Aumento de la pobreza y menos acceso a los servicios públicos es lo que generarán en Argentina las medidas de austeridad impuestas por el Gobierno de Macri.

Es lo que se desprende de una encuesta en línea realizada por HispanTV entre sus lectores, en la que se plantea la pregunta “¿Qué lograrán las medidas económicas y de austeridad del Gobierno de Mauricio Macri?”.

Hasta este sábado, el 90,1 % de los participantes cree que el índice de pobreza aumentará, así como la desigualdad, y que cada vez será más difícil que los argentinos tengan acceso a los servicios públicos.

Sin embargo, solo un 6,6 % de los lectores opina que estas medidas podrían controlar el grave desequilibrio macroeconómico actual.

Pero la opción de si estas medidas pueden incentivar las inversiones en instrumentos vinculados al peso fue la menos votada, con solo un 3,3 por ciento de los clics.

La crisis económica de Argentina ha obligado al Gobierno del presidente Macri a poner en marcha una serie de medidas de austeridad, en un intento por controlar el grave desequilibrio macroeconómico actual.

El Ejecutivo también ha anunciado la eliminación de varios Ministerios para reducir los gastos estatales. Según el Ministerio del Tesoro, estas medidas aliviarán a medio plazo parte de las necesidades del Gobierno mientras se renegocian acuerdos financieros con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aunque el Gobierno no ha precisado el alcance presupuestario de la reducción de ministerios, los trabajadores temen por sus puestos de trabajo y ya han realizado varias protestas.

En las últimas semanas se ha disparado la proyección de inflación a más del 30 % en 2018 y se prevé una caída del producto interno bruto (PIB) de al menos 1 %. El Gobierno ha reconocido errores de cálculo que han llevado a este desequilibrio, pero asegura que la mayor culpa recae sobre el desfavorable entorno internacional, en particular sobre la situación de Turquía y Brasil, y sobre la guerra comercial entre EE.UU. y China.

El miércoles, un fiscal federal imputó al primer mandatario argentino y a otros funcionarios de su equipo por “abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público” al no haber sometido a debate en el Congreso el acuerdo con el FMI, que solicitó paralizar.

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