dos veces, pues su familia está en primer lugar y no quiere que vuelvan a vivir en medio del miedo y la zozobra.

Revictimización en medio de hostigamientos

Katalina Vásquez es una periodista antioqueña y especialista en derechos humanos, quien desde el año 2009 ha recibido amenazas, hostigamientos e interceptación ilegales a sus comunicaciones, las cuales ha reportado ante la Fundación para la Libertad de Prensa, a la Fiscalía, a la hoy denominada Unidad Nacional de Protección y a la Personería de Medellín. No obstante, “la Fiscalía, ente encargado de llevar a cabo las indagaciones, no ha dado una respuesta eficiente, ante las continuas intimidaciones que llegan a mis redes sociales y correo electrónico por las investigaciones que realizo en mi labor”, indicó la comunicadora.

Por ello, desde septiembre de 2019, Katalina desistió de las medidas de seguridad que le habían sido otorgadas, entre ellas el carro blindado, los dos hombres armados, los chalecos y demás equipos de protección que le había entregado la Unidad Nacional de Protección, hacía un año, después pues de ser considerada por la UNP como persona con un riesgo extraordinario-alto.

Además, “el esquema de protección se convirtió en un episodio de revictimización en cuestiones de género, debido a las múltiples confrontaciones que tuve con los escoltas. Debido a esto, solicité a La Unidad Nacional de Protección Regional me fuera asignado un cuerpo de seguridad conformado por mujeres. Sin embargo, esta solicitud nunca fue atendida y, en varias ocasiones, sentí que mi seguridad personal no era para ellos una prioridad” aseguró Vásquez.

Desde finales de 2019, Katalina recibe acompañamiento psicológico y jurídico de la Corporación Colectiva Justicia Mujer, en el marco de un proyecto de mujeres víctimas de violencia que ejecutan con La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). A través de los asesores legales de la Corporación, la periodista ha interpuesto múltiples derechos de petición, solicitando los resultados de las múltiples denuncias que ha instaurado.

De igual manera, ha pedido que le sean entregados los resultados del informe del informe de vulnerabilidad tras aportar las pruebas el 24 de febrero de 2021 a la UNP, acerca de las intimidaciones de las que ha sido objeto en 2020 y lo corrido de este año, dado que, “con frecuencia utilizan mi línea telefónica para llamar a mis familiares y hostigarlos, también lo hacen desde otras líneas y, en ocasiones, cuando estoy llevando a cabo mi labor periodística, desvían las llamadas” agregó Vásquez.

Ante este panorama, la comunicadora espera que le sean dados los resultados, pero reconoce que esto no garantiza que el gobierno le asigne un nuevo esquema de seguridad con enfoque de género, ni que su seguridad sea una prioridad para el Gobierno Nacional.

Finalmente, en casos como el de Tatiana Balvin y Katalina Vásquez, se le suman las más de 112 comunicadores víctimas de distintos tipos de agresiones que no han sido resueltas, ni el Estado les ha brindado la seguridad para seguir ejerciendo su labor. Por esto, “es importante que el Gobierno no vea al periodismo como su enemigo y respalde su trabajo por medio de garantías a su seguridad y protección”, aseveró Jonathan Block, Director de la FLIP.