Dentro de la acción de incumplimiento interpuesta por el colectivo Acción Jurídica Popular, la Corte Constitucional del Ecuador dictó medidas cautelares en las que dispuso al «Ministerio de Economía y Finanzas, así como a las demás autoridades de la función ejecutiva que corresponda, que suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior.»

Adicionalmente, la Corte detuvo los efectos de la Circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C emitida por el Ministerio de Economía en relación a los presupuestos de las instituciones de educación superior. Se trata de una decisión inicial que puede ser revisada dado que ahora corresponde a la Corte analizar los argumentos de fondo y determinar si, en efecto, ha habido incumplimiento a los parámetros constitucionales que deben regir en estado de excepción, en lo referido al presupuesto para la educación. Es posible que en las próximas semanas se cuente con una sentencia definitiva, dada la prioridad del tema. Vale recordar que existen otras causas pendientes de resolución por el mismo tema, entre ella una acción por incumplimiento interpuesta por varias universidades y el análisis que la Corte debe hacer al respecto en el marco de la verificación a la fase de cumplimiento.

Es indispensable que organizaciones sociales, movimientos, estudiantes y docentes mantengan activas las formas de exigibilidad social y también la recopilación de información y envío de escritos de amicus curiae a la Corte Constitucional. Todos estos elementos serán de utilidad para que este órgano jurisdiccional adopte la decisión más favorable en la protección del derecho a la educación.

Desde el anuncio del gobierno de Lenín Moreno de reducción de 100 millones de dólares al presupuesto de las instituciones de educación superior del país, los plantones estudiantiles y docentes, las acciones jurídicas, las campañas en las redes digitales, no han cesado. La reducción significaría, entre otras muchas consecuencias, la eliminación de becas para las especialidades en medicina, la suspensión de carreras y el despido de docentes en todas las instituciones.