Frente a la aprobación inconsulta y anticonstitucional, por decreto, de la utilización de la modalidad de la fractura hidráulica para la explotación petrolera y minera, los vecinos autoconvocados de Uspallata y alrededores han comenzado a organizar asambleas de información y de unificación de consignas para oponerse a las decisiones llegadas desde la capital mendocina.

Los efectos medioambientales que pueden acarrear estas prácticas alertan a la población y exigen que se revean todas las decisiones hasta ahora propuestas para avanzar en la explotación minera y petrolera en Uspallata, alrededores y toda la provincia de Mendoza. 

Además, en su declaración ponen de manifiesto la necesidad de salir de la matriz energética que vive el país que se sufre en cada hogar a través de las sumas siderales que deben pagar los consumidores por los servicios básicos de electricidad, gas y agua.

Declaración de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata 

La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, reunida en el Día de la Tierra, en la Casa de la Mujer, 22 de abril de 2018, se declara en alerta máxima y estado de asamblea y movilización permanente, a raíz de la reciente autorización para hacer fracking en la Provincia de Mendoza (mediante la firma del decreto 248/18) y la posibilidad de que dicha actividad se realice en nuestra zona, debido a los recientes anuncios de explorar las formaciones Cacheuta, Porterillos y Las Cabras, que contienen hidrocarburos no convencionales y afloran muy cerca de nuestra zona, sabiéndose también de su existencia en profundidad en diferentes partes de la Precordillera y nuestro Valle.

Repudiamos la metodología ilegal empleada para la aprobación del fracking y sus instancias previas de perforaciones experimentales en Malargüe (donde ya hay registro de derrames y contaminación con hidrocarburos en aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del Río Atuel), se dan en un marco de corrupción, aprietes y violación al Estado de Derecho. Asimismo, repudiamos las descalificaciones infundadas que realizan los funcionarios del Estado, respecto de nuestras denuncias y movilizaciones por una Mendoza libre de fracking y apoyamos las causas judiciales
iniciadas para frenar este verdadero despropósito.

Rechazamos la autorización de hacer una prospección de hidrocarburos no convencionales en la Reserva Divisadero Largo, autorizada de manera ilegal e inconsulta; y porque involucra al Departamento de Las Heras, donde ninguna autoridad se ha pronunciado, a pesar de que la población ya puede avizorar el problema encima.

Denunciamos los efectos nocivos para el ambiente y la salud de las personas que conlleva el fracking, desde la muerte de Cristina Linkopán, el 14 de marzo de 2013, envenenada por los tóxicos del primer pozo “experimental” de fracking de Argentina que funcionaba al lado de su casa, en la Comunidad Gelay-Co, Provincia de Neuquén; hasta el presente, donde el fracking está prohibido en numerosos lugares del mundo (hasta en los mismos países de donde provienen las empresas que quieren hacerlo acá), por los devastadores daños que produce, que incluyen la fracturación de la roca madre en zonas de alta sismicidad y el empleo de grandes cantidades de agua mezcladas con un cóctel de cientos de sustancias tóxicas y arenas silíceas, que se inyectan a altas temperaturas y presiones en la roca fracturada, con riesgo de contaminar acuíferos subterráneos.

Denunciamos también la trampa económica del fracking, ya que la ecuación monetaria de las corporaciones que lo hacen en Argentina no les cierra y por lo tanto el Estado las ha subsidiado años atrás con los “precios sotén”, generando con esto la mayor carga del déficit fiscal y la deuda pública de ese entonces. Y continuando actualmente mediante la aplicación irrestricta de tarifazos a combustibles, luz, gas y transporte, todas patas del modelo de matriz energética gas y petróleo dependiente, vigente en Argentina desde hace décadas y hoy en vías de agotarse. Que ante esto y a la altura de los tiempos que corren, con los efectos del cambio climático (que entre otras cosas genera crisis hídricas, aluviones y otros desastres en nuestro medio), el Estado debería estar invirtiendo recursos financieros e
incentivando líneas de investigación y formación profesional para reconvertir dicha matriz en energías limpias, en lugar de destinarlos al sostenimiento de este modelo de saqueo y contaminación.

Denunciamos también el efecto nocivo de estos tarifazos en la población de Uspallata, una zona alejada y con clima desfavorable en donde encima esos servicios son deficientes y su alto costo genera todo tipo de inconvenientes en la vida diaria y las actividades económicas de población local, la que se encuentra prácticamente abandonada por la ausencia del estado en la zona para atender estas cuestiones sociales y ambientales fundamentales.

Recordamos el veto a la Ordenanza Ambiental Minera de Las Heras, utilizada como consigna electoralista por parte de las mismas autoridades que después terminaron borrando con el codo lo que escribieron con la mano, en una clara actitud de obediencia debida al lobby megaminero.

Exigimos a los concejales por asumir que el texto vetado sea aprobado nuevamente, con el articulado completo presentado por los Vecinos Autoconvocados de Uspallata y agregando la prohibición del fracking en todo el territorio del Departamento de Las Heras.

Denunciamos que Minera San Jorge continúa desarrollando en Uspallata acciones de contaminación social con dádivas a sectores vulnerables desatendidos por el Estado o en épocas de contingencias, a pesar de que esta empresa no tiene licencia social y ya fue rechazada en todas las instancias administrativas y legales a la que fue sometida: audiencia pública del 26 de octubre de 2010, Resolución 512/2011 de la Cámara de Diputados de Mendoza, fallo de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza en su causa contra la Ley 7722 y Resolución conjunta 1027/2017 de la Dirección de Protección Ambiental y la Dirección de Minería.

Denunciamos que Minera del Oeste pretende reiniciar la explotación metalífera de las Minas de Paramillos con la misma modalidad de flotación con xantato que quería emplear Minera San Jorge y le fuera rechazada, pero en este caso haciéndola pasar como una “remediación” para eludir los alcances de la Ley 7722 y la Audiencia Pública
obligatoria para la legislación ambiental vigente; de acuerdo a un Informe de Impacto Ambiental presentado por esta empresa en abril de 2016 y que al día de hoy no ha sido dado a conocer por el gobierno, tal como lo ordena la ley.

Exigimos a los Legisladores de Mendoza el urgente tratamiento y sanción del proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, con el texto original del expediente legislativo 65858/2014-D, para asegurar la protección de la cuenca completa del Río Mendoza, y contar con la posibilidad de llevar adelante un modo de vida amigable con el entorno de toda la comunidad local del Valle de Uspallata, preservando sus excepcionales valores ambientales y patrimoniales reconocidos en todo el mundo.

Exigimos la derogación del Decreto Provincial 248/2018 de aprobación al fracking y la sanción de una ley que prohíba dicha modalidad extractiva en todo el territorio de la Provincia de Mendoza. Apoyamos las movilizaciones pacíficas de otras asambleas de vecinos autoconvocados contra el modelo extractivista, con las modalidades y estrategias que cada una elige de manera autónoma y soberana, tal como la Asamblea de Uspallata ha elegido las suyas.

Por todo ello, en Uspallata decimos:

Mendoza libre de fracking y megaminería

No a minera San Jorge, no a Paramillos

Sí al áre natural protegida Uspallata-Polvaredas