Se ha sancionado una nueva ley en el Parlamento Argentino. Los abortos serán legales, seguros médicamente, gratuitos y entrarán en el Plan Médico Obligatorio de cobertura para las instituciones de salud gremiales y privadas.

A la vez, el Estado brindará seguridad económica y de seguimiento profesional a quienes quieran continuar con sus gestaciones. Lo primero que debería llamar la atención es la fecha de estos eventos. Esto es: hay que rebuscar profundamente en la Historia para encontrar a los Senadores argentinos sesionando casi al fin del año. Tal vez no sólo sea importante la fecha en sí, sino que se tratase de una sesión ordinaria, no convocada de modo excepcional. Quizás allá en 2001 (inolvidable crisis política y económica nacional, coronada por una acefalía de inédita resolución) hayan estado en modo deliberativo, pero en esa ocasión seguro que no haya primado la calma que se notó en este final de 2020. Vale destacar que este año fue de recuperación en materia legislativa, pues creció notablemente la cantidad de sesiones en que los representantes tuvieron que cumplir su tarea, dato no menor en medio de un clima biológico poco apto.

Llamativo también es que ambas cámaras transcurriesen sus sesiones en un clima tranquilo; tal vez el hecho de que el tema ya se hubiese tratado en un período de sesiones anterior distendió el contrapunto. En la calle, tampoco hubo un clima de beligerancia extrema entre quienes representaron a los dos criterios de votación en pugna. Tal vez la pandemia haya mitigado la puja, pero no la redujo a cero. El resultado final del pronunciamiento en el Senado fue más holgado de lo previsto a favor de las nuevas leyes. Tal vez la duda la generó la gran prensa, con el objeto de mantener audiencia, o para presionar secundariamente sobre los legisladores del Norte, los más arriesgados en pronunciarse a favor de cosas muy discutidas en sus provincias.

El peso de lo religioso, para la Argentina como país, está dado en su historia y refrendado por la Iglesia Católica al tener hoy una máxima autoridad nacida en este territorio. Pero la clave latinoamericana de la hora es el crecimiento de los grupos evangélicos. Apoyados en enormes aportes económicos no sólo locales sino internacionales, mayoritariamente desde los EEUU, despliegan un fundamentalismo que trasciende las fronteras de la discusión sobre la raíz cristiana de diversas corrientes. En el fondo, asistimos a un proceso de adoctrinamiento por la negativa, que en su remolino se lleva, desde su Dios punitivo, todo lo que sea cultura, inclusión, autopercepción, educación científica y etnias nativas.

La aprobación del aborto legal (en realidad su extensión con respecto a las leyes preexistentes), la participación activa del Estado en custodiar este logro del pueblo, y la verificación de la obligatoriedad de no dilatar intencionalmente las medidas médicas para efectivizarlo, se acompañan de la necesidad de una educación para la vida que marque a las futuras generaciones con el tinte de la ciencia, la psicología moderna y el cambio de mentalidad. Un cambio que incluye muchas normas de respeto por el otro y no menos de responsabilidad sobre el medio que nos circunda, todas cosas que el capitalismo se ha llevado puestas con su topadora irracionalmente manejada desde el Norte (un Norte a predominio, pero no a exclusividad, de nuestro Continente).

Pintado así, a grandes trazos, el escenario argentino parecería haber llegado a un punto de modernización de su marco social bastante envidiable para un subcontinente asediado por las garras de la irracionalidad religiosa y la especulación económica que sustituye a la productividad nacional. Nada más lejano a la realidad: mantener a raya a quienes poco importa el resultado legalmente válido de nuevas leyes implica un costo socio-político-económico inmenso. A la dificultad de hacer entender a los ciudadanos que, de buena fe, están en contra del aborto legal, que los abortos clandestinos no son sólo un riesgo físico cuasi mortal en sí mismos, se suma la de explicarles que el sistema sanitario nacional gasta más dinero por año en solucionar los secundarismos de la mala práctica de la interrupción de los embarazos que lo que puede gastar en ayudar a las mujeres a canalizar por vía prescriptiva y vigilada la misma situación.

Ahora también se deberá estar muy atento al método de los medios hegemónicos que daremos en llamar el de “La golondrina que hace verano”. O sea, debemos ser conscientes de que aquellos a los que los nuevos marcos legales dejan al costado de un negocio fenomenal tienen sus conexiones tendidas para demostrar la fragilidad del sistema sanitario en cuanto a cubrir los detalles del proyecto medular de esta legalización. Y pronto se van a escuchar y ver reportajes a personas que supuestamente no van a ser adecuadamente contempladas en sus derechos, seguro ocultando los detalles legales que hagan inviable el caso (tiempo de gestación superior al aceptable, demora en la atención por culpa de los objetores de conciencia no reemplazables en el tiempo o en la distancia, dificultades en conseguir sangre compatible ante riesgo de hemorragia, etc) La mentira (modernamente fake) va a buscar la viralización de las dificultades de casos particulares, tratando de ocultar la magnitud del proceso global hacia una nueva forma de respaldar la vida y el futuro de millones de mujeres.

Para cerrar, reflexionemos sobre el feto y su vida. Básicamente, la salud materna debe ser atendida como prioridad, dado que se trata del bien mayor, sin el cual otros niños pueden quedar sin su madre y así resquebrajar el núcleo familiar del que tanto se preocupan los adalides de “las dos vidas”.

Primero, entonces, no dejemos que el uso de métodos infames ponga en peligro a esa mujer que tal vez ya es madre y hoy no puede criar más chicos.

Segundo, permitamos que la mujer en riesgo vital (insuficientes renales, malnutridas por razones médicas o sociales, para citar ejemplos) sepa desde su niñez o adolescencia cómo evitar el embarazo, dándole una enseñanza acorde, por personal docente bien formado. Aun así, debemos tener la herramienta legal para disminuir la inminencia del riesgo sin esperar el filtro de los censores-objetores.

Tercero, la OMS sostiene que salud no es la ausencia de enfermedad, sino el total bienestar bio-psico-socio-cultural del individuo. Entonces, señores “dos vidas”, entiendan dos cosas. Una, que es injusto que una mujer no pueda planificar su futuro por atarse a un embarazo que, incluso, pudo haber sido deseado y luego haber dejado de serlo por razones inherentes a su vida en pareja, o a su economía, o a la realidad de sus convivientes en general. Dos, que “tenerlo y darlo” es psicológicamente una tortura; mientras el nuevo ser se va gestando, su madre puede rechazarlo tanto como para quedar marcada de por vida por ese embarazo; o puede entender que ese habitante de su cuerpo va tomando con ella un lazo muy fuerte, como para después, en un santiamén, dejarlo en otras manos. Todas estas variantes alejan a la mujer de aquella honorable regla de la OMS, que le informa a los incrédulos que todos estamos bastante más cerca de la enfermedad que de la salud. Pero con una ley que legaliza el aborto, protege a la mujer, y le da tres años de seguridad social a quien acepta continuar con la gestación, daríamos al 51% de la población planetaria la opción de vivir en paz con su entorno y consigo misma. A no ser que a ciertas capas sociales y religiosas lo que le moleste sea que los seres humanos gocen. Una forma encubierta de extirpar el clítoris pervive en ciertos cultos.