Por Elisabeth Ungar Bleier*
Razón tenía Michel Forst, entonces relator de DD. HH. de Naciones Unidas, cuando afirmó que Colombia es uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos. Son cientos de líderes y lideresas sociales asesinados por defender los derechos de sus comunidades, por proteger el medio ambiente, por intentar recuperar las tierras que les fueron arrebatadas por actores armados, por exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz, por clamar que se conozca la verdad, se haga justicia y se repare a las víctimas de más de seis décadas de conflicto armado. Por defender la vida y la paz.
Con cada lideresa o líder social asesinado, no solo le están quitando la vida a una persona. Los perpetradores de estas muertes están dejando una estela de dolor, abandono, impotencia, rabia e indignación en miles de personas que ven destrozados sus sueños y su esperanza de poder vivir en condiciones dignas. Para no hablar de los cientos de padres, madres, hermanos, huérfanos, nietos, amigos, compañeros y compañeras de vida y de lucha a quienes les arrebatan a sus seres queridos y lloran su partida en silencio.
Hoy, como lo han hecho durante las últimas semanas los columnistas de varios medios de comunicación, quiero honrar y rendirle un homenaje a la vida y la lucha de tres de estos líderes¹.
Dilio Corpus Guetio era un indígena campesino de 44 años que se dedicaba a la agricultura. Fue integrante de Asocordillera y de la Guardia Campesina de Suárez, Cauca, y presidente del Comité de Cocaleros de la Vereda de Playa Rica, encargado de verificar la sustitución de cultivos. Tanto sus familiares como allegados señalaron que no conocían amenazas en su contra y que él nunca manifestó tenerlas. Sin embargo, cuando iba rumbo a su trabajo en una moto con su hermana, lo asesinaron en el corregimiento La Betulia. Como en tantos otros casos, aún se desconoce quiénes lo hicieron.
Nixon Mutis Sossa nació en El Playón, Santander. Llegó como desplazado a la vereda El Chaparral, en Cantagallo, Bolívar. Allí ejerció durante diez años la presidencia de la Junta de Acción Comunal y en 2015 comenzó a liderar proyectos de sustitución de coca en el municipio. Fue asesinado el 30 de enero de 2018 y su cuerpo fue abandonado a orillas del río Cimitarra. Su esposa recogió sus ideales y asumió el liderazgo de la comunidad.
María Yolanda Maturana fue asesinada a los 59 años en Pueblo Rico, Risaralda. Gran parte de su vida la dedicó al cuidado del medio ambiente. Como presidenta de la Asociación de Ambientalistas de Flora y Fauna, su lucha de más de tres décadas se centró en denunciar la minería ilegal y la contaminación de las fuentes hídricas en su departamento y en el Chocó. En algunas ocasiones les manifestó a algunos colegas que su vida corría peligro. Sin embargo, como tantos otros líderes, no confiaba en las instituciones del Estado. Y tenía razón. El 1° de febrero de 2018 la mataron. El 20 de febrero el presunto responsable fue detenido y, según el director seccional de la Fiscalía, el motivo del crimen fue silenciar a María Yolanda para que no revelara el nombre del presunto responsable de un homicidio. El esposo de Maturana había corrido la misma suerte en 2015.
* Analista. Ciudadana contra la corrupción y por la transparencia de un país en paz. Columnista de El Espectador y profesora de la Universidad de los Andes.
¹ Gracias a Colombia 2020 y a Somos Defensores por facilitarme información sobre estos líderes.
Este artículo es parte de una serie escrita por columnistas colombianos, en memoria de los líderes sociales asesinados en su país. Lea otras columnas ya publicadas en Pressenza, en este enlace.
