Es legítimo, compasivo y coherente con una mirada humanista priorizar la dignidad humana sobre el castigo. El problema es que esta “Ley Humanitaria” fue hecha a la medida de los asesinos de Punta Peuco, al no hacer distinciones entre delitos comunes y las violaciones a los DDHH, contradiciendo toda la legislación internacional y los tratados firmados por Chile, como el Estatuto de Roma (2002) entre otros, que excluyen de otorgar beneficios a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, salvo que cumplan con condiciones muy precisas: cooperación efectiva en la investigación y arrepentimiento, entre otras atenuantes.

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de un espectáculo chocante y peligroso. Una verdadera campaña de blanqueamiento de imagen de torturadores y asesinos condenados por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante los años de la dictadura.

Este “blanqueamiento” hace pie en una ley impulsada en el contexto del COVID-19, que busca conmutar penas por las condiciones de hacinamiento en las cárceles a reos que no estén condenados por delitos de sangre, delitos sexuales o por violaciones a los DDHH.

Senadores y diputados de la derecha aprovechando este recurso levantaron, por separado, requerimientos ante el Tribunal Constitucional para que los torturadores y asesinos de la dictadura puedan optar a este beneficio, a fin de conmutar sus penas por arresto domiciliario, tratando de torcer en forma perversa una iniciativa que originalmente estaba destinada a delincuentes de baja peligrosidad y no a criminales de lesa humanidad.

Acto seguido y acatando la presión de parlamentarios de Chile Vamos, el Gobierno decidió darle suma urgencia a un proyecto que está desde diciembre del 2018 en el Congreso: la “Ley Humanitaria”. La idea de ese proyecto es que personas privadas de libertad puedan acceder a beneficios penitenciarios, considerando aspectos como la edad avanzada, enfermos crónicos que no puedan valerse por sí mismos, enajenados mentales y personas con enfermedades en fase terminal. El argumento de los líderes de la derecha ha sido el de igualar las condiciones de todos los presos, desconociendo las condiciones privilegiadas de privación de libertad de los violadores de los derechos humanos en el «resort cinco estrellas» de Punta Peuco, que no son ni de cerca las que existen en las demás cárceles del país.

Es legítimo, compasivo y coherente con una mirada humanista priorizar la dignidad humana sobre el castigo. El problema es que esta “Ley Humanitaria” fue hecha a la medida de los asesinos de Punta Peuco, al no hacer distinciones entre delitos comunes y las violaciones a los DDHH, contradiciendo toda la legislación internacional y los tratados firmados por Chile, como el Estatuto de Roma (2002) entre otros, que excluyen de otorgar beneficios a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, salvo que cumplan con condiciones muy precisas: cooperación efectiva en la investigación y arrepentimiento, entre otras atenuantes. Claramente los “abuelitos” de Punta Peuco no cumplen con ninguna de ellas.

El relanzamiento de esta iniciativa en este momento, no es más que la continuación de una defensa corporativa que surge como resultado de una grotesca transacción entre el Gobierno y sus parlamentarios, para que éstos no insistieran en recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Por su parte y en plena pandemia, el 8 de abril el sacerdote jesuita y ex rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, presentó un recurso de amparo “en favor de los presos condenados por delitos de DDHH”. Pareciera que el Sr. Montes olvida que estas personas no han mostrado ni siquiera algo que se supone trascendental para el mundo religioso: el arrepentimiento sincero, que permita enmendar el dolor producido a cientos de familiares y a miles de personas que aún esperan conocer la verdad sobre el paradero de sus seres queridos. Asimismo, el capellán de Gendarmería, Luis Roblero, se refirió a estos presos como “los abuelitos de Punta Peuco”, como si se tratara de un grupo de ancianitos bondadosos y cariñosos.

Siguiendo con este blanqueo, hace pocos días el Presidente, Sebastián Piñera, se mostró “disponible” para analizar la liberación de personas “sin distinción del delito”, abriendo las puertas nuevamente a la liberación de los asesinos de Punta Peuco. Y para rematar, el ex Presidente, Ricardo Lagos, aparece en escena afirmando que él no distinguiría entre presos por delitos comunes y violadores de los Derechos Humanos.

Estamos nuevamente frente al guion de la impunidad, una farsa ya conocida cuyos personajes estelares son diputados y senadores de la extrema derecha, presidente y ex presidentes, sacerdotes y capellanes, sin olvidar al militar retirado y al opinólogo de matinal. Sería bastante más beneficioso para el país, si aprovecharan este impulso para exigir a esos “abuelitos” que, de una vez por todas, cooperen con la justicia y den algo de tranquilidad a los familiares de las víctimas. Así, en vez de hablar tanto de «Ley Humanitaria», podrían aportar en algo a la construcción de una sociedad verdaderamente humana.