Por: Stephanía Aldana Cabas

Organismos internacionales continúan emitiendo alertas por la situación de los Derechos Humanos en Colombia. En esta oportunidad, la representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Juliette de Rivero, exigió al Gobierno Nacional a través de su informe anual, velar por los derechos humanos de la población colombiana y ejecutar los puntos pactados en el Acuerdo de Paz

La representante de la Oficina de la Alta Comisonada para los Derechos Humanos de Organización de Naciones Unidas (ONU), Juliette de Rivero, hizo un llamdo al Gobierno Nacional por el incremento en la violación de los derechos humanos durante 2020, mediante la presentación del informe anual sobre derechos humanos en Colombia. Además, Rivero instó al Estado colombiano a implementar y respetar el Acuerdo de Paz firmado en 2016 en La Habana, Cuba.

Este mismo informe que será presentado el próximo 25 de febrero, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, por la Alta Comisionada Michelle Bachelet, evidencia que el país, a pesar de tener la capacidad humana, los recursos y la institucionalidad necesaria para llevar a cabo la protección de los derechos humanos e implementar el Acuerdo de Paz, poco ha avanzado en estas dos materias.

Por ello, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos pidió al Gobierno Nacional cumplir con sus obligaciones internacionales concernientes a la protección de los derechos humanos, económicos, culturales y sociales de quienes habitan el territorio colombiano.

De Rivero también reconoció la acción humanitaria del gobierno colombiano de acoger a la población venezolana y las consecuencias económicas ocasionadas por la Covid-19. No obstante, la representante recalcó que según estudios de la Comisión Económica para América Latina, “Colombia es el segundo país más desigual de la zona”. Por esta razón exhortó al gobierno de Duque a crear e implementar políticas públicas que ayden a disminuir las cifras presentadas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

Desigualdad y acceso a la salud pública

La disparidad en el derecho al acceso de la salud se profundizó durante la emergencia sanitaria causada por la Covid-19, dado que la población vulnerable que tenía acceso limitado, no pudo ser atendida de manera oportuna, por la dificultad para llegar a los cascos urbanos o por no estar registrada en el Sistema de Identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales. La población en la cual se registró una mayor afectación fue en las comunidades afrodescendientes, las mujeres, los niños y los indígenas.

Así mismo, la representante Juliette de Rivero pidió garantizar los derechos laborales al personal de la salud, así como su seguridad en zonas de alto riesgo por presencia del nuevo ciclo del conflicto armado interno.

Masacres y violencia en los territorios

El informe subraya que la violencia por el control de los territorios aumentó en en 2020, en departamentos como Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, donde habitan comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinos. Además, el organismo internacional señaló que, producto de esta violencia, se documentaron 76 masacres y cinco más que están en proceso de investigación.

Sobre estos hechos también se determinó que 192 personas fueron asesinadas y otras 25.366 tuvieron que dejar sus viviendas para desplazarse a otras zonas, por causa del conflicto armado. Además, 73 excombatientes firmantes de la paz fueron asesinados, lo que incrementa la cifra a 248 homicidios contra los reincorporados a la sociedad desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

Por lo anterior, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos aseguró que “la cifra de masacres y asesinatos en 2020, superó a las de 2018 y 2019, lo cual llevó a ofrecerle al Gobierno Nacional ayuda en el diseño de medidas para la atención a estas poblaciones, con énfasis en los líderes sociales que habitan en zonas donde el Estado no llega”.

Amenazas

Los líderes sociales, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, así como los excombatientes de las Farc en 2020, presentaron más de 159 denuncias ante la Personería por amenazas, las cuales fueron remitidas a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, la representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, indicó que “se han presentado demoras en la asignación de medidas de protección en zonas rurales, lo que ha llevado a una mayor exposición de quienes solicitan amparo a su seguridad”.

Debido a las demoras presentadas, la Oficina para los Derechos Humanos en Colombia firmó un convenio con la Personería y la Unión Europea, que permitirá crear sistemas de alerta tempran en lugares donde no había ese mecanismo y mejorar aquellas que ya están en funcionamiento, esto con el fin de garantizar la seguridad y el derecho a la vida de todo aquel colombiano que lo requiera.

Con la entrada en vigor de este convenio, se espera que en Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca, los departamentos donde se presentaron el 81% de las amenazas, 82% en zonas rurales, 93% en municipios de alta pobreza multidimensional y 92 % de municipios donde la tasa indica la violencia endémica, permita generar acciones favorables para la seguridad de los defensores.

De igual forma, la labor de los periodistas y comunicadores en el informe, también, es considerada de alto riesgo, dado que en 2020 la Fundación para Libertad de Prensa (FLIP) reportó 193 casos de amenazas a los ciudadanos que ejercen la profesión y que aportan a la creación de una sociedad democrática y a la libertad a la información, que debe ser garantizada por el Estado colombiano.

Acuerdo de Paz

El informe exige al Gobierno Nacional implementar cada uno de los puntos concertados en el Acuerdo de Paz, pues a pesar de que se han llevado algunos proyectos a cabo, falta crear políticas y reformas legislativas fundamentales para profundizar en los demás puntos, entre ellos, sobre la reforma rural integral, la protección a los derechos humanos, educación para los excombatientes, titulación de tierras a la población campesina, especialmente a las mujeres y población desplazada.

Finalmente, Juliette de Rivero rechazó la posición de algunos sectores políticos y militares de desligitmizar el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y, recalcó, que estos entes deben seguir siendo independientes del Gobierno Nacional.

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