Varias asociaciones y colectivos de personas psiquiatrizadas o con sufrimiento psicológico defienden la renta básica universal frente a las prestaciones no contributivas, subsidios condicionados que, consideran, impiden su emancipación y les condenan a la dependencia familiar e institucional.

Por Sarah Babiker

Una crisis sanitaria global que ha llevado a la paralización de la economía. La expulsión de millones de personas del mercado laboral. Una movilización de recursos públicos sin precedentes para aliviar los efectos de la crisis. Una pugna política continua a nivel global, estatal y autonómico en torno a la gestión de la pandemia y sus efectos. El año 2020 será recordado por un gran arsenal de accidentes, fenómenos y acontecimientos históricos. En el trasfondo de todos estos hitos, y tal vez como respuesta a ellos, esta época también está incluyendo otro récord reseñable: nunca se habló tanto de renta básica universal.

Desde que se multiplicaran las voces y posicionamientos públicos en la primavera vírica, al reciente inicio de la campaña europea por un millón de firmas para discutir sobre esta medida en las instituciones comunitarias, han sido varios los colectivos que de una manera u otra se han manifestado a favor de una renta básica, desde los movimientos sociales a los profesionales de la cultura. Entre estos actores, también están los colectivos en primera personas de salud mental.

“Desde nuestro colectivo de personas psiquiatrizadas y/o con experiencias de sufrimiento psicológico y diversidad psicosocial reivindicamos la necesidad de aprobar una Renta Básica Universal”. Así arrancaba el manifiesto que el pasado 18 de septiembre varias colectivos de personas psiquiatrizadas hacían público, aportando su propio enfoque sobre la necesidad de “una prestación económica incondicional, equiparable al salario mínimo o por encima del umbral de la pobreza, compatible con otras fuentes de ingresos, que garantice las condiciones materiales para el sostenimiento de una vida digna y posibilite el ejercicio de los derechos de ciudadanía para todas las personas”.

“La idea viene de tiempo atrás. Ya habíamos escrito algún artículo en relación a la renta básica y la salud mental”, explica Hernán Sampietro en conversación con el Salto. Este integrante del colectivo ActivaMent, impulsor de la propuesta, relaciona los problemas de salud mental con las condiciones materiales, frente a un “discurso hegemónico que pone los problemas de salud mental como dentro de la cabeza”, algo que considera como una forma de “reduccionismo de la psiquiatría o la psicología”, y que no toma en cuenta que estos “malestares y sufrimientos” también tiene que ver con las circunstancias de vida.

“Muchas de las violencias y situaciones de sufrimiento y marginación traen problemas de salud mental y a su vez los diagnósticos incrementan las posibilidad de vivir otras situaciones de vulneración de derechos”

“Muchas de las violencias y situaciones de sufrimiento y marginación traen problemas de salud mental y a su vez los diagnósticos incrementan las posibilidad de vivir otras situaciones de vulneración de derechos”, considera Sampietro, y alerta: “Un diagnóstico de trastorno mental severo es una condena a una circunstancia de vida de pobreza y de miseria, hay una proporción altísima de personas excluidas del mercado de trabajo”.

Tomás Corominas forma parte de Hierbabuena, otra de las organizaciones que firmó el manifiesto. Su asociación cumplirá veinte años mañana 10 de octubre, día Internacional de la Salud Mental. De Hierbabuena Corominas cuenta que surgió como una iniciativa de los servicios de salud de un hospital en Asturias y poco a poco fue tomada por personas que vivían esta cuestión en primera persona. “Nosotros decimos que en 2011 fue cuando nos emancipamos de los profesionales”, recuerda de una época en la que otra forma de democratización calaba en la sociedad. A este activista el mismo concepto de colectivo aplicado a las personas diagnosticadas con problemas de salud mental no acaba de convencerle.

“Suelo decir que no somos un colectivo ni de lejos porque somos un montón de colectivos diversos que lo único que tenemos en común es el hecho de sufrir. Luego las condiciones vitales, laborales, económicas, sociales y de todo tipo, son tan diversas como la propia humanidad”. Poner sobre la mesa esto, que son ante todo personas que como cualquier otro grupo “defiende sus derechos, su libertad y sus condiciones de vida”, está entre los objetivos de Hierbabuena.

Para Corominas, este momento de sufrimiento psicológico global puede contribuir a limar esas fronteras artificiales que separan a las personas con malestares mentales de los demás: “Esta situación muestra que el sufrimiento tiene que ver con lo que nos ocurre, que no es una cuestión de que yo tenga tal cuerpo defectuoso, o tal cerebro, o tales neurotransmisores, sino que es lo que vives. Esta situación de confinamiento primero ha generado muchísimo estrés, muchísima ansiedad y situaciones en las que la gente ha tenido una cierta conciencia de lo que es eso”.

“Una renta básica con una cuantía suficiente y regular podría ser un instrumento eficaz de protección y prevención para la salud mental de la población al poder garantizar unos ingresos incondicionales sin estar sujetos a los avatares de la vida”

A este enfoque que trasciende el ámbito de los colectivos apunta también Sergi Raventós. Especializado en el ámbito de la salud mental e integrante de la Red Renta Básica, este trabajador social considera que “la seguridad económica de una renta básica podría reducir considerablemente el estrés que padece una buena parte de la población: aquella que está desempleada, está en un ERTE sin saber cómo acabará, gente con contratos precarios, con amenazas de desahucio, población inmigrante de países pobres, gente que tiene varios empleos para subsistir, trabajadores pobres que no llegan a final de mes…”

En estas condiciones de “precariedad vital e inseguridad económica” que tendrían un fuerte “impacto en la salud mental”, están viviendo miles de personas en el Estado. “Es por ello que una renta básica con una cuantía suficiente y regular podría ser un instrumento eficaz de protección y prevención para la salud mental de la población al poder garantizar unos ingresos incondicionales sin estar sujetos a los avatares de la vida”, defiende esta activista.

La rebelión de los redundantes

Además de, como hace Raventós, señalar la renta básica como una medida preventiva de salud mental, en el manifiesto se pone en relieve que “su aprobación es una necesidad urgente en un mundo donde somos mano de obra redundante para el neoliberalismo, donde una proporción cada vez más alta de la población se ve excluida del mercado laboral. Además, la mercantilización de las necesidades básicas, el coste de la vida y la precariedad laboral nos han llevado a una situación en la que trabajar ya no garantiza que las personas estemos por encima del umbral de la pobreza”.

Sampietro ubica así las reivindicaciones de los colectivos en un contexto más amplio, que considera propicio a la lucha por la renta básica pues “los pactos sociales basados en el trabajo que sustentan los modelos económicos del último siglo se han roto. Cada vez hay más personas que están en la redundancia, ni están ni van a estar nunca incluidas, sobra muchísima mano de obra y ese es un proceso que no va a dejar de crecer”.

Para este activista, el cuerdismo, que vienen a ser la discriminación por motivos de salud mental, es también un proceso de legitimación de la exclusión de una parte importante de la población, como consecuencia de esta “redundancia”. “Un dato que llama muchísimo la atención es que tres de cada cuatro personas con un diagnóstico severo están excluidas del mercado de trabajo, de las cuales uno de cada tres no es población activa, o sea que se ha resignado siquiera a buscar un trabajo”, grafica Sampietro.

“La gran mayoría de personas de nuestro colectivo, lo que tienen son prestaciones no contributivas, que no es que estén por debajo del umbral de la pobreza, están por debajo del umbral de la miseria”

Empleo y salud mental están estrechamente relacionadas, defiende por su parte Raventós: “sabemos que determinadas condiciones laborales de explotación no son para nada saludables y pueden llegar a enfermar físicamente y mentalmente. La insatisfacción laboral está muy extendida y afecta a la salud mental”. Por otro lado “el trabajo asalariado puede ser muy duro y hostil si ya sufres de algún problema psicológico y tienes que aguantar broncas regulares de tu jefe, indefinición de funciones, menosprecio por las tareas que realizas, que no te den trabajo o que te dejen de lado”.

La expulsión del mercado de trabajo se concreta bien pronto para una amplia parte de la población psiquiatrizada o que convive con sufrimiento psicológico, recuerda Sampietro, que apunta que tres cuartas partes de las personas con problemas de salud mental, empiezan a vivirlos en “la infancia, adolescencia o primera juventud, cuando todavía no se ha tenido tiempo suficiente de cotizar, por lo tanto, la gran mayoría de personas de nuestro colectivo, lo que tienen son prestaciones no contributivas, que no es que estén por debajo del umbral de la pobreza, están por debajo del umbral de la miseria porque no llegan al 50% del salario mínimo”.

“Pensioncitas” trampa

Las pensiones no contributivas a las que acceden las personas en esta situación si cumplen con determinados requisitos podrían ejercer como un buen ejemplo de la trampa de la pobreza y la estigmatización que conllevan los subsidios condicionados que siempre han criticado quienes defienden la renta básica universal. “La exclusión del mundo laboral tiene mucho que ver con el tema de las ‘pensioncitas’, muchas veces son disuasorias, si te dan una pensión de 400€ de estas no contributivas, y si buscas un empleo y lo primero que te ofrecen son 600, no lo vas a aceptar”, afirma Corominas desde Asturias. Piensa que este tipo de prestaciones que están condicionadas a no trabajar apartan “de la posibilidad de la autodeterminación de conseguir tu propio sustento, de tener una cierta economía”.

La no emancipación económica, acota todos los ámbitos de autonomía, recuerda Corominas: “Hay mucha gente que por sí misma está capacitada para vivir sola, pero que se ve obligada a vivir con sus familias porque no tiene recursos”, afirma, mientras señala la falta de recursos públicos como viviendas, para facilitar esta autonomía.

“Hay mucha gente que por sí misma está capacitada para vivir sola, pero que se ve obligada a vivir con sus familias porque no tiene recursos”

“Una renta básica permitiría salir de los circuitos de la discapacidad. En primer lugar, porque es universal e incondicional. Esto significa que, a diferencia de las prestaciones no contributivas y de otras formas de asignaciones económicas condicionadas, no requiere que las personas tengamos que asumir una condición social inferior para poder solicitarla, lo que añade una nueva fuente de estigma y autoestigma. Todos los requisitos estigmatizantes de acceso que existen actualmente, como obtener un 65% de disminución para poder optar a la pensión no contributiva, desaparecerían”, defiende el manifiesto.

Sampietro introduce una variable más que el sistema de subsidios condicionados olvida respecto a las personas psiquiatrizadas o en situación de sufrimiento psicológico: “Algo específico del colectivo de salud mental, a diferencia de otras discapacidades, es que suelen ser fluctuantes. La inmensa mayoría de los problemas de salud mental, no están siempre, a lo largo de toda la vida. No se está siempre en crisis, no se está siempre en brote, no se está permanentemente en depresión, no se está permanentemente en episodio maníaco”. Frente a este hecho el integrante de ActivaMent denuncia la perversidad del sistema, pues resulta muy difícil conseguir de nuevo una prestación no contributiva “si te arriesgas a volver a intentar incursionar en el mercado de trabajo, las personas tienen miedo a perder la única seguridad económica que tienen por más que sea miserable y se limitan muchísimas posibilidades en la vida”.

Así este miedo a perder la pensión opera como un gran impedimento para los procesos de recuperación, tengan que ver con volver al mercado laboral o no. “Por ejemplo, una persona que recibe una pensión no contributiva no se casa, por miedo a perderla, porque básicamente te la quitan. Si tu pareja tiene ingresos pues ya se supone que no lo necesitas, así el sistema actual tiene limitaciones tan graves que afectan a qué planificación de tu vida afectiva puedes hacer”, explica Sampietro.

En resumen, el activista califica este sistema como “una fábrica de infantilización, está planteado desde el paternalismo, está pensando erróneamente como si lo que nos pasa fuera irreversible, fuéramos irrecuperables, y acaba siendo una barrera a los procesos de recuperación, además de que supone una condena a la miseria y la exclusión social para muchísimas personas”.

Impugnar el cuerdismo

“El cuerdismo es el sistema casi cultural que nos subordina a nosotros y hace que estemos sometidos al resto de la gente, hay una presunción de que cualquiera que no tenga un certificado de locura está por encima de nosotros en cualquier tema y tiene la posibilidad de imponer su voluntad sobre la nuestra. Eso se refleja en los servicios de salud mental totalmente”, observa Corominas. Un sometimiento a los otros que “evidentemente si no tienes recursos económicos, es mucho más sencillo, pues resulta mucho más complicado poder tú empoderarte. Es una palabra que pueda gustar o no pero es una cuestión de empoderamiento, en el sentido de ser capaces, de poder tomar las riendas de tu vida”.

“Hay gente que elige no tener vínculos, no establecer nuevas relaciones por el miedo a las preguntas de ¿tú qué haces? ¿Cómo le explicas a alguien que tienes una pensión con 20 o 30 años?”

Para Sampietro, este cúmulo de limitaciones a la propia autonomía aleja a las personas de la posibilidad de recuperación o emancipación. “Son situaciones estructurales y sistemáticas que se podrían de una manera cambiar si hubiese una prestación no condicionada”, evalua. Y esto va más allá de lo material pues apunta a la valoración que se hacen las personas de sí mismas, “hay gente que elige no tener vínculos, no establecer nuevas relaciones por el miedo a las preguntas de ¿tú qué haces? ¿Cómo le explicas a alguien que tienes una pensión con 20 o 30 años?”.

“Una RBU permitiría romper este ciclo patologizador de la exclusión social, donde los efectos de las condiciones de vida y las respuestas institucionales que se están dando perpetúan y generan aún más exclusión. (…) sería un recurso fundamental para promover los procesos de recuperación y empoderamiento en nuestro colectivo”, concluye el manifiesto.

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