Por Ana Gabriela Molina Meneses
Se aceptó la acción de protección y medidas cautelares a favor de las comunidades de Intag, en la provincia de Imbabura. Su defensa por el agua, la biodiversidad y la vida han sido una lucha por más de 20 años contra el proyecto minero Llurimagua, en Junín, a cargo de la empresa estatal COLDELCO (Chile) en conjunto con la empresa estatal ENAMI (Ecuador), con las cuales se promueve la imposición por la megaminería en la zona.
Intag: montañas cercenadas
Este fallo a favor de las comunidades, considerado histórico, se dictó el jueves, 24 de septiembre de 2020, por Carmen Inés Jaramillo Cevallos, Jueza Constitucional de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Cotacachi. La decisión se basa en la presentación de pruebas sobre la existencia en esos territorios de la Rana Arlequín Hocicuda y la Rana Nodriza Confusa, ambas especies protegidas que viven en el espacio que se desarrolla el megaproyecto. Además, de la constante lucha histórica de las comunidades por sus territorios.
En las acciones judiciales se protegen los derechos de la naturaleza, solicitando que el Ministerio del Ambiente (MAE) en término perentorio de tres meses cumpla con las observaciones realizadas por la Contraloría General del Estado (CGE), sobre los daños ocasionados en la primera fase de explotación minera.
Asimismo, la búsqueda de entidades públicas o privadas, entre ellas se pueden designar a Universidades acreditadas para que se analice y realicen observaciones al Informe de Impacto Ambiental producido por las empresas contratadas por la operadora, y se produzca otras investigaciones tomando en cuenta a las comunidades y municipio local. Sin estos estudios no se cumplirán los requisitos de la sentencia y se podrá revocar la licencia o plan ambiental.
