La Campaña por la Independencia de la Justicia, está conformada por 787 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, personalidades y dirigentes políticos y sociales, que desean expresar su preocupación por la situación de la independencia de la justicia en Colombia, a raíz de los ataques del gobierno nacional frente a decisiones judiciales o, incluso, el desacato de las mismas, además de la cooptación de los entes de vigilancia y control por parte del ejecutivo.

Ayer, esta Campaña nacional e internacional, se pronunció frente a las irregularidades que se vienen presentando en el caso que sigue la Fiscalía contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez, por fraude procesal y manipulación de testigos.

A continuación reproducimos el comunicado:

En varias ocasiones desde la Campaña por la Independencia de la Justicia hemos alertado sobre la estrategia adelantada por el presidente Iván Duque y su partido para hacerse al control de instituciones claves de los organismos de control y del poder judicial, afectando de esta forma el equilibrio de poderes y la independencia judicial, y poniendo en grave riesgo la democracia y el Estado de derecho en su conjunto.

Esto es lo que ha sucedido con la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, quien llega a ese cargo luego de una intensa campaña adelantada por el propio presidente Iván Duque. Además de no tener trayectoria en derecho penal, como se esperaría para ocupar este cargo, Barbosa ocupó un alto cargo en el Gobierno nacional antes de ser Fiscal General de la Nación y es públicamente conocido por ser amigo entrañable del presidente y muy activo durante la campaña electoral de 2018.

Lastimosamente, las alertas sobre la posible politización de la Fiscalía General de la Nación en favor de los intereses del presidente Duque, sus allegados y su partido se han materializado en el caso contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y manipulación de testigos. A pesar del arduo trabajo investigativo adelantado por la Corte Suprema de Justicia, los cientos de folios y el abundante material probatorio, el fiscal Gabriel Jaimes ha solicitado formalmente la preclusión del caso. Esto podría traer como consecuencia la impunidad en un caso de especial trascendencia para el país y para las víctimas formalmente reconocidas.

Es importante recordar que el ex presidente Uribe no sólo renunció el pasado 18 de agosto de 2020 a su condición de senador de la República con miras a obtener un trato benevolente por parte de la Fiscalía General de la Nación, sino que políticos, periodistas y empresarios emprendieron una ardua campaña de desprestigio contra los integrantes de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia y las víctimas reconocidas en el caso: Iván Cepeda y Eduardo Montealegre.

Estos actos presionan indebidamente al poder judicial, afectando su independencia y poniendo en riesgo la vida y la privacidad de los magistrados, las víctimas y sus familias.

Que un determinado sector político busque controlar instituciones claves del Estado para afectar la correcta administración de justicia, sienta un pésimo precedente para la democracia colombiana. Pero además, esto profundiza aún más la desconfianza ciudadana en el Estado y socava el principio fundante del Estado de derecho que establece que nadie está por encima de la ley, por más poderoso que sea.

Por eso, desde la Campaña por la Independencia de la Justicia instamos al Ejecutivo a que cese sus interferencias en la administración de justicia en el caso de Álvaro Uribe. Al Fiscal General de la Nación lo exhortamos a que se ciña en sus actuaciones a la Constitución Política y a las leyes procesales vigentes, guiándose por el principio de independencia de la justicia y no por conveniencias políticas.