El próximo 23 de noviembre, a las 11:30 horas, en la Plaza de Callao de Madrid, tendrá lugar una concentración contra la llamada «externalización de las fronteras» europeas, o lo que es igual la «venta» de las fronteras por parte de la Unión Europea a países límitrofes como Marruecos, Libia o Turquía, violando con ello de modo flagrante los derechos humanos más elementales de las personas migrantes.

En los últimos años se han sucedido acuerdos entre la UE y países de tránsito migratorio, como Libia, Turquía y Marruecos, que tienen como fin externalizar la frontera europea y frenar la inmigración, sin importar que esta “cooperación” conduzca a graves violaciones de derechos humanos.

¿Qué es la externalización de fronteras?
En una nota de prensa, las organizaciones convocantes lo explican de este modo:
«Se traduce en pagar a los países del sur para que hagan el “trabajo sucio”: la UE transfiere fondos y hace favores políticos a terceros países (Libia, Turquía, Marruecos) para la construcción de muros, concertinas y centros de detención, formación de policía fronteriza y suministro de barcos, para así blindar las fronteras europeas.

Esta colaboración, a menudo disfrazada de “cooperación internacional” y financiada con el dinero de los contribuyentes europeos, ha servido para atrapar a los migrantes en estos países de tránsito.

El caso de Libia, país sin gobierno estable y arrasado por una guerra, es especialmente espeluznante. Las personas interceptadas en el Mediterráneo por la guardia costera libia, entrenada por la UE, son inmediatamente devueltas a Libia y encerradas en centros de detención en condiciones de miseria. Según un sinfín de testimonios directos, informes de ONGs, de la UNCHR y de la misma Comisión Europea, allí los migrantes sufren tratos inhumanos: tortura, extorsión, ejecuciones, violencia sexual y trabajo forzoso.
Turquía y Marruecos no se quedan atrás al hacinar a miles de personas en campos sin las condiciones higiénicas mínimas, al practicar redadas violentas y deportaciones, y al vulnerar sistemáticamente el derecho a la protección internacional.
Las autoridades de la UE que pretenden no ensuciarse las manos, tienen responsabilidad directa en las muertes migratorias, así como en las violaciones de derechos humanos por parte de estos terceros países, financiados y entrenados por la Unión!»

Por ello, los organizadores piden a la Comisión Europea de Migración y Asuntos de Interior y a los Ministros de Asuntos Interiores de España, Italia y Grecia:

El cese de la colaboración con países que abusan de esta forma de los derechos humanos de las personas migrantes.
El cierre de los centros de detención libios y un plan de evacuación de la población migrante a lugares donde su vida no peligre.
La apertura de corredores humanitarios y vías seguras para dar una alternativa real a las peligrosísimas rutas migratorias actuales.