La democracia se ve amenazada por organizaciones como el Instituto de Asuntos Económicos, que se niegan a revelar quién los financia.
Por George Monbiot para The Guardian
Apenas dos milenios después de que los políticos romanos pagaran a las turbas para que se amotinaran en su nombre, estamos empezando a entender el papel del dinero negro en la política y su perenne amenaza a la democracia. El dinero negro es dinero en efectivo cuya fuente no se hace pública y que se gasta para cambiar los resultados políticos. El escándalo Facebook/Cambridge Analytica, descubierto por Carole Cadwalladr, y los misteriosos fondos canalizados a través del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte para la campaña de permisos en Inglaterra y Escocia han ayudado a llamar la atención pública sobre el concepto. Pero estos ejemplos aluden a un problema mucho más amplio. El dinero negro puede verse como la corrupción subyacente de la que surgen nuestras crisis inmediatas: el colapso de la confianza pública en la política, el surgimiento de una demagógica antipolítica y los ataques contra el mundo vivo, la salud pública y la sociedad civil. La democracia no tiene sentido sin transparencia.
Las técnicas que ahora se utilizan para celebrar elecciones y referendos fueron desarrolladas por la industria tabacalera y perfeccionadas por empresas de biotecnología, combustibles fósiles y comida chatarra. Algunos de nosotros hemos pasado años exponiendo las falsas campañas populares que establecieron, las identidades falsas y las falsas controversias científicas que crearon, y la forma en que los medios de comunicación han sido engañados por ellos. Nuestras advertencias no fueron escuchadas, mientras que los ultra ricos aprendieron a comprar el sistema político.
El problema está ejemplificado, en mi opinión, por el Instituto de Asuntos Económicos (IEA-Institute of Economic Affairs). En la última remodelación, dos ministros con estrechos vínculos con el instituto, Dominic Raab y Matthew Hancock, han sido ascendidos al primer plano, responsables de cuestiones que obsesionan a la IEA: Brexit y el NHS (National Health Service-Servicio Nacional de Salud). Raab atribuye a la IEA el haberle apoyado «a librar la guerra de las ideas«. Hancock, en su anterior papel como ministro de la oficina del gabinete, tristemente dictaminó que a las organizaciones benéficas que reciben fondos públicos no se les debe permitir presionar al gobierno. Su departamento acreditó a la IEA con la investigación que impulsó la política. Esta regla, en efecto, otorgó un monopolio sobre los grupos de presión, como la IEA, que reciben su dinero sólo de fuentes privadas. Hancock ha recibido un total de 32,000 libras esterlinas en donaciones políticas del presidente de la IEA, Neil Record. La IEA ha presionado constantemente a favor de un Brexit duro. Un informe que publicó el lunes como alternativa al libro blanco de Theresa May pide que el Brexit se utilice para derribar las normas que protegen a los trabajadores de las agencias, para desregular las finanzas, anular las normas sobre productos químicos peligrosos y debilitar las leyes de etiquetado de alimentos. Darren Grimes, quien fue multado el martes por la Comisión Electoral por gastar dinero en delitos durante la campaña, ahora trabaja como gerente digital de la IEA.
Entonces, ¿qué es esta organización y en nombre de quién habla? Si tan sólo supiéramos. Es calificada por el grupo de rendición de cuentas Transparify como «muy poco transparente». Todo lo que distingue a organizaciones como la IEA de empresas de relaciones públicas como Burson-Marsteller es que no sabemos para quién trabaja. La única información fidedigna que tenemos es que, durante muchos años, ha sido financiada por British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International, Imperial Tobacco y Philip Morris International. Cuando se expuso esta financiación, la IEA alegó que sus campañas contra la regulación del tabaco no estaban relacionadas con el dinero que había recibido. Recientemente, ha criticado repetidas veces al NHS, que quiere privatizar; ha hecho campaña contra los controles de la comida chatarra; ha atacado a los sindicatos; y ha defendido los contratos cero-horas, las prácticas no remuneradas y los paraísos fiscales. Su personal aparece en la BBC promocionando estos puestos, a menudo varias veces a la semana. Pero los entrevistadores nunca hacen las preguntas democráticas básicas: ¿quién te financia y tiene un interés financiero en estos temas?
Las directrices editoriales de la BBC parecen claras: «Deberíamos hacer comprobaciones para establecer las credenciales de nuestros colaboradores y evitar que nos engañen». En mi opinión, toda la IEA es un engaño. Como ha revelado el realizador de documentales, Adam Curtis (irónicamente, en el sitio web de la BBC), cuando se creó el instituto, en 1955, uno de sus fundadores, Maj Oliver Smedley, le escribió al otro, Antony Fisher, instándolo a que sería «imperativo no dar ninguna indicación en nuestra literatura de que estamos trabajando para educar al público en ciertas líneas que podrían ser interpretadas como con un sesgo político. Por eso, el primer borrador [de los objetivos del instituto] está redactado en términos bastante cautelosos».
Los dos hombres tenían claro su propósito: convertirse en una agencia de relaciones públicas que cambiaría a la sociedad en la línea defendida por el fundador del neoliberalismo, Friedrich Hayek. No se debería, les instó Hayek, hacer ningún pensamiento genuino, sino convertirse en un «comerciante de ideas de segunda mano». La IEA se convirtió en el modelo para otros institutos neoliberales. Se financió inicialmente con la fortuna que Fisher hizo importando pollos de engorde al Reino Unido. Curtis le atribuye la fundación de 150 de estos grupos de presión en todo el mundo.
Si bien el dinero negro se ha utilizado para influir en las elecciones, el papel de grupos como la IEA es llegar mucho más profundamente a la vida política. Como explica su actual director, Mark Littlewood, «Queremos replantear totalmente el debate sobre el papel del Estado y la sociedad civil en nuestro país… Nuestra verdadera misión es cambiar el clima de opinión».
Sorprendentemente, la IEA está registrada como una organización benéfica educativa, con el propósito oficial de ayudar «al público en general y a la humanidad». Como resultado, está exento del tipo de impuestos de los que se queja tan amargamente. Las reglas de la Comisión de Caridad establecen que «una organización no será caritativa si sus propósitos son políticos». ¿Qué más político se puede obtener? ¿En qué sentido se están desmantelando las protecciones públicas y atacando los derechos de los trabajadores de caridad? Seguramente ninguna organización debería ser registrada como una organización benéfica a menos que sea declarado cualquier fondo que reciba por encima de un cierto umbral (digamos 1,000 libras esterlinas).
La Comisión de Caridad anunció la semana pasada que ha decidido examinar el papel de la IEA, para ver si ha infringido sus normas. No tengo muchas esperanzas. En respuesta a una queja de Andrew Purkis, antiguo miembro del consejo de administración de la Comisión de Caridad, el departamento de cumplimiento normativo de la comisión afirmó que la IEA ofrece una “perspectiva relativamente poco controvertida aceptada por la opinión autorizada”. Si la Comisión considera que el Brexit, la privatización del NHS y la defensa de los paraísos fiscales no son controvertidos, ustedes se preguntarán en qué círculos se mueven sus miembros.
Considero que estas organizaciones son insidiosas y corruptoras. Los veo como el medio por el cual el dinero llega a dominar la vida pública sin tener que declarar sus cartas. Los veo como representantes de todo lo que ha ido mal en nuestra política.
- George Monbiot es un columnista de The Guardian
- Este artículo fue modificado el 18 de julio de 2018 para atribuir correctamente una cita.
Traducido del inglés por María Cristina Sánchez
