El tribunal administrativo del departamento de Cundinamarca falló a favor de la tutela interpuesta por 25 congresistas de la oposición en Colombia, en el caso de la supuesta misión de apoyo en la lucha contra el narcotráfico en cinco zonas del país, por la que arribaron el pasado mes de mayo un grupo de 53 militares de los EEUU, que esperaban en la base militar de Tolemaida comenzar su actuación, mientras se cumplían los días de aislamiento preventivo, luego de su llegada.

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La suspensión por parte del Tribunal, se da porque congresistas de oposición argumentaron desde que se supo de la medida, que la orden para esta presencia de tropas extranjeras en el país debió pasar por el legislativo y no como una decisión unilateral del Gobierno, pues constituye una violación a la Constitución y una extralimitación de las funciones presidenciales. Por eso ahora, según la orden, el ejecutivo tendrá que entregar “toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos de América”.

Es claro el Tribunal al afirmar que la presencia de los militares estadounidenses debió ser consultada al Senado y al Consejo de Estado, porque se trata de un asunto de soberanía nacional. Por su parte el Ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha dicho que el gobierno acata la orden de suspensión, pero que igualmente impugnarán el fallo para su revisión ante el Consejo de Estado. Por el momento, senadores de oposición piden al Congreso anular esta presencia de los militares de los EEUU por considerarla una violación a la soberanía nacional y al artículo 173 de la Constitución Política, donde se hace alusión a las funciones del Senado, una de ella es “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”.

Cabe recordar que el Gobierno anunció que la presencia de los militares de los EEUU se prolongaría por 4 meses en las llamadas Zonas Futuro (Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba y Arauca), para sustituir cultivos ilícitos por economías lícitas. Todo esto se ha dado en medio de permanentes tensiones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, sobre todo después de un presunto plan de intervención, denunciado por las mismas autoridades del país vecino, tras la captura de dos ex militares estadounidenses y varios mercenarios que, según las versiones de las fuerzas armadas venezolanas, pretendían desarrollar un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

El próximo 20 de julio, después de que culmine el receso del Congreso colombiano, se comenzará a discutir el tema.