En el Día Internacional de las Personas Mayores, los pensionistas están convocados a movilizarse en decenas de manifestaciones en todo el Estado

Los sindicatos CCOO y UGT han reclamado este lunes que el Gobierno avance en la reforma legal de las pensiones y que estas se actualicen con el IPC

La ministra Magdalena Valerio se ha reunido con el colectivo de pensionistas de Bizkaia, con los que no se ha comprometido a su reclamación de una pensión mínima de 1.080 euros en 2019

Por Laura Olías

Los jubilados de todo el Estado tienen hoy en su calendario multitud de movilizaciones para reivindicar sus derechos y, en especial, unas «pensiones dignas». Con motivo del Día Internacional de las Pensiones Mayores, los pensionistas también reivindican y celebran lo logrado en estos meses de protestas en las calles.  «Todavía queda mucho, pero todo lo que hemos conseguido ha sido gracias a la lucha, por eso no hay que rendirse», afirma Carmen, una jubilada en la manifestación de esta mañana en Madrid.

Carmen avanza con dos antiguas compañeras de trabajo en una «gran empresa», Carmina y Mª José, por las calles de la capital en la manifestación convocada por Comisiones Obreras y UGT. Las tres mujeres subrayan que se han movilizado en las marchas de pensionistas no por sus pensiones, sino sobre todo por las prestaciones futuras. «A nosotras nos ha quedado una buena pensión, pero hay que protestar también por las pensiones mínimas y las de viudedad, que son una miseria», añade Carmina.

El  preacuerdo del Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones con el IPC sobrevolaba en las conversaciones de los manifestantes, de corrillo en corrillo. «Evidentemente sin la presión de la calle no hay IPC», responde Paloma, jubilada de 67 años.

Las movilizaciones de los pensionistas en los últimos meses han ido aflojando, todavía con citas y convocatorias, pero con un menor número de personas en las calles respecto a la última etapa del Gobierno de Mariano Rajoy. Las multitudinarias marchas de jubilados –especialmente masivas en Bilbao– precedieron al acuerdo del Ejecutivo del PP con el PNV para garantizar la subida de las pensiones con la previsión de IPC (1,6%) para este 2018 y 2019. Rajoy atrasaba además cinco años uno de los elementos clave de su reforma de pensiones, el factor de sostenibilidad.

En el inicio de curso político este septiembre, los pensionistas regresaron a la calle con la vista puesta en el Congreso de los Diputados: convocatorias cada miércoles, cuando se preveía reunión de la comisión del Pacto de Toledo, que decide sus recomendaciones sobre el futuro del sistema público de pensiones. La semana pasada, la comisión parlamentaria llegó a un principio de acuerdo para actualizar las pensiones en base al IPC.

«Queremos el IPC por ley»

«Pero el Pacto de Toledo solo da orientaciones, no es una ley, lo que pedimos es que quede recogido por ley», afirma Carmina. Para las tres jubiladas, que el Gobierno de Sánchez no regulara el futuro de las pensiones para derribar la legislación del 2013 de Rajoy sería «una decepción». «Pero le digo: lo que no queremos de ninguna manera es otro gobierno del PP. Ahí sí que no lo conseguimos», añade la jubilada.

Juan Antonio, de 67 años, destaca el papel de los meses de movilizaciones de pensionistas. «No se ha logrado todo lo que queríamos, pero sin las protestas no habría nada», opina el hombre, que tuvo que jubilarse de manera anticipada porque su empresa quebró y echó a todos los trabajadores a la calle. Con la reforma del Gobierno de Rajoy del subsidio de desempleo para mayores de 55 años (que antes era para mayores de 52), Juan Antonio se vio obligado a jubilarse a los 61 años, «con una pérdida del 28% de mi pensión».

El secretario de políticas públicas y protección social de CCOO, Carlos Bravo,ha exigido desde la manifestación en Madrid que «hay que mejorar los ingresos que proceden de Presupuestos», tras insistir en que las pensiones se financian con cotizaciones y aportaciones del Estado, «con transferencias y no préstamos». Adela Carrió, secretaria confederal de UGT, ha urgido al Gobierno a avanzar en la reforma del sistema de pensiones, ya que entienden que ha pasado ya un tiempo «prudencial» desde el mandato del anterior Ejecutivo.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, se ha reunido este lunes con una representación del colectivo de pensionistas de Bizkaia en Bilbao. Valerio ha afirmado que, aunque le «gustaría», el Gobierno «no se puede comprometer» a que el año que viene haya unas pensiones mínimas de 1.080 euros al mes y un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.200 euros, como reclaman desde el colectivo.

Valerio: El Gobierno no se puede comprometer a una pensión mínima de 1.080 euros
La ministra Magdalena Valerio se reúne con una representación del colectivo de pensionistas de Bizkaia. EFE

«Ya nos gustaría a todo el Gobierno (aprobar dicha pensión mínima), pero sencillamente, ahora mismo, el Gobierno y toda la sociedad debe tener claras dos prioridades: la sostenibilidad social del sistema público de pensiones para garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo, y la sostenibilidad financiera del sistema», ha explicado la ministra.

La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones también ha organizado movilizaciones y actos lúdicos en ciudades de todo el país para exigir la derogación de las dos últimas reformas de pensiones, de 2011 y 2013, así como para poner en valor el poder de la protesta social de los jubilados. El colectivo invita en un comunicado con motivo de este 1 de octubre a «combatir la discriminación de las personas mayores, en la falsa cuestión de convertirnos en ciudadanía pasiva y resignada».