¿Por qué está movilizado el Perú?

15.11.2020 - Perú - Redacción Perú

¿Por qué está movilizado el Perú?

Manuel Merino de Lama ha juramentado como presidente del Perú, un personaje que cada vez que ejerció un cargo público ha sido sindicado por actos de corrupción y cuya agonizante representatividad se evidencia con los 5 271 votos que recibió para ser electo. Usó su cargo de presidente del congreso para promover un primer intento de vacancia en alianza con Keiko Fujimori, actualmente con prisión domiciliaria y lideresa del partido Fuerza Popular, investigado por lavado de activos en el marco de una organización criminal; su otro aliado es José Luna Gálvez, líder fundador del partido Podemos Perú, recientemente detenido por estar involucrado en una organización criminal vinculada al ejercicio del poder político y cuya sede partidaria fue allanada por la fiscalía. La segunda vacancia, en menos de dos meses, que apoyó Merino de Lama fue impulsada por el partido Unión por el Perú, liderado por Antauro Humala, condenado y actualmente preso por asesinato y secuestro de policías; y por el partido Alianza por el Progreso, cuyo líder César Acuña, investigado por lavado de activos, es dueño de universidades y socio político de empresarios cuyas universidades perdieron su licencia por no contar con estándares mínimos de calidad, y es el mayor opositor de la reforma educativa.

De los actuales 130 congresistas, 68 tienen diversos procesos judiciales por delitos como homicidio, corrupción, tráfico de influencias, etc. En esa línea, destaca el nuevo presidente del congreso que tiene 52 investigaciones en la fiscalía. Con 105 votos, estos personajes, vacaron a Martín Vizcarra por incapacidad moral para ejercer el cargo, luego de que se le abriera una investigación preliminar por corrupción; un gobernante que sin bancada congresal y sin partido político no tuvo más que orientar su gestión en base a la agenda social que la ciudadanía impulsó y ratificó como reformas mediante un referéndum realizado el año 2018.

El actual congreso, a cinco  meses de las elecciones generales, ha actuado de forma antidemocrática y golpista al encontrarse acorralado por el avance de las reformas en el sistema político y de justicia, que entre otros, ha prohibido la reelección inmediata de congresistas y la postulación a cargos de representación pública de los sentenciados en primera instancia, ha regulado la financiación de las organizaciones políticas en base a mecanismos de control y auditorías, ha aplicado la ley de paridad y alternancia de género en la lista de candidatos; así como ha creado la Junta Nacional de Justicia que nombra, ratifica y destituye jueces y fiscales en base a la meritocracia, pero sobre todo ha fortalecido el avance en las investigaciones por corrupción contra jueces, fiscales, autoridades, políticos y empresarios integrantes, socios y colaboradores de diversas organizaciones políticas con diversos niveles de representación.

El proceso de vacancia presidencial ha evidenciado la desesperación de los autores y operadores políticos de la corrupción e impunidad en el Perú, ya que han dado el golpe cuando se estaba negociando el presupuesto general de la república para el año 2021; ahora que la misma mafia está distribuida entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, van a intentar copar los espacios de poder y gobierno en los sectores nacionales para negociar de forma oscura con los grupos de poder y autoridades en las regiones y provincias con la intención de sobrevivir electoralmente.

Luego de juramentar, Manuel Merino de Lamas y sus socios han conformado un gabinete que tiene como premier a Antero Flores-Aráoz, personaje que renunció como ministro de defensa el año 2009 luego de la muerte 34 personas en el marco de una protesta, y cuyo su estudio de abogados defiende a una universidad sin licencia propiedad del líder del partido Podemos Perú. La ministra de justicia, a las pocas horas de asumir el cargo, le solicitó su renuncia al procurador general de la República con la evidente intención de paralizar las investigaciones y el proceso en curso que está en el Tribunal Constitucional y que el próximo 18 de noviembre va dictar una sentencia competencial que podría anular todos los actuados por el presidente golpista y su gabinete. El recién nombrado ministro de educación fue quien tramitó el indulto a Alberto Fujimori, que luego fue revocado, y que ahora viene acusando a los manifestantes de tener vinculación con un grupo terrorista. El nuevo ministro del interior, que viene reprimiendo brutalmente las protestas ciudadanas, está investigado por delitos contra la administración pública, colusión agravada y/o negociación incompatible en agravio del Estado, por contratos con un operador de red de corrupción en el sistema de justicia; y así, se podría seguir describiendo al seudo presidente, su gabinete y las nefastas mafias que ha secuestrado el Gobierno.

La conciencia social está despierta y crece cada día, las y los peruanos impulsan un momento de quiebre, se ha manifestado una fuerza ciudadana con intención de cambio profundo que de ninguna manera permitirá la instalación de un gobierno fascista.

 

Foto: Mary Inés Salas

Categorías: Asuntos internacionales, Opiniones, Sudamérica
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