Entre la apertura y el proteccionismo: Inmigrantes ponen inclusión a prueba en Chile

23.10.2019 - Santiago de Chile - Redacción Chile

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Entre la apertura y el proteccionismo: Inmigrantes ponen inclusión a prueba en Chile
(Imagen de Pressenza)

Por Maxine Lowy

Cientos de personas, entre ellas, muchas familias con niños, descansan en carpas, o sobre maletas a lo largo del camino. De vez en cuando pasan voluntarios de organizaciones caritativas, ofreciendo agua, comida en cajas laminadas, y a veces instalan una gran olla común en plena calle.

A fines de junio, esta fue la escena en la vecindad de dos fronteras internacionales, separadas por seis mil kilómetros. En el norte, la mayoría era centroamericanos, quienes esperaban no sólo semanas sino meses en Ciudad Juárez o Reynoso, México, para entrar a El Paso y McAllen en Estados Unidos. En el hemisferio sureño, pasado por alto por medios de comunicación internacionales, la mayoría era venezolanos quienes habían llegado a los pueblos peruanos de Tacna y Chacalluta, que deslinden la frontera con Chile, esperando cruzar a la ciudad chilena de Arica. En ambas latitudes, los inmigrantes tenían las expectativas puestas en entrar a un país donde era posible dejar atrás la violencia, inseguridad y condiciones de vida insostenibles.

Con su frontera delimitada al este por la imponente Cordillera de los Andes, al norte por el Desierto de Atacama, y por el océano Pacífico al poniente, en el pasado Chile no fue primer destino para muchos inmigrantes.

Pero geografía no ha sido la única barrera que desanimaba a que inmigrantes eligieran vivir en el país. La ley vigente que gobierna migración remonta de la época de la dictadura cívica-militar. El Decreto Ley 1.094, implementado en 1975, dos años después del golpe cívico-militar y del cierre del Parlamento, refleja desconfianza hacia los extranjeros. El espíritu de la ley es de control de la frontera, mientras los derechos de quienes inmigran al país están ausentes. En aquellos años aproximadamente 200.000 chilenos fueron obligados a abandonar su propio país, mientras los extranjeros eran vistos con sospecha.

Con la inauguración del primer gobierno democráticamente elegido pos-dictadura, en marzo de 1990, Chile emergió como una economía estable, con sistemas de comunicaciones e infraestructura que funcionaban, pero también una distribución de riqueza entre las más desiguales del mundo. Se convirtió en un destino atractivo dentro de América Latina y más allá del continente. Después que los Estados Unidos reforzara el control de sus fronteras en 2001, y más tarde cuando Europa llegó a ser destino para miles de refugiados, se aumentó la movilidad dentro de la región latinoamericana.

En 1982, en medio de la dictadura, unos 83.000 residentes extranjeros vivían en Chile pero hoy la presencia migrante pasa un millón, según un estudio de abril 2018 del Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior. El mismo informe indica que entre 2014 y 2017, el número de inmigrantes que llegó a Chile aumentó 232%, de 416.082 a 966.363 personas.

Hasta el año pasado, la comunidad más grande de migrantes era la peruana, que empezó a llegar a fines de los 90s, escapando caos económica y represión política, con más de 249.000 personas en 2017. La comunidad que más aumentó fue la haitiana, que creció de 1.649 personas en 2014 a 73.098 en 2017. El Ministerio del Interior informa que a partir del 2017 los venezolanos rápidamente igualaron a los peruanos y hoy los superan, con un total de más de 400.000, lo cual representa el 30% de todos inmigrantes en territorio chileno.

En un país de poco más de 18 millones de habitantes, la presencia de una población culturalmente más diversa ha puesto a prueba la noción tradicional que los chilenos son un pueblo que acoja al extraño. Un 82% de los inmigrantes entrevistados en 2018 por el Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca, dijeron haber escuchado chistes sobre extranjeros, mientras 64% escucharon comentarios humillantes y un 47% señaló haber experimentado discriminación laboral.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), fundada en 2000 para proporcionar orientación jurídica y social a inmigrantes, sostiene que tales actitudes han sido alimentadas por los medios de comunicación y por el gobierno que estigmatizan a los inmigrantes. Su director José Tomás Vicuña señala las cifras del gobierno mismo que indican que solo un 5% de las detenciones realizadas el año pasado involucraron inmigrantes, la mayoría por delitos no violentos como el de vendedores ambulantes.

Quienes más sienten el impacto de tales actitudes son inmigrantes afro-descendientes. Los haitianos han enfrentado un obstáculo adicional debido al idioma, con la consecuencia de falta de comprensión y presunciones racistas, de parte de los servicios públicos y policía, con consecuencias trágicas en varias ocasiones en los últimos tres años.1

Además, se ha observado una brecha entre el discurso de las autoridades de Estado y su práctica.

En febrero de 2019 el presidente de Chile, Sebastián Piñera, viajó a Cúcuta, pueblo fronterizo colombiano, para caldear apoyo para Juan Guaidó, presidente auto-proclamado de Venezuela. La teatralidad de la llegada de Piñera y Guaidó en una comitiva de catorce camiones cargados con ayuda humanitaria tocando bocinas y venezolanos saludándolos con rosas blancas en las manos, acrecentó expectativas que Chile los recibirían con los brazos abiertos. Sin embargo, cuando el pequeño arroyo de venezolanos que empezó a atravesar el continente para entrar a Chile se convirtió en rio caudaloso, el gobierno chileno implementó restricciones para impedir su paso. A partir del 24 de junio 2019 se requiere la llamada Visa de Responsabilidad Democrática, que se debe obtener en los consulados chilenos fuera del país. Es un proceso que puede demorar semanas y meses, en algunos casos.

«Nos siguen poniendo cada vez más obstáculos,» lamentó una joven con bebé en brazos, al enterarse de la nueva visa. «Pero no somos criminales, solo necesitamos empezar nuestras vidas de nuevo.»

Las carpas que extendían por las calles afuera del Consulado de Chile en Tacna y cerca del complejo fronterizo de Chacalluta eran la encarnación visible de la errática política migratoria chilena. Chile pareciera seguir el ejemplo de otras regiones del mundo en formular una política que acentúa protección de fronteras por sobre consideraciones humanitarias.

Chile no tiene una entidad dedicada al control de fronteras ni de inmigrantes dentro del país. Carabineros, la policía uniformada, y la Policía de Investigaciones (PDI) cumplen esa función, pero la inspección de inmigrantes indocumentados era casi desconocida hasta hace poco. De hecho, en 1997 y de nuevo en 2007, aproximadamente 45.000 y 50.000 personas, respectivamente, beneficiaron de una amnistía que permitió a inmigrantes con visas caducadas a regularizar su situación migratoria. En contraste, en 2018 Carabineros empezó a realizar inspecciones de estado de visa a inmigrantes en lugares públicos, con un total de 14.000 inspecciones ese año. Para el año 2019 el gobierno fijó la meta de realizar 85.000 fiscalizaciones a inmigrantes, con la más reciente anunciada para 10 días consecutivos a partir del 10 de octubre.

Otro ejemplo es la terminación en diciembre 2017 de la Condición de Protección Temporal para haitianos en Estados Unidos. Un par de meses más tarde, en abril 2018, Chile introdujo nuevas medidas aplicables solamente a ciudadanos de Haití, según un vocero de gobierno, «para ordenar nuestro hogar común». Desde entonces, haitianos solo pueden entrar a Chile con una visa de turista o una Visa de Reunificación Familiar.

Solamente a los haitianos y venezolanos se les requiere visas para entrar a Chile, mientras su política de fronteras abiertas, común a los países de Sud América, continúe para otros nacionales.

El requisito de visa para ciudadanos de Haití siguió otra medida que pareciera imitar los giros de política migratoria en Estados Unidos. Seis meses después que la Administración Trump anunciara el fin del Estado de Protección Temporal que permitió a haitianos vivir y trabajar en ese país tras el terremoto de 2010, el Ministerio del Interior de Chile anunció su programa de Retorno Voluntario e Informado para haitianos. La Fuerza Aérea chilena transportaría haitianos y haitianas de vuelta a su país siempre y cuando acepten no volver a Chile dentro de nueve años. El primer vuelo despegó el 7 de noviembre de 2018 con 160 personas a bordo, un número minúsculo cuando se compara con los miles de haitianos residentes en el país. Para dirigentes comunitarios haitianos esto señala el fracaso de programas sociales que ayuden la integración, resultando en condiciones de extrema vulnerabilidad y pobreza.

Pero no todo relacionado al frente migratorio chileno es desalentador. Anteriormente, el tema migratorio estaba ausente de la agenda social tanto del Estado como de la sociedad civil. No obstante, en años recientes, han surgido decenas de organizaciones de abogacía del inmigrante como también programas académicos de estudio migratorio y clínicas de asistencia jurídica migratoria. En septiembre, una coalición de cuarenta organizaciones sociales junto a académicos ejerció ciudadanía efectiva para convencer a un grupo de senadores que se debe incorporar derechos del inmigrante a un proyecto de ley, por medio del cual el gobierno pretendía endurecer más al D.L. 1.094. La reforma estaría programada para votación del pleno del Senado a principios del 2020.

El congresista y co-fundador del Partido Humanista, Tomás Hirsch, visualiza un modelo migratorio diferente. Sus padres llegaron a Chile huyendo de la Alemania Nazi, en un momento cuando el mundo era reacio a acoger a los refugiados judíos como ellos. «Hoy los capitales fluyen libremente en segundos, y las personas tienen cada día más restricciones,» afirmó el Diputado Hirsch. «Hay que generar zonas de libre tránsito por América Latina […] para facilitar el tránsito de las personas, pueblos originarios, la reunificación familiar y visas que permiten acoger a quienes buscan refugio. Se deberán implementar políticas con una apertura de puertas mucho más amplia. Son políticas más adecuadas de cara a una nación humana universal, que es hacia donde debemos avanzar en el futuro».

 

1 En septiembre 2017, Joane Florvil, una joven madre haitiana que hablaba poco castellano, murió en una cárcel de Santiago, cuando oficiales la detuvieron en la creencia equivocada que había abandonado a su bebé.

Categorías: Diversidad, Opiniones, Sudamérica
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