Por Praveen S. / Brasil de Fato
Traducción de Pressenza

Ciudadanos que protestan contra la ley que discrimina a los musulmanes son el principal objetivo. Los heridos llegan a 183.

La violencia de la policía y los grupos de extrema derecha contra los manifestantes que critican las nuevas normas de ciudadanía de la India, causó 21 muertos y 183 heridos en los últimos tres días en la capital, Nueva Delhi. En total, más de 40 personas fueron asesinadas en conflictos ligados a ese tema desde diciembre, cuando el primer ministro del país, Narendra Modi, firmó una enmienda a la ley de ciudadanía del país (CAA por su sigla en inglés).

Las escuelas están cerradas y las «reuniones de personas en lugares públicos» están prohibidas desde el martes (25). La orientación del gobierno local es remitir a las víctimas al Hospital Guru Teg Bahadur, uno de los más grandes de la capital, con 2.500 camas. Diecinueve de las 21 muertes confirmadas ocurrieron en ese establecimiento.

Los partidos políticos y las organizaciones que se oponen a la CAA, se manifestaron públicamente responsabilizando a la policía de los asesinatos.

El Partido Comunista Marxista Indio (PCI-M), por ejemplo, «condenó enérgicamente lo que parece ser una violencia planificada en Delhi por parte de grupos pro-CAA, con el respaldo de la policía contra las protestas pacíficas y democráticas», según un comunicado publicado el 25. «Exigimos que la policía de Delhi detenga este comportamiento poco profesional y actúe rápidamente para detener la violencia», dice el texto.

El CPI-M, como los principales partidos de izquierda del país, piden al gobierno que reconozca el fracaso de la policía y convoque al ejército para que trate de erradicar la violencia en la capital.

El Ministro del Interior Amit Shah dijo que la violencia no es planificada, sino «espontánea», y que el gobierno está monitoreando la acción de la policía y estudiando formas de contener los conflictos.

La Corte Suprema también fijó posición el miércoles (26), señalando «falta de independencia y profesionalismo de la policía respecto a los disturbios». El mismo día, el ministro jefe de Delhi, Arjind Kerjiwal, imploró que el ejército fuera enviado a la región noreste de la capital.

Los principales partidos de izquierda del país, piden al gobierno que reconozca el fracaso de la policía y convoque al ejército. Foto: captura de video

Antecedentes

Varias calles de la capital han sido bloqueadas desde diciembre por manifestantes anti-CAA que afirman que esta enmienda, al igual que el nuevo Registro Nacional de Ciudadanos (NRC), discrimina a la población musulmana y pretende relegarla a la condición de inmigrantes ilegales. Desde 2019 ya están funcionando campos de detención en el estado de Assam.

Las protestas fueron pacíficas hasta el domingo (23), cuando Kapil Mishra, miembro del Partido Popular Indio (BJP) –el mismo del Primer Ministro–, incitó a sus aliados a practicar actos de vandalismo para tratar de desbloquear las calles públicas. Esta actitud fue confirmada por la policía de Delhi, que ordenó el desbloqueo de algunas calles en hasta tres días, coincidiendo con la llegada del presidente de EE.UU. Donald Trump a la ciudad.

Los movimientos anti-CAA acusaron a la policía de usar gas lacrimógeno contra un acto pacífico y de permanecer pasiva mientras los partidarios del gobierno, en mayor número, tiraban piedras hacia el lado opuesto de la calle.

Los actos en defensa de la enmienda de la ley de ciudadanía están dirigidos por el grupo paramilitar de extrema derecha Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). El BJP, partido de Narendra Modi, es uno de los brazos de esta organización ultranacionalista, que pretende «refundar» la India sobre la base de los valores del hinduismo, la religión predominante en el país.

La postura de Misha y las fuerzas de seguridad de la capital provocaron la revuelta de ciudadanos que se oponen a la enmienda y al NRC. Exaltados, ellos también comenzaron a tirar piedras, e incendiar docenas de tiendas, casas y coches en el distrito de Jaffrabad, al noreste de la capital. Ratan Lal, un miembro de la policía de Delhi, murió de una pedrada en la cabeza el pasado lunes (24).

La muerte de Lal intensificó aún más la represión. Desde entonces, se han confirmado al menos otras 20 muertes, la mayoría de ellas por armas de fuego.

Los puntos de la capital donde se registraron los principales actos de violencia son Khureji, Maujpur y Chand Bagh, todos en la región noreste. En esos barrios, casas de familias musulmanas fueron atacadas grupalmente con ladrillos, barras de bambú y de hierro. También se saquearon mezquitas mientras Trump hablaba junto a Modi, poniéndose a disposición para ayudar en la lucha «contra el terrorismo».

La violencia contra los musulmanes es uno de los sellos de la carrera política de Narendra Modi. Foto: captura de video

Lo que está en juego

Con las nuevas normas de ciudadanía firmadas en 2019, los musulmanes que no puedan demostrar que viven en el país hace más de 11 años, dejan de ser considerados ciudadanos indios. Al mismo tiempo, las reglas se vuelven más indulgentes para las personas de otras religiones. Alrededor del 14% de los indios son musulmanes, mientras el 80% sigue el hinduísmo.

Uno de los pilares de la Constitución de la India de 1947 es el laicismo, es decir, la libertad de creencias y la separación entre iglesia y estado. Modi fue el primer Jefe Ejecutivo de la India en firmar un texto que condiciona la ciudadanía a la religión.

La Suprema Corte, compuesta en su mayoría por aliados del Primer Ministro, analizó la nueva ley de ciudadanía y decidió que no implica violaciones a la Constitución.

La violencia contra los musulmanes es uno de los sellos de la carrera política de Narendra Modi. Ex ministro jefe del estado de Gujarat (extremo occidental de la India), fue acusado de connivencia con la masacre de 790 musulmanes en el estado entre febrero y marzo de 2002. Diez años después, el político del BJP fue absuelto por la Suprema Corte, proyectándose como una figura pública y asumiendo el cargo de Primer Ministro de la India en 2014.

Desde su juventud, Modi ha estado afiliado al grupo paramilitar RSS.

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