Políticas sociales postpandemia en Argentina

20.09.2020 - Buenos Aires, Argentina - Gabriel Bulgach

Políticas sociales postpandemia en Argentina
(Imagen de Pressenza vía Instituto Patria)

por Gabriel Bulgach

El Ministro de Desarrollo Social de Argentina, Daniel Arroyo, expuso en un conversatorio organizado por el Instituto Patria[i] el pasado 18 de septiembre, en el que delineó los ejes de las políticas sociales para el tiempo de la postpandemia.

Enfatizó en que durante los primeros meses del nuevo gobierno, su cartera se orientó sobre todo a sostener la cuestión alimentaria. Según expresó, el gobierno de signo neoliberal concluido el año anterior dejó un estado de situación social en el que destaca un 40% de pobreza general, 50% de pobreza en la niñez y un 40% de trabajo informal.

La primera medida de política social fue la implementación del programa Argentina contra el Hambre, poniendo un piso a la caída social ya que unas 8 millones de personas se encontraban con necesidad de asistencia alimentaria. A partir del mes de marzo, y por efectos de los arreglos sociales por la pandemia, este número creció a 11 millones de personas. Este conjunto incluye no sólo a personas sin trabajo o con trabajo informal y ocasional (que cotidianamente se alimentaban en comedores y merenderos), sino también a personas con trabajo formal y cuyo nivel salarial no alcanza a cubrir las necesidades alimentarias propias y familiares. Este programa demandó hasta Julio del 2020 una inversión de 70 mil millones de pesos.

El ministro destacó no sólo la prioridad que implica la asistencia alimentaria para el gobierno del presidente Fernandez, sino también el estado de deterioro social recibido por el nuevo gobierno.

Por la situación de crisis anterior y sumada al efecto de la cuarentena y el aislamiento social dispuesto, en 7 meses del año, el ministerio ejecutó el 140% del presupuesto anual asignado. Este esfuerzo por sostener la asistencia alimentaria, aseguró el ministro, no es sólo del Estado, sino que han estado activamente involucrados las organizaciones sociales, las redes comunitarias, el sistema educativo y también el sector privado.

Asimismo, analizó que a pesar que la cobertura de la asistencia alimentaria se potenció, no está ocurriendo lo mismo con la calidad nutricional de tal asistencia. Se observa que los gastos de las familias a través de la tarjeta  «Alimentar”, han pasado de casi un 70% de compra entre leche, fruta, verduras y carne a menos de un 50% para estos rubros de alimentación de calidad nutricional.

Como 2 factores que explican este fenómeno, el ministro subrayó por un lado, al aumento del nivel de precios de los alimentos y, por otro, al endeudamiento de las familias que ven mermados sus ingresos por disminución de la actividad en la cuarentena.

Para describir la situación actual de la política social, Arroyo puntualiza que la acción del ministerio es hoy 90% asistencia alimentaria y 10% trabajo. Para finales del año, esperan poder nivelar estos ejes en 50% de asistencia alimentaria y 50% trabajo, con la intención que en el próximo año, el eje central sea el tema del trabajo.

Según afirma el ministro, la mejor política social es dar trabajo, y refirió a que el plan se va a desarrollar en base a 3 ejes: el plan potenciar trabajo, el ingreso de base y la urbanización de 4400 barrios.

En este contexto, ya se ha puesto en marcha el plan “Potenciar Trabajo”, que vincula planes sociales con trabajo. Destaca que la reconstrucción por el trabajo viene a través de 5 sectores productivos: la construcción,  la producción de alimentos, la actividad textil, la economía del cuidado y el reciclado.

De este modo, aquellos que se encuentran recibiendo un plan social (del orden de los $8500 pesos, equivalente a la mitad del salario mínimo) deberán realizar una contraprestación ya sea en trabajo, en capacitación para el trabajo o en la finalización de la escolaridad obligatoria. Comentó que como objetivo a febrero de 2021 apuntan a generar 300 mil puestos de trabajo.

El segundo eje lo denomina “Ingreso de Base”. Desde que comenzó la cuarentena, el gobierno impulsó el IFE (ingreso familiar de emergencia) que, según informa, hoy alcanza a 9 millones de personas.

El tercer eje se refiere a la urbanización y el acceso a los servicios básicos de los 4400 barrios (usualmente denominados villas de emergencia) donde viven 4 millones de personas. Esta será una política a 10 años, que implica 440 barrios por año en los que habrá que hacer calles, veredas, pavimento, sistemas de aguas y cloacas, tendidos de las redes de energía, espacios públicos, etc. No sólo implica la concreción del derecho al hábitat, sino que es un gran plan de empleo.

Estos 3 pilares centrales de la política social que se viene, son complementados a su vez, por otros 3 sectores específicos de atención: la primera infancia, especialmente orientado a que todes les niñes tengan una vacante garantizada en el sistema de educación inicial como factor que favorece la igualdad de oportunidades. Los jóvenes y en particular, las jóvenes de 18 a 29 años con el programa “potenciar joven” para incluir a este sector con becas y capacitación.

El otro sector sobre el que se construirán políticas específicas son los pueblos originarios, donde se evidencia pobreza estructural extrema, que la pandemia complicó aún más. Estos programas girarán en torno a infraestructura, acceso al agua potable y de nutrición de calidad.

En síntesis, si la política social en pandemia estuvo esencialmente orientada a la asistencia alimentaria, la política para el tiempo que viene se estructura en: potenciar trabajo, ingreso de base y urbanización de 4400 barrios y programas orientados a niñez, jóvenes y pueblos originarios.

Según el ministro, las obligaciones de transformación social asumidas por el nuevo gobierno demandan políticas de escala (400 barrios por año, un millón y medio de jóvenes y más de 4 millones de personas con problemas de ingresos, la universalización de la educación inicial para salas de 3, 4 y 5 años) y de cambios estructurales.

Al mismo tiempo, destacó el desequilibrio territorial que implica por ejemplo que aproximadamente un tercio de la población del país vive en el 1% del territorio (AMBA). Este proceso que se iniciará con el programa “volver”, implica el apoyo al desarrollo de la nueva ruralidad y las ciudades intermedias, especialmente en los sistemas de salud y educación e incentivos para que los jóvenes no tengan que emigrar de sus comunidades a los centros urbanos.

Otro desafío se vincula con la reconstrucción de la movilidad ascendente. Qué tiene que hacer alguien en la Argentina para que le vaya bien, se pregunta el ministro: estudiar y trabajar, responde. De modo que fortalecer el sistema educativo y generar las condiciones para el empleo son las claves de la movilidad ascendente. Puntualizó acerca de cómo la pandemia hizo más notorias las desigualdades, y en particular en cómo afectó la desigualdad educativa por dificultades de los estudiantes de sostener la educación en los formatos virtuales por falta de medios (computadoras, teléfonos) y de conectividad. Sobre esto, uno de los objetivos de la política social es que todos los chicos estén en las escuelas y concluyan con su educación obligatoria.

En la tarea de reconstrucción, el trabajo es el punto central, el eje sobre el cual gira todo el resto de la política social.

[i]La exposición completa se puede ver, a partir del minuto 39.15 en:

https://www.facebook.com/watch/?v=690702304865109&extid=id3hIFsBNAPFrCP0

 

Categorías: Derechos Humanos, Política, Sudamérica
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