El 10 de noviembre se celebró una manifestación en la ciudad de Alessandria contra las condiciones de los trabajadores empleados por una empresa local. La sección local de CasaPound también fue parte del objetivo de la protesta.
Desde septiembre de 2016, el sindicato de base CUB se ocupa de los trabajadores que no perciben su salario regularmente. La empresa que no respeta el contrato de trabajo es Angeleri y opera en el sector agrícola de Guazzzora, provincia de Alessandria. Una empresa familiar que existe desde hace unos cincuenta años y que siempre ha ido creciendo. Como se puede leer en la página web de la empresa, hoy en día «puede cubrir las entregas en toda Italia y en muchos países de la CEE.
Tras la intervención del sindicato, la empresa firmó seis acuerdos, presentados ante el Tribunal de Alessandria, para pagar los atrasos de los empleados. Se trataría de un total de unos treinta trabajadores, en su mayoría migrantes. En algunos casos el importe a liquidar supera los cuatro meses, en otros es de casi treinta mil euros. Sin embargo, como explica Miguel Arismendi, coordinador provincial de la unión de Alessandria, estas promesas no han sido cumplidas en su totalidad por la empresa. «Mientras que para algunos pagos se han efectuado, incluso parcialmente, para otros no se han liquidado los atrasos. La empresa se justifica diciendo que se encuentra en un momento de dificultades económicas. Por esta razón, el 30 de octubre, el sindicato y sus empleados, después de algunas asambleas, deciden convocar una huelga y al día siguiente hacer una guarnición bajo la Prefectura de Alessandria. En esta guarnición se firma en la Prefectura el enésimo acuerdo con la empresa y se espera que esta vez se cumpla la promesa.
Hasta ahora, este sería un caso muy común: empresas en dificultades económicas, salarios impagados, instituciones que intentan mediar, una serie de acciones legales emprendidas por los sindicatos y numerosas protestas. Sin embargo, pocos días después del último acuerdo, el 2 de noviembre ocurre algo especial. Arismendi nos dice: «Nos enteramos de que el viernes algunos militantes de CasaPound Alessandria fueron invitados a la sede de la empresa.
De hecho, en la cuenta de Facebook de Andrea Mantovani, gerente local de CasaPound, y también en el sitio OggiCronaca, se cuenta la visita con fotografías y estas frases: «Decidimos intervenir en esta situación porque pensamos que las granjas de la zona deberían estar protegidas, no en dificultades como lo está haciendo el CUB, en estos días. Al llevar a los empleados a la huelga, se arriesgaron a perder las entregas a la empresa. Las huelgas son un derecho de los trabajadores, pero el objetivo de las huelgas debe ser encontrar una solución adecuada para mantener a la empresa en funcionamiento, sin obstaculizar su trabajo».
En estos artículos también se pueden leer las declaraciones de Luigi Angeleri, director general de la empresa que acabó en los ojos del poder judicial: «Nos encontramos ante un camino de reestructuración empresarial, había un atraso en los salarios y estamos abandonando el camino iniciado hace dos años con un buen resultado. Pero el sindicato quería ir a la huelga, obstaculizando incluso a los trabajadores que querían trabajar y llevando una mala imagen mediática a nuestra empresa.”
Así que tanto para la empresa como para este grupo político la situación no es la que dice el sindicato y además es el sindicato el que crea problemas y perjudica a la empresa de alguna manera.
La guarnición frente a la Prefectura de Alessandria, compuesta por unas doscientas personas de diferentes partes de Piamonte, terminó con una procesión que recorrió las calles de la ciudad para informar a los ciudadanos de lo que está sucediendo. Entre los participantes se encontraban también empleados de la empresa. Las palabras de uno de ellos aclaran la situación. Para respetar la opción de permanecer en el anonimato, el trabajador entrevistado será citado como Monica Stranieri. «Llevamos seis años con salarios pagados irregularmente. Trabajamos durante doce o trece horas, así que para nosotros la empresa no debe tener problemas económicos porque el trabajo siempre ha estado ahí. A menudo teníamos horas extras, pero no nos pagaban. La empresa nunca se ha expresado claramente para explicar sus posibles problemas económicos. Sin embargo, un día de repente descubrimos que el almacén en el que uno trabaja estaba siendo subastado, aunque no se nos dio una explicación al respecto. Vivo sola, siete meses de salarios de espera no trastornan mi vida radicalmente, pero hay quienes tienen que mantener a la familia y esperan unos treinta mil euros.
Según Mónica, fue sólo gracias a la intervención del sindicato que algunos empleados pudieron obtener una parte de sus salarios pendientes, mientras que los que no se dirigieron a los sindicatos desde el principio, como ella, fueron dejados en la esquina por la empresa.
Mónica se pregunta sobre la acusación de haber creado un daño a la imagen de la empresa: «¿Qué pasa con el daño que la empresa me ha causado? Algunas personas ya no tienen calefacción en casa. Tenemos serios problemas.» También señala que durante todo el período de movilización y protesta se ha establecido una fuerte relación de solidaridad. «De hecho, hoy estamos todos aquí juntos para protestar.»
La cuestión que puede surgir en este momento es la razón de la relación entre una granja y un grupo político que se considera comúnmente de extrema derecha y de naturaleza neofascista.
Según Miguel Arismendi, se trata de una explotación mutua. «Se sabe que la familia Angeleri simpatiza con las ideas políticas que CasaPound reclama y la convocatoria de esto es un gesto de intimidación hacia nosotros y nuestros empleados. En su lugar, CasaPound decide ser parte de este asunto debido a las próximas elecciones regionales y europeas, con el fin de obtener visibilidad. Ciertamente es también la visión fascista la que percibe la huelga como un acto que daña la imagen de la empresa, por lo que el sindicato es el que se aprovecha de los empleados para hacerse ver.»
