[Chile] Rector Zolezzi enfrenta a Contraloría en Tribunales por despido injustificado de profesores de la USACH

15.01.2021 - Santiago de Chile - Redacción Chile

[Chile] Rector Zolezzi enfrenta a Contraloría en Tribunales por despido injustificado de profesores de la USACH
(Imagen de ASOACAD USACH)
  • La máxima autoridad de la casa de estudios estatal acudió a Tribunales para dejar sin efecto un pronunciamiento del organismo contralor a favor de cuatro académicos y una académica despedidos en enero de 2020. Contraloría emitió un duro informe (ver aquí) a la Corte de Apelaciones, en el que acusa a rectoría de acudir a tribunales “con el único fin de incumplir lo dispuesto” por la entidad liderada por Jorge Bermúdez.

Fuente: Asociación de Académicos USACh (ASOACAD)   

Un gran traspié sufrió el rector de la Universidad de Santiago (USACh) durante 2020, tras los dictámenes de Contraloría (ver aquí) y los fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago que reconocieron la ilegalidad de despidos de cinco académicos de la Facultad de Administración y Economía (FAE), fundamentados en un plan de restructuración de la institución.

En enero del año pasado, los académicos Diego Barría Traverso, Manuel Llorca Jaña, Serafima Chirkova y David Kilowski fueron despedidos de la casa de estudios, bajo el argumento de que se realizaría una reestructuración en investigación y que la Facultad no contaba con “suficientes investigadores en el área de la Administración, ni suficientes investigaciones y/o las existentes no son lo suficientemente relevantes”.

Al considerar que sus despidos eran arbitrarios, tres académicos acudieron a la Corte de Apelaciones de Santiago y uno, Diego Barría, a la Contraloría General de la República (CGR).

La CGR estimó que el despido de Barría no tenía suficientes precedentes (ver aquí). Le seguirían en noviembre y diciembre fallos de la Corte Suprema a favor de Llorca (ver aquí), Chirkova (ver aquí) y Kilowski (ver aquí), en los que se dejó sin efecto la resolución de la universidad, señalando que se les debía pagar las remuneraciones adeudadas y cotizaciones correspondientes a los diez meses que estuvieron fuera del cargo. Hasta la fecha, el rector Zolezzi ha hecho caso omiso a lo determinado por la CGR, incluso de la Corte Suprema y, respecto a Contraloría, decidió interponer un Recurso de Protección contra el organismo para evitar echar pie atrás en su decisión de despedir a los académicos.

“Puedo pedir el arresto del rector”

El abogado de cuatro de los profesores despedidos, Claudio Verdugo, explicó las razones de las resoluciones de los Tribunales: “El estatuto de la reestructuración contempla un mecanismo, pero en este caso esa norma no se respetó. El fallo de la Corte Suprema argumenta que la universidad vulneró el principio de igualdad ante la ley porque pone en una posición distinta a estos profesores en relación de otros en la misma condición”.

Pese a ello, la universidad, asesorada por un estudio externo, interpretó esto de otra manera. “Hacen una interpretación del fallo bien restrictiva, pues lo ven como que solo obligan a la universidad a pagarles, no a reincorporarlos. El estudio está poniendo en serias dificultades a la universidad. Si es así yo voy a tener que pedir que se aperciba el cumplimiento íntegro del fallo a la universidad. Puedo pedir incluso el arresto del rector por incumplir una sentencia de la Corte Suprema”, dijo el defensor.

La universidad apeló a la decisión tomada por los Tribunales, siendo el principal salpicado el rector Juan Manuel Zolezzi. “Tengo la impresión, de buena fe, que Zolezzi no está informado de que perdieron los juicios. En el evento de hacer una reinterpretación están arriesgando a la universidad y al rector”, dijo Verdugo.

La gota que rebasó el vaso, en opinión de los funcionarios, el recurso de protección que interpuso Zolezzi cuestionando la competencia de la CGR (ver aquí) por el dictamen que emitió ese organismo determinando la ilegalidad del despido de Barría.

Como sucede en estos casos, la Corte Suprema solicitó al organismo fiscalizador su opinión sobre este recurso de protección, para resolver con conocimiento de todos los argumentos. La CGR emitió un informe (ver aquí) el pasado 18 de diciembre, en el que argumenta que la entidad universitaria no tiene legitimidad para solicitar que se dejen sin efecto las decisiones del organismo y acusa a la casa de estudios de hacer “una interpretación diferente a la efectuada por esta Entidad de Control, con el único fin de incumplir lo dispuesto por la mencionada Contraloría Regional”. Además de señalar que esta tiene como facultad “emitir dictámenes jurídicos sobre todas las materias sujetas a su control, siendo éstos obligatorios para dichas entidades”, tal como la USACh.

Además, acusa a la universidad de utilizar indebidamente un recurso de protección: “se desvirtúa el sentido y razón de ser del recurso de protección, cuyo objeto es restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección, frente a un acto u omisión arbitraria o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, y, en ningún caso, servir como instrumento para que un organismo público pueda eximirse de una obligación legal o cuestionar determinadas funciones que la Carta Fundamental y la ley reconocen a la Contraloría General, toda vez que el incumplimiento de un deber legal no puede significar el sustento de esta acción cautelar.

Exigen renuncia del Pro-Rector

Un mes antes del informe de Contraloría, el 20 de noviembre, el Directorio de la Asociación de Académicos de la Universidad de Santiago (ASOACAD), exigió la destitución del Pro-Rector de la USACH, Jorge Torres Ortega, a raíz del fallo del 17 de noviembre en la Corte Suprema donde se estima que “la decisión de poner término anticipado a la contrata de la parte recurrente configura un acto ilegal y que afecta el derecho a la igualdad ante la ley”.

ASOACAD acusa directamente a Zolezzi de “desacatar y dilatar el cumplimento de los fallos; actuar autoritariamente despreciando las leyes y violar la legislación laboral; mantener criterios de la dictadura cívico-militar para controlar universidades; y aplicar criterios sesgados y discrecionales, dañando la convivencia universitaria”.

Sobre el proceso de reestructuración, ASOACAD denuncia que esta información no fue pública. “Toda reestructuración debe pasar por un Consejo de Facultad. Esta, como no existió, no se discutió nunca en el Consejo de Facultad. De hecho, Manuel Llorca era director de departamento y nunca supo de algún plan”, explican desde la ASOACAD.

Apoyo de universidades extranjeras

Llorca, uno de los afectados, comenta que la justificación por parte de la universidad no tiene sustento: “Dos de nosotros éramos investigadores principales de Fondecyt Regular y de un Anillo. Ambos proyectos sumaban casi 500 millones en fondos externos”. De hecho, en las evaluaciones de desempeño realizadas en los últimos años dos de los docentes desvinculados presentaron buenas evaluaciones. Chirkova fue evaluada con una calificación de “bueno” en 2014, 2015, 2017 y 2018; mientras que Llorca obtuvo una calificación “sobresaliente” en los mismos periodos.

A las críticas se sumaron cartas de profesores de universidades extranjeras destacando las labores de los desvinculados. Uno de ellos fue Jari Floranta, de la Universidad de Helsinki, quien reconoció a Llorca y Barria como “académicos y profesores productivos cuyas contribuciones a la academia no debiesen ser minimizadas”. En la misma línea se manifestó la profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Anne E.C. McCants en una carta dirigida directamente al rector Juan Manuel Zolezzi. “En mi calidad de actual presidenta de la Asociación Internacional de Historia Económica, le ruego a usted y sus colegas administrativos de la universidad, a reconsiderar esta decisión”, dice en la misiva.

Categorías: Comunicados de Prensa, Educación, Sudamérica
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