En conferencia con la prensa internacional, diversas organizaciones sociales agrupadas en el conglomerado Unidad Social y liderados por el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quienes se constituyeron como parte aglutinadora y representativa de una importante porción de la sociedad civil organizada en el marco del despertar social a partir del 18 de octubre del 2019, hoy dan luces respecto de las planificaciones que han consensuado llevar a cabo en el proceso constituyente, con miras a la redacción de una nueva Constitución para la República de Chile.
Porque si bien hasta hace menos de un año era impensable terminar con la Constitución Política heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, Aguilar subrayó algo en lo que todos coinciden: ha sido la ciudadanía en «modo deliberante» y en «modo desobediente» a la vez, la que ha producido el cambio «y nos tiene en este punto de inflexión, y sigue siendo la combinación de ambos factores» la que efectivamente presiona y seguirá presionando a la elite política y al poder en sí «para salir de esta camisa de fuerza», de este zapato chino con que dicha elite ha dejado orillado al pueblo para evitar su participación en el proceso constituyente, ya que tal como está la cosa bajo la Ley 21.200 creada para tal efecto por la misma elite, no hay garantías de que sean acogidas las demandas ciudadanas que han emergido desde los cabildos y asambleas, o de que se den las condiciones mínimas que aseguren igualdad de posibilidades para independientes y partidos políticos a fin de que sean elegidos como representantes constituyentes, o que temas sensibles y altamente demandados por el pueblo en estos más de 11 meses de protesta colectiva y transversal, no queden vetados de la discusión.
Estos son los cuestionamientos que Unidad Social recibió hoy de la prensa internacional y que no son otra cosa que los cuestionamientos que la misma sociedad civil movilizada por meses ha estado planteando abiertamente por los canales libres, tales como foros, redes sociales, asambleas y, en el marco de la pandemia, reuniones y conferencias en zoom y otras plataformas similares y en la presa libre o alternativa. Son los temas del debate pero son también los temas evitados en los medios de prensa masivos, que se constituyen dentro de lo establecido y funcionales al sistema.
Se trata entonces de un escenario complejo en el cual los dirigentes plantearon hoy muchas esperanzas en que de alguna forma se generarán cambios en las correlaciones de fuerza, o que los devenires de las restricciones de la pandemia aporten al escenario de forma favorable, o que el pueblo se movilice lo suficiente, pero en cualquier caso, coinciden, es un escenario incierto.
Y es que si bien el pueblo en abierta desobediencia civil, movilizado en todo el país, exigió a viva voz y día a día una Asamblea Constituyente y lo rayó en cuanto muro encontró en las calles de Chile, recibió de la clase política en pleno, de derecha a izquierda, un bofetón llamado Acuerdo por la Paz, discutido, negociado y deliberado entre cuatro paredes, en pocos días, con representantes del Congreso Nacional y conversando bajo la presión del Ministerio del Interior.
Es así que el pueblo logró el plebiscito que deseaba, pero la soberana, legítima y representativa Asamblea Constituyente fue reemplazada por una posible «Convención Constitucional» la cual, en la práctica, y a raíz de la normativa electoral que se le adjudicó para llevarse a cabo la elección de sus miembros, dejará fuera a todo representante independiente, a todo ciudadano o dirigente de las organizaciones de la sociedad civil que no militen en algunos de los partidos políticos representados en el Congreso y que justamente son abierta y ampliamente cuestionados y rechazados por la ciudadanía.
Entonces, así como van las cosas, tendremos a los mismos de siempre, a los cuestionados, a «los del problema» como se dice, a cargo de «las soluciones», y hasta ahí llegó la legitimidad universal, nuevamente, de una Constitución en Chile, es decir, es nula.
Cabe mencionar que sólo la presión popular callejera, las protestas a todo evento, altamente masivas y transversales, catárticas, sin líderes únicos y claros con quién «negociar» luego de la rebelión de octubre, orilló al gobierno y a la clase política hasta el punto de tener que acceder a cambiar la carta constitucional, algo impensado tan solo 24 horas antes de ese viernes 18 de octubre pese a que la escalada de manifestaciones sociales previas a dicha fecha se agudizó durante todo el año pasado y se creó Unidad Social como entidad aglutinadora de los diversos movimientos reivindicativos.
«Queremos cambiarlo todo», ha sido la consigna y la demanda, pero con el «Acuerdo» firmado y la traición que la ciudadanía recibió de la clase política, como una puñalada más de un sector considerado elite privilegiada y desconectada de la realidad social, no será posible la representación popular que gestó esta posibilidad única en la historia de Chile, de que una Constitución Política sea esgrimida y representativa de la verdadera y transversal voluntad popular. Se hace evidente que sí existe el conocimiento de tal voluntad popular por parte de las elites y también que no la comparten. A última hora tenemos entonces la verdad revelada: es el pueblo de Chile en contra de la elite político empresarial que maneja y es dueña del país. Casi los todos contra casi esos pocos. Menudo gallito de fuerzas.
Es por eso que en esta conferencia de prensa ofrecida por representantes de Unidad Social a la prensa extranjera se dio de lleno con tres áreas de cuestionamiento que dicen relación con la falta de legitimidad de las normativas y limitaciones de dicho Acuerdo, con cómo saldar aquello para lograr finalmente conseguir lo que pueblo exige y que permitiría los verdaderos cambios que se esperan y tienen que ver con el Chile que la gente sueña construir, y con cómo sistematizar y plasmar en la nueva Constitución todas las ideas que fueron sintetizadas por la ciudadanía en su conjunto en el marco de los innumerables cabildos ciudadanos masivos, autoconvocados, democráticos y representativos que soberanamente el pueblo viene realizando desde el estallido social a la fecha y cuyos contenidos han ido siendo sistematizados por comités de Unidad Social y otras entidades implicadas en el proceso, es decir, esa voz del pueblo que ya está dicha y escrita.
Y entonces, ¿cuál es el plan?. Es una discusión que hoy posee más interrogantes que certezas respecto de la operatividad o de la estrategia para conseguir dichos objetivos y que a su vez se presiona con la urgencia del plebiscito de octubre, es decir, está encima, y en donde primeramente el pueblo deberá decir si aprueba o rechaza la idea de crear una nueva Constitución, y el mismo día, en una segunda papeleta, deberá decidir si quiere que dicha Constitución la redacte una Convención Mixta (formada por parlamentarios y sociedad civil, pero en la práctica políticos del establishment), o por una Convención Constitucional (que sólo sea conformada por sociedad civil pero que en la práctica los elegidos serán los mismos políticos del establishment debido al sistema electoral que se le adjudicó para ser escogida y que hace inviable que se escoja a un independiente sin lista política de partidos).
En este marco y en esta urgencia, las organizaciones sociales declararon hoy que han planificado realizar una Franja Política Alternativa, puesto que no tienen espacio oficial ni asignación de recursos en el marco oficial de este proceso, como sí lo tienen los partidos políticos tradicionales. También han anunciado la realización de un Concierto Constituyente y de una Consulta Nacional, obviamente alternativa, que otorgue al pueblo algún grado de la participación que la clase política le negó en este proceso histórico. Dicha consulta está planificada para ser realizada por internet los días 29 y 30 de septiembre pero claramente no es vinculante, pero sin duda establecerá un piso, un punto a considerar por el poder político, o al menos a eso apunta.
De alguna manera Unidad Social está apostando a que todo sume. «Los profesores hemos estado muy activos en este tiempo», explicó Aguilar, mientras que Camilo Mansilla de Modatima (defensa del agua) precisó que el trabajo y la movilización en conjunto con la sociedad civil se ha dado y deberá seguir dándose de forma «no paternalista y debe ser de carácter territorial», estando claros que si hay algo que define a esta rebelión popular y a todo este proceso es el carácter legítimo del mismo. Claramente la inquietud radica en que en esta aceptación de la reglas del mentado «Acuerdo» impuesto para llevar a cabo este proceso constituyente en Chile, podría leerse como una validación del mismo y así echar por tierra la posibilidad posterior de cambiarlo o de realizar finalmente lo que el pueblo pide a gritos.
Pero también es cierto que en el marco de esta aceptación de «todas las formas de lucha» como mencionó el representante de NO+AFP, existe la posibilidad de que la presión logre esgrimir desde el Congreso una suerte de Ley express que revoque las limitantes de este «Acuerdo» y permita la efectiva participación popular o en el mejor de los casos una Asamblea Constituyente, y esa es la carta a jugar por lo pronto, al parecer, ya que Aguilar sostuvo que es «a través de la presión popular que nos podremos sacar esta camisa de fuerza», mientras que otra dirigente subrayó que en realidad este proceso constituyente ya comenzó el 18 de octubre del año pasado de forma legítima y soberana, convocado y llevado a cabo por el pueblo mismo y que pase lo que pase «el proceso ya está en marcha y no lo podrá detener esta institucionalidad impuesta».
Demoras más, demoras menos, acontecimientos más, o acontecimientos menos, con o sin pandemia, antes o después de la vacuna milagrosa, con arreglines políticos o por sobre ellos, finalmente y con todo, la ecuación para que el pueblo logre su objetivo sigue siendo la misma que nos tiene a las puertas de una posibilidad cierta de cambio: la organización territorial, reflexión y demanda colectiva, sumada la movilización masiva y rotunda en las calles que logre desestabilizar y poner el jaque la gobernabilidad del país una vez más. Es la misma clase política de elite la que ha dejado de manifiesto que esa es la única salida pues sólo así hasta ahora han reaccionado a las demandas populares, o en otras palabras, han respondido, en algo, a la voluntad de sus mandantes.
