El Grupo de Lima, empeñado en inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela, suscribió un comunicado en el que sus miembros a excepción México, ratifican que no reconocerán el nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro, argumentando que la elección del año pasado “carece de legitimidad” y no cumplió con los estándares internacionales.

La declaración conjunta plantea que la nación azteca se abstuvo “para mantener abiertos sus canales diplomáticos con Caracas y ayudar a encontrar una solución a la crisis política de ese país”.

De este modo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), optó por no unirse a sus pares regionales por lo que la nación azteca decide por vez primera no firmar la declaración del Grupo de Lima, creado para presionar la salida de Maduro de la presidencia.

Desde su campaña presidencial AMLO aseguró que su Gobierno promoverá la cooperación internacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.

Desconocen elecciones

Los integrantes del Grupo de Lima, integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, aupados por Estados Unidos y la Unión Europea, señalaron que no reconocerían el nuevo mandato de Maduro porque la elección del año pasado fue “ilegítima” y no respeta la voluntad popular.

Sin embargo, en estos comicios participaron 9.387.499 votantes,  que equivalen al 46% del total, y Nicolás Maduro obtuvo 6.245.862 de votos,  lo que representa el 67,8% de los sufragios .

Asimismo, el evento electoral fue seguido por más de dos mil observadores internacionales de Asia, Europa, Latinoamérica, el Caribe y del propio Estados Unidos. Todos ellos certificaron tanto el proceso como los resultados.

El canciller peruano, Néstor Popolizio, indicó que la declaración tiene como principal un mensaje político “el no reconocimiento de la legitimidad del nuevo periodo del régimen venezolano”, dijo.

Más acciones contra Venezuela

Entre las medidas anunciadas por el Grupo de Lima contra el gobierno venezolano figuran la “elaboración de listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia”.

Asimismo, se prevé el congelamiento de activos en el exterior de entidades relacionadas con el Ejecutivo venezolano, acción que se sumaría a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra intereses estratégicos venezolanos en el exterior.

Estos países proponen “evaluar con criterio restrictivo” la concesión de préstamos a Venezuela en los organismos internacionales.

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