Ayer el Congreso de los Diputados en Argentina aprobó una ley para retrotraer las tarifas de los servicios básicos y atar los futuros aumentos a la mejora de los sueldos de los trabajadores. La ley deberá ser aprobada en Senadores para que tenga vigencia y desde el oficialismo advirtieron que en caso de aprobarse, sería vetada por Mauricio Macri.

Los diputados opositores no estaban solos en la disputa parlamentaria ya que miles de personas se reunieron frente al Congreso para mostrar su malestar por las subas abusivas de las tarifas que están llevando al cierre a numerosos comercios y empresas, mientras deja en situación precaria a cientos de miles de familias en todo el país.

Sindicatos, organizaciones sociales y políticas acompañaron el debate y promulgación de esta ley de emergencia tarifaria. “Se repite la historia de los noventa, atacan los derechos de los trabajadores con tarifas que son imposibles de pagar”, manifestó el dirigente de Camioneros, Pablo Moyano, quien habló desde un escenario levantado frente al Parlamento.

Desde los sindicatos se le pide al gobierno nacional que sea sensible y no contradiga la voluntad popular y aseguraron que en caso de veto presidencial, se convocará a una huelga general.

¿Quién está dispuesto a pagar el costo político de estas tarifas tan impopulares? El gobierno insiste en lo imperioso de la supuesta actualización tarifaria, que ha redundado en aumentos de hasta un 1400 %, sin que por ello mejorara el servicio. La oposición no dejará pasar la oportunidad de hacer un poco de demagogia y forzar el veto presidencial que seguirá esmerilando la imagen del empresario Macri.

El reciente anuncio del gobierno de comenzar a negociar con el Fondo Monetario Internacional un préstamo que sirva de respaldo a las políticas de vaciamiento de las reservas del Banco Central de la Argentina ha encendido las alarmas en todos los sectores de la Argentina, que ya saben que cuando el FMI asoma, tras él llegan las siete plagas bíblicas.

Advertidos de una posible megadevaluación los bancos privados están reteniendo los dólares de los clientes, generando un clima de tensión que muchos comparan con el 2001.

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