Decreto Salvini sobre la inmigración: ¡la marginación no es sinónimo de seguridad!

30.09.2018 - Natale Salvo

Este artículo también está disponible en: Italiano

Decreto Salvini sobre la inmigración: ¡la marginación no es sinónimo de seguridad!

“¡Buenos días, Italia! Es un magnífico lunes del primer año fascista, la segunda temporada”, dijo un periodista de una red social, ante la noticia de la adopción por el gobierno nacional del nuevo decreto sobre inmigración.

No se sabe si se refiere, en el uso del epíteto “fascista”, a los miembros del gobierno legítimo del país o a los italianos que comparten sus opciones.

El gobierno, como buen gobierno populista, de hecho, está simplemente implementando lo que muchos de los italianos que votaron a favor, el pasado 4 de marzo, demandan, para los partidos que lo apoyan: “fuera del país los negros y los gitanos” ¡como un Santo Grial para vivir felizmente…!

Por supuesto, personalmente, no comparto eso. No comparto el sentido de la medida propuesta y no comparto la opinión de que la felicidad puede venir de hacer infelices a los demás. Pero debo aceptar que esta es, en cambio, la idea de una parte de los italianos. Un pensamiento fruto de miedos ancestrales y una obra sabia y profunda de sembrar odio.

Pero lleguemos al fondo del decreto ley contra la inmigración.

Sólo quiero centrarme en dos puntos. Los otros puntos, más o menos objetables y cuestionables, me parecen parte de la evaluación legítima de un gobierno en ejercicio. Además, la diputada europea, Elly Schlein, ya ha expresado aquí en Pressenza compartida, para mí, argumentos sobre la propuesta de redimensionar los centros SPRAR y el permiso humanitario a que se hace referencia en el Texto único de inmigración de 1998.

Pero estos dos puntos adicionales, sobre los que me gustaría llamar su atención, me parecen absolutamente absurdos.

Decreto Salvini: revocación del estatuto de refugiado

“El decreto amplía la lista de delitos que implican la revocación del estatuto de refugiado o la protección internacional: también se incluirán delitos como la resistencia a los funcionarios públicos”, explica  el semanario Internazionale.

Personalmente, me parece que este delito es muy poco frente al grave peligro que corre el “refugiado” en caso de revocación del estatuto, que ya ha sido reconocido y, por tanto, en teoría, de expulsión al país del que huye.

Me parece también incoherente que la propuesta venga de boca de aquellos que han sido condenados a 30 días de prisión -con una pena suspendida, por supuesto- por desacato a un funcionario público. Matteo Salvini.

Pero el punto que me parece aún más relevante es el segundo.

Decreto Salvini: por lo menos 14 años para la ciudadanía

La Ley 91 de 1992 – Gobierno de Andreotti – establece que “la ciudadanía italiana puede ser concedida […] a propuesta del Ministro del Interior […] a los extranjeros que hayan residido legalmente en el territorio de la República durante al menos diez años” (letra f del artículo 9).

La propuesta de Salvini prevé la adición de un párrafo 9-ter a esta norma, que se extiende a «cuarenta y ocho meses» (4 años) «el plazo para la definición de los procedimientos». La ciudadanía italiana para la “naturalización”, por lo tanto, puede ser concedida después de 14 años de residencia. Pero, de hecho, dado que el artículo 9 ter no prevé una sanción en caso de incumplimiento del plazo (como consecuencia de la disposición simultánea de derogación del apartado 2 del artículo 8), el plazo pasa a ser “ordinario”. En última instancia, …. el término podría llegar a ser… ¡nunca!

Es una maldad gratuita; probablemente un acto ilegítimo “vestido” de legitimidad.

Decreto Salvini: Ley 241, pisoteada

Es sólo mala propaganda porque sólo 87.000 extranjeros obtienen la ciudadanía cada año por matrimonio o naturalización (datos de 2014, publicados por última vez en la página web del Ministerio del Interior); miles de estos últimos son europeos.

La concesión de la ciudadanía es un procedimiento administrativo que se inicia a petición del interesado, previa presentación de una serie de documentos que certifican -por ejemplo-  la posesión de una renta no inferior a 8.263 euros anuales y la ausencia de condenas, en el país de origen, a más de tres años de prisión, en original y con traducción al italiano.

El artículo 2 de la Ley 241 de 1990 sobre procedimientos administrativos establece que un procedimiento administrativo debe concluir dentro del “plazo de treinta días” o el plazo más largo establecido por las autoridades públicas competentes. Sin embargo, el hecho de que el plazo se fije en cuatro años parece claro e injustificadamente desproporcionado.

Por una vez se podría decir que “se estaba mejor cuando se estaba peor“: con  la Ley Real n. 555 del 13 junio de 1912 (la ley de ciudadanía derogada para dar cabida a la ley republicana de 1992) se concedió la ciudadanía a los extranjeros que residían “al menos durante cinco años en el Reino”.

Ciudadanía: propuestas y buenas prácticas

Sin duda, la cuestión debía reformarse, pero en la dirección opuesta. Acortar los plazos para el examen de las solicitudes, de manera compatible con la práctica general, a un plazo cercano a los plazos mínimos previstos por la ley 241. La ciudadanía es una forma de “inclusión” del residente. Una palabra que implica la verdadera respuesta a la seguridad.

Algo positivo, sin embargo, se está moviendo, incluso en el norte de Véneto, en Vicenza: el pasado 12 de febrero, por ejemplo, la entrega de la ciudadanía italiana tuvo lugar por primera vez en público, en la Casa del Ayuntamiento. El Consejero Filippo Zanetti se reunió con los nuevos italianos con un “para nosotros es una verdadera riqueza acoger a nuevos ciudadanos en nuestra comunidad“.

NOTA: descargue aquí el texto completo del  Decreto de Seguridad Salvini.

Traducido del italiano por María Cristina Sánchez

Categorías: Derechos Humanos, Europa, Política
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