Este martes y miércoles se presentaron casos en Ginebra ante el Comité de la ONU; también se destacaron las condiciones en las cárceles, la trata de personas y el trato a los refugiados; las conclusiones finales se publicarán en diciembre.

La violencia policial, las condiciones carcelarias, el trato a los solicitantes de asilo y la violencia doméstica son las áreas de mayor preocupación para el Comité de la ONU contra la tortura en Portugal.

Los temas fueron discutidos este martes y miércoles en Ginebra durante una evaluación periódica en el marco de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Policía

El coautor del informe sobre Portugal, Bakhtiyar Tuzmukhamedov, citó denuncias de malos tratos policiales, para castigar a las personas o para obtener confesiones.

El experto destacó un informe de la Comisión Europea que menciona los casos de violencia por motivos raciales y afirmó que el nivel de brutalidad policial contra negros ha aumentado en los últimos años.

Con respecto a esto, el experto mencionó el caso de Cova da Moura, donde ocho agentes de la policía fueron acusados de violencia contra seis personas, pero sólo uno fue condenado.

En respuesta, el representante permanente de Portugal ante las Naciones Unidas en Ginebra, Rui Macieira, afirmó que la sentencia demuestra que la policía portuguesa «no está por encima de la ley» y recordó la compensación monetaria concedida a las víctimas.

Mujeres

En cuanto a la violencia de género, los informantes han afirmado que el número de mujeres asesinadas por sus cónyuges «ha aumentado drásticamente».

En 2017, 1 462 personas fueron condenadas por estos delitos, pero informantes afirman que las sentencias «no siempre son proporcionales a la gravedad de los delitos».

El Embajador Macieira dijo que «la lucha contra la violencia doméstica es una prioridad» del gobierno portugués. Según él, ya se han abierto 25 refugios de emergencia en todo el país, que prestaron apoyo a 1 765 víctimas en 2018.

Rui Macieira también dijo que el país ha fortalecido la formación de magistrados en la materia, realizando cuatro cursos en 2018 y 2019 que beneficiaron a cientos de jueces. También se llevaron a cabo campañas públicas y se elaboró un procedimiento policial para proteger a las víctimas en un plazo de 72 horas a partir de la presentación de la denuncia.

Prisiones

Los informantes también han llamado la atención sobre la masificación en algunas cárceles. El informe plantea preguntas sobre el tratamiento de los presos con trastornos mentales y un número relativamente alto de suicidios.

En 2018, 54 personas murieron en las cárceles portuguesas. Once fueron suicidios. En 2019, hasta la fecha, han muerto 54 personas, entre ellas nueve suicidios.

En respuesta, el director general de los Servicios Penitenciarios y de Rehabilitación, Rómulo Mateus, informó que el país gastó unos 5 millones de euros en 2017 en la salud de los presos. Al año siguiente, aumentó este gasto a 9,8 millones de euros y en 2019 debería gastar más de 10 millones de euros.

Rómulo Mateus describió el sistema de salud en las prisiones, afirmando que todos los detenidos son atendidos por un médico en las 72 horas siguientes a la detención y que el sistema emplea a 10 psiquiatras a tiempo completo.

El jefe de las prisiones portuguesas también destacó un nuevo sistema de vigilancia electrónica que ha liberado a unas 2 000 personas y una norma que limita la estancia de los detenidos en las celdas disciplinarias durante un máximo de 15 días.

También se refirió a otras medidas que redujeron el número de personas en detención preventiva alrededor del 17% del número total de detenidos. La media europea es del 26%.

Migrantes y trata de personas

Otro informante, Heller Rouassant, afirmó que Portugal ha recibido menos refugiados de los previstos en el programa de reasentamiento de la Unión Europea establecido en 2015. Aun así, Portugal ocupa el quinto lugar entre los países que más refugiados han recibido.

El experto mencionó el aumento del número de víctimas de la trata de personas. Según él, el país «parece haberse convertido en un punto de tránsito entre África y Europa».

En 2018, las autoridades identificaron a 26 víctimas de la trata de personas, en su mayoría mujeres africanas. Desde 2013, el país ha concedido permisos de residencia a 60 víctimas de la trata.

La delegación también respondió a las preguntas de los miembros del Comité sobre la integración de los pueblos romaní y cinti, también conocidos como gitanos, y la lucha contra la discriminación racial.


Traducción del portugués por Erika Rodriguez

El artículo original se puede leer aquí