Sra. Marcela Cubillos Sigall:

Junto con saludarla, nos presentamos: somos AUCH, Autoras chilenas. Por medio de esta carta, queremos manifestar algunas aprensiones y consideraciones respecto de la situación que actualmente afecta a las y los estudiantes de Chile, sobre todo en lo que se refiere a su protección y al resguardo de su integridad física, psíquica y social.

En primer lugar, nos inquietan una serie de medidas y decisiones que van en desmedro de lo estipulado no sólo en la declaración de los derechos del niño, sino que también, en la forma en que el MINEDUC se ha hecho cargo de vulneraciones de menores de edad en el marco de las movilizaciones nacionales.

Tomando como punto de referencia, el documento “Orientaciones para apoyar a las comunidades educativas en el contexto actual”, publicado con fecha miércoles 13 de noviembre en la página oficial del MINEDUC, es que consideramos que el ministerio no actúa en concordancia con lo sugerido actualmente a las instituciones educativas en una diversidad de puntos.

En este documento, el Ministerio expresa que la escuela debe “conformar un entorno protector”, lo que “implica, en primera instancia, generar las condiciones pedagógicas para la libre expresión de ideas y opiniones, en un marco de respeto mutuo, de escucha activa, y de estricto cumplimiento de los Derechos Humanos y, especialmente, de los Derechos de la Infancia”. Sin embargo, tal como lo han planteado diversos organismos a partir de declaraciones públicas esto no se ha asegurado:

Por nombrar:

La Red Docente Feminista, con fecha 12 de noviembre, da cuenta de que, del total de querellas presentadas por el INDH por malos tratos y torturas con violencia sexual, 16 son niñas y 7 son niños. Declaración similar expresa el MUD (Movimiento por la Unidad docente), frente a lo cual condenamos rotundamente este tipo de violencia, pues se configura como una de las más graves y siniestras que los agentes del Estado pueden cometer en contra de sus estudiantes.

Desde la Defensoría de la Niñez, se ha declarado que el gobierno sólo se refiere a los daños materiales, sin embargo, no ha hecho referencia ni reflexión respecto de los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes, víctimas reconocidas por INDH. Señalan que un 10% de los detenidos son adolescentes.

Claramente, ni el MINEDUC ni el Gobierno han hecho declaraciones al respecto, teniendo en cuenta la vulneración evidente de niñas, niños y jóvenes, tales como:

La petición de la directora del Liceo 7 del ingreso de carabineros para controlar a un grupo de estudiantes, lo que derivó en agresiones físicas a éstas en clara contradicción con la idea de la escuela como un lugar de resguardo y de libre expresión de las estudiantes que se manifestaban pacíficamente dentro de su Liceo.

La entrega a carabineros de un listado con los nombres de estudiantes que participan de las marchas y manifestaciones pacíficas.

El martes 5 de noviembre, un grupo de estudiantes del Liceo Villa Macul Academia que se manifestaban a las afueras del recinto, fueron duramente reprimidos por carabineros y perseguidos en dirección a la población Santa Julia. Detuvieron a cuatro menores: tres mujeres y un varón. En la 46° comisaria, los estudiantes habrían sido víctimas de violencia sexual y numerosas agresiones. Se suma a esto un quinto adolescente, de otro establecimiento. En un principio fue negado el recurso de amparo presentado por parte de los abogados de la Municipalidad de Macul. En el recinto policial, las tres alumnas habrían sido obligadas a mostrar sus partes íntimas a una carabinera.

Cierre del año escolar en el Instituto Nacional, en el INBA y otros establecimientos que se acogen a una excepcionalidad permitida por el MINEDUC, que faculta a directoras y directores de establecimientos a promover, según sus criterios, a las o los estudiantes. Al respecto, desde diversas organizaciones de Padres y Apoderados, existe un desconocimiento respecto a la promoción de las y los estudiantes por inasistencia, dado que, esto queda en manos de directivos y tal como nos han mostrado muchos casos, el uso de las facultades de muchos, pueden ponerse en entredicho.

Además, sumamos nuestra preocupación acerca del asedio constante que tuvo este establecimiento educacional no solo en este contexto, sino también a lo largo de todo el año 2019, siendo sus estudiantes víctimas de gases lacrimógenos, interrupción de clases por irrupción de carabineros al interior del establecimiento y golpes por parte de la fuerza policial contra niños, menores de edad y jóvenes estudiantes.

Otro punto que no fue considerado por la Agencia de la Calidad de la Educación, fue la insistencia en la aplicación de la prueba SIMCE a los cuartos años básicos, pese a los cuestionamientos surgidos desde distintos sectores y actores. Diversos estudios de organizaciones educativas e instituciones universitarias, plantean que esta evaluación estandarizada presenta muchas falencias, pudiendo en el contexto actual verse agravadas. Este rechazo histórico y generalizado, apunta a que el SIMCE:

Evalúa un aprendizaje centrado en contenidos, en desmedro del desarrollo de habilidades, sobre todo, las sociales.

Crea un ambiente de presión de parte de directivos hacia los docentes para obtener “buenos resultados”.

Somete a un estrés innecesario a los y las estudiantes.

Los indicadores vinculados con el desarrollo personal y social de los y las estudiantes, es decir: la autoestima académica, la convivencia escolar, los hábitos de vida saludable y la participación y formación ciudadana, si bien, son fundamentales en la vida escolar, no pueden ser evaluados efectivamente por medio de esta medición.

Las diversidades de género no han sido abordadas por esta medición, lo que puede perpetuar las desigualdades en este sentido.

No considera las brechas sociales entre los estudiantes de diversos sectores sociales.

Pese a que conocemos que la agencia es autónoma e independiente del Mineduc, creemos que es prudente su pronunciamiento como autoridad respectiva en la materia.

Respecto del tercer punto, creemos que esto es especialmente atingente en el contexto actual, debido a diversos factores, por ejemplo:

La inasistencia a clases de miles de estudiantes por razones de seguridad, imposibilidad de traslado y, sobre todo, por sentirse profundamente afectados psicológicamente por la represión del Gobierno, ya que, un número considerable de ellos son víctimas directas e indirectas de la violencia ejercida por Carabineros de Chile.

La baja asistencia será un elemento que invalide la prueba, ya que la muestra no es representativa del grupo evaluado.

Los objetivos de aprendizaje son insuficientes, debido a la baja asistencia y a la necesidad de modificaciones del currículo.

Hacemos presente nuestra gran preocupación y negativa ante su declaración emitida el día lunes 25 de noviembre del presente año, en la cual anunció un proyecto de ley Anti el adoctrinamiento político, destinado a sancionar y “aumentar los castigos” a los jardines infantiles y colegios donde haya manifestaciones o acciones de este tipo. Enfatizamos, nos parece que los márgenes, criterios y objetivos de este proyecto son difusos, ambiguos, maleables y por tanto atentan en contra de:

La libertad de cátedra.

La organización y expresión de y en las instituciones educacionales tanto de los docentes, como de los alumnos.

La posibilidad de manifestarse.

El rol de los establecimientos en la formación ciudadana.

El pensamiento crítico, entre otras.

Recordamos que de hecho el Ministerio de Educación no tiene facultad de determinar cómo se enseña en los establecimientos educacionales. Tal proposición coarta completamente la propia voluntad planteada por el Mineduc donde estable que éste debe “conformar un entorno protector”, lo que “implica, en primera instancia, generar las condiciones pedagógicas para la libre expresión de ideas y opiniones, en un marco de respeto mutuo, de escucha activa, y de estricto cumplimiento de los Derechos Humanos y, especialmente, de los Derechos de la Infancia”. Asimismo nos parece preocupante que el foco del Ministerio de Educación sea aumentar “los castigos” hacia los establecimientos que han respondido de manera orgánica a una situación país y que el énfasis de este organismo hoy se desplace y no sea la negativa categórica a la vulneración de los DD.HH de los menores, entornos o familias.

Considerando lo declarado y expuesto, creemos que es necesaria una respuesta urgente de parte del MINEDUC hacia la ciudadanía, no podemos crecer como país si no se enfrentan de manera clara las vulneraciones de los derechos de las y los estudiantes. Así, exigimos, desde ya, el cese de la violencia por parte del Estado y sus agentes en y, asimismo, la consideración de los puntos planteados a lo largo de esta carta.

Porque la educación no avanza si no hay paz mi justicia, esperamos, cuanto antes, su respuesta ante nuestras demandas,

AUTORAS CHILENAS
Auch!