Desde 1921 la ley argentina establece que el aborto es permitido (no es punible) en dos casos: si la vida de la mujer está en peligro y cuando el embarazo resulta de una violación. Casi 100 años después, a una niña tucumana de 11 años violada por el esposo de su abuela, le fue negado ese derecho. Violaron e instigaron a violar la ley –una vez más– el gobierno tucumano y la jerarquía católica. El caso fue reflejado por medios de todo el país y del mundo. En la nota que sigue, los doctores que –contra el miedo y el corporativismo– asistieron a la niña, cuentan exhaustivamente lo que pasó. Agradecemos su coherencia y su ejemplo.
Por lavaca
(Desde San Miguel de Tucumán) lavaca conversó con los dos médicos que realizaron el procedimiento que las autoridades sanitarias eludieron durante casi un mes. Los detalles son reveladores de una práctica perversa: cuál es el costo que deben soportar los profesionales que cumplen con la ley, y cómo sufren las víctimas.
A las siete de la tarde del martes 26 de febrero sonó el teléfono en el consultorio privado del doctor José Gijena, tocoginecólogo de 47 años, director de la Obra Social de Prensa de Tucumán.
Atendió su secretaria.
Era una amenaza.
–¿Qué le dijeron?
–Que iba a pagar caro lo que estaba por hacer: me iban a esperar en el Hospital Eva Perón. No entendí de qué hablaban.
Cortaron.
Dos horas después volvió a sonar el teléfono.
Esta vez era el viceministro de Salud, Gustavo Vigliocco.
–Me comunicó que, después de reunirse con el gobernador (Juan) Manzur y la jueza, habían decidido llevar adelante el consentimiento de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) y me preguntó si podía hacer el procedimiento. Le dije que no había problema, pero que iba a evaluar a la niña y con total libertad decidir, desde lo técnico y lo médico, qué hacer de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y todas las normas médico legales que existen. Y como ahí entendí que la amenaza se había adelantado por dos horas a los hechos, también solicité que me facilitaran el ingreso al hospital y las condiciones de seguridad necesarias para realizar la práctica.
A los cinco minutos lo llamaron con otra noticia:
–No hay anestesista: se declaró objetor de conciencia.
La tortura como sistema
El doctor Gijena habló con el presidente de la Asociación de Anestesiólogos para solicitar un profesional dispuesto a cumplir con la ILE. “Lo hicimos por esa vía para sentar un precedente y que podamos hacer cualquier intervención sin que nos obliguen a improvisar”.
Al hospital el doctor Gijena llegó acompañado de su esposa, la tocoginecóloga Cecilia Ousset, una de las expositoras en el Senado a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Ella es objetora de conciencia, y durante la discusión se volvió viral una carta que publicó en redes sociales en las que relataba cómo debía atender semanalmente a mujeres pobres por complicaciones de abortos. Ambos entraron al Eva Perón escondidos, por una puerta que habitualmente no se utiliza.
Internada desde hace un mes allí, los esperaba la niña de 11 años que llegó con el pedido de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) luego de denunciar que había sido violada por la pareja de su abuela en el paraje Siete de Abril, al noreste de la provincia, a un 1 km de la frontera con Santiago del Estero. La niña tuvo intentos de suicidio, pero no contó con asistencia psicológica y recién el martes el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) informó que cumpliría con la ley y pondría en marcha las garantías de la ILE, luego de la intervención de la jueza de Familia de 5ta Nominación, Valeria Brand.
–¿Qué vieron cuando la vieron por primera vez?
–Una niña de 11 años sentada en una cama, jugando con unos juguetitos de plástico. Nos ve y se asusta. Le dice a la mamá: “No me dejes”. Era claro que veía a un médico y se aterraba.
–¿Qué evaluaron?
–Que por su contextura física infantil era imposible que pudiéramos hacer una ILE por vía vaginal. Primero, por su anatomía: su cuerpo no iba a permitir la expulsión por vía vaginal de un feto de 23 semanas. Y, por otro, el daño psicológico que le podríamos seguir ocasionando a esa niña: era someterla a una nueva tortura. ¿Por qué? Porque un procedimiento de esas características, por vía medicantosa, puede demorar 72 horas. Es decir, 72 horas más de tortura, con una presión mediática creciente e inmersa en un entorno absolutamente hostil. Entonces propusimos la cesárea.
–Si la ILE se hubiera practicado cuando la niña lo solicitó apenas llegó, ¿el proceso también hubiera sido así?
–No. Hubiera sido por vía vaginal, porque tenés el tiempo para una paciente en condiciones, das anelgesia, explicás. 16 semanas de gestación es otra cosa, el tamaño del feto es distinto.
–¿Por qué se llegó a esto?
–Alargaron el tiempo para que se alargue la gestación. Eso han querido. Y si lo tuvieron que hacer anoche, fue por la presión de los organismos de derechos humanos.
El doctor Gijena le explicó a la niña y a su madre lo que iba a hacer. Aceptaron. También estaban presentes la jefa de servicio y el psiquiatra, que no era especializado en infancias. Ousset: “Le tomé la mano y le dije que no se preocupara, que iba a estar todo bien. Le pregunté si quería escuchar música. Me pidió que pusiera música de la asamblea cristiana”.
Cuando llegaron al quirófano los esperaba otra sorpresa. “En ese preciso momento se declararon objetores de conciencia los enfermeros y los instrumentadores. Quedé solo”.
Los objetores que filman
La doctora Ousset, objetora de conciencia, tomó una decisión: se puso –literalmente– los guantes. “Me vi obligada. No podíamos dar marcha atrás. La tortura iba a ser mucho peor. Prefería después sentirme mal yo, que seguir torturando a esa chiquita. Imaginate: tuvimos que hacerle anestesia raquídea para poder sacarle la ropa interior. En ese nivel de espanto estaba ella: se aferraba a su bombacha. No podíamos ni acercarnos”.
El doctor Gijena remarca otro detalle: la niña tenía una presión arterial de 170 a 120. “Sufría una preeclampsia, lo cual es potencialmente muy grave porque puede quedar con secuelas si se llega a una eclapsia, un proceso patológico que genera convulsiones. Una niña de 11 años embarazada tiene cuatro veces mayor posibilidad de morir que una niña que supera los 15 años. Estábamos hablando de eso. No de otra cosa. Estaba en riesgo la vida de esa niñita. Estoy absolutamente convencido de lo que hice. Y lo volvería a hacer. La idea no era matar a nadie, sino respetar el Derecho. Y hasta donde sé, el recién nacido estaba con vida pero muy crítico, con prematurez extrema: pesaba menos de medio kilo”.
A las 0:05 comenzó la cirugía. Duró aproximadamente una hora.
Un detalle: “Tuvimos que tapar el quirófano con sábanas porque del otro lado del vidrio vimos que filmaban. Era morboso: todos objetores, ninguno entraba, pero te filmaban. Después uno se pregunta cómo es que hacen los antiderecho para saber antes que nosotros las cosas. Claro, ellos siempre tienen la primicia: están en el gobierno”.
–¿Qué lectura debemos hacer de todo este procedimiento salvaje?
–Todo se desarrolla en un contexto en el que la provincia se declara “Pro Vida” durante el debate en el Congreso. Una provincia que impide la Educación Sexual Integral (ESI), que no adhiere a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Todo bajo un cartel muy lindo desde lo enunciativo, que es: “Salvemos las dos vidas”. ¿Pero de qué dos vidas estamos hablando? ¿Cuántas vas a salvar? Pareciera que detrás de ese cartel hay otro que dijera: “Salvemos las dos vidas… o ninguna”.
–¿Pudieron hablar con la niña luego de la intervención?
–Se recuperó de forma satisfactoria. Tuvo plena lucidez. Nos dijo gracias. Y sonrió por primera vez en todas estas semanas de tortura.
La hipocresía estatal
El doctor Gijena subraya que acudieron a él porque no había nadie más que quisiera hacerlo. Gijena: “Muy frecuente en el ámbito médico: diversas ILE se realizan en instituciones privadas, y te puedo asegurar que no hay ningún pañuelo celeste en la puerta reclamando el derecho de ningún feto. Semanalmente me encuentro con 2 o 3 que ingresan en la Obra Social. Y en nuestro consultorio privado, tenemos 4 o 5 mujeres que se van a controlar post abortos. Los realizan en otros lugares y vienen aquí por control. Esto es una epidemia. Es tapar el sol con la mano. No debería haber ninguna posibilidad de que si esta ley se vuelve a discutir, se vote en contra”.
La doctora Ousset resume en una palabra ese diagnóstico. “Es hipocresía: eso es lo que pasa. Si ese cuerpo gestante es pobre, el Estado es dueño de ese cuerpo y puede decidir sobre él. Es muy grave, es muy humillante y es violatorio de todos los derechos humanos. No me entra el dolor. Y es un mensaje claro: ´Te pasa por ser pobre, por no tener ningún tipo de recurso, ni educación ni Internet ni nada. Es la pobreza absoluta. Y que una fiscal especializada en homicidios (Adriana Giannoni) haya actuado de oficio pidiendo un defensor para el feto, es ridículo. Es, literalmente, El cuento de la criada. Si tenés plata, decidís. Si no, no”.
El costo de cumplir la ley
Los teléfonos del matrimonio estallan en pedidos de entrevistas. También las redes sociales.
–¿Cómo les impacta esto?
–Hace un tiempo largo que venimos con esto. Tuvimos que cambiar a nuestros cuatro chicos de colegio. Al que pasaba de 5to año a 6to grado no le permitieron la inscripción para el 2019. Con solo 11 años él tuvo la valentía de cuestionar a la dueña del colegio. Es una institución que en las paredes del comedor tiene imágenes dibujadas, por los propios niños, de mamás tirando bebés a la basura o de mujeres embarazadas apuntándose con cuchillos en la panza con esvásticas nazis. Los hacían rezar diariamente antes del ingreso. A mi otra hija le llamaron la atención varias veces cuando iba con pañuelo verde, mientras a otras compañeras que iban con el pañuelo celeste no le decían nada. Dejó el pañuelo y se compró una pulsera verde. También le llamaron la atención. Prohibieron el verde. Una locura. Hasta trajeron al doctor Abel Albino para que diera una charla, a una semana de haber dicho las barbaridades que dijo en el Senado. Organizaron kermesses para traerlo.
–¿Y cómo se reclama que cumpla la ley en un contexto asi?
–Nosotros venimos poniendo el cuerpo. No hay que dar un paso atrás. Hay que pelear por los derechos. Y, en ese camino, algunos rechazos nos vamos a ganar. Pero esto te muestra la importancia urgente de una ley de IVE: un servicio público regulado y controlado por el Estado, con personas de distintas áreas de la salud que reciban a la mujer que solicite la IVE, que se le explique, que se la contenga con un equipo y que si ella decide continuar, se lo haga. Pero de manera segura y en igualdad de condiciones sin partir del credo, del origen social, de su situación económica. ¿No se salvarían más vidas así? Mientras tanto, lo que vemos y a lo que estamos asistiendo acá, es a una expulsión de un sistema perverso que tortura sistemáticamente a niñas violadas.
Foto de Nacho Yuchark/La vaca
