Han pasado pocas semanas desde el golpe de estado en Bolivia y las peores expectativas respecto a las intenciones de los golpistas se han confirmado.
Evo fue “invitado” a renunciar por el jefe de las Fuerzas Armadas, en medio de un brutal acoso. El Congreso, compuesto por una mayoría de diputados y senadores del MAS, fue postergado y ninguneado en la elección de la señora Añez, que no tiene ni legitimidad ni legalidad para ejercer la presidencia de Bolivia. Y sus acciones posteriores siguen profundizando en su desprecio a la ley. No solo ha violentado la Constitución boliviana, también el más mínimo sentido de humanidad, al dar licencia sus fuerzas armadas para disparar a los que salgan a las calles a protestar por este estado de las cosas. No hace falta decir que le importa muy poco el derecho internacional, el derecho a refugio o la inviolabilidad de embajadas y de diplomáticos.
Resulta escandaloso que algunos estados reconozcan a este gobierno infame. Un gobierno ilegítimo, ilegal e inmoral, porque todo el que lo reconozca está siendo cómplice de su barbarie.
Parece claro que detrás de este golpe ha habido una planificación por parte de sectores de la oposición, del Ejército y la Policía, y del Gobierno de los Estados Unidos con apoyo de sus aliados regionales, para eliminar la figura de Evo Morales y sustituirlo por alguien afín a sus intereses. Aunque su diseño es muy diferente a lo que antaño se hacía en América Latina para conseguir estos fines, las intenciones son las mismas. Hasta hace pocas décadas, era el Ejército el que salía a la calle aprovechando alguna coyuntura, vencían las resistencias que pudieran encontrar por parte del poder legítimo establecido, y se establecía un nuevo régimen, acorde con los intereses que defendían los grupos que se parapetaban detrás de los militares.
Ahora estamos en el siglo XXI, y resulta evidente que para dar un golpe de Estado la intoxicación informativa (mentiras, postverdad, fakenews, o como quiera llamársele) es una herramienta muy valiosa para que las fracturas sociales puedan incendiarse y generar estallidos de violencia incontrolados. En Bolivia han catalizado un conflicto que no proviene de los años de Evo, sino que es mucho más antiguo: el factor étnico y, vinculado a él, el factor religioso. Los pueblos indígenas, históricamente discriminados y postergados, alcanzaron estos años un reconocimiento explícito en la Constitución boliviana; y sus representantes, democráticamente elegidos, estaban al frente del Gobierno, del Parlamento, de alcaldías y de numerosas instituciones. A la par, las lenguas y espiritualidad indígenas también fueron reconocidas por el estado boliviano. No en vano, Bolivia se definió como un país plurinacional, con diversidad de pueblos, etnias, lenguas y religiones. La no aceptación de este hecho, implicaría la imposición de una lengua, de una religión o una etnia por parte de una minoría.
Así, en las primeras protestas por los supuestos resultados electorales fraudulentos, se detectaba el racismo y el fanatismo religioso que tuvieron las movilizaciones contra Evo. Lo hemos visto netamente en las humillaciones intolerables a cargos electos de etnia aymara, y en la esperpéntica aparición de Jeaninne Añez blandiendo amenazadoramente una Biblia tamaño extra grande como si fuera un arma para golpear a los paganos. Los fundamentalistas cristianos, encabezados por los evangelistas, se han puesto al frente de las manifestaciones de odio.
Es necesario detener esta espiral de odio y fanatismo. Los humanistas llamamos a los países de la Unión Europea y de América Latina para que dejen de dar cualquier reconocimiento a ese gobierno y para que ayuden a desactivar los altos niveles de violencia que está sufriendo el pueblo boliviano.
Queremos para Bolivia, como para toda América Latina, el respeto de su diversidad étnica y de lenguas, de su libertad de religión y creencias, el imperio de los derechos humanos, civiles y políticos de sus ciudadanos y el respeto a su derecho a caminar hacia una sociedad de iguales oportunidades para todos, sin exclusiones ni discriminaciones.
