Los diputados y diputadas del Frente Amplio acordaron presentar una moción para fusionar los dos proyectos ya existentes en este tema y agilizar su tramitación en la comisión de Constitución y de Derechos Humanos.

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Los provocadores dichos del diputado Ignacio Urrutia (UDI) han dejado una cola de reacción a lo largo de la jornada. Las redes sociales hirvieron, los parlamentarios de todos los partidos de la oposición salieron a condenar las palabras del parlamentario y el debate apareció en todos los medios. Fue la noticia sorpresa del día, excepto para el gobierno, que no se pronunció al respecto.

El episodio de este jueves reabrió una discusión que ya se había planteado hace unas semanas, tras la agresión que el ex candidato presidencial José Antonio Kast recibió en la Universidad Arturo Prat de Iquique. En aquella ocasión, la polémica se generó tras la oposición del Frente Amplio (FA) a votar un proyecto de acuerdo que rechazaba de forma institucional la agresión al ex diputado. El bloque se negó a respaldar la idea sin un debate previo y anunció su intención de presentar una propuesta propia para abordar el tema luego de la semana distrital. Entonces fue cuando empezó a dar vueltas desde los espacios informales la idea de presentar un proyecto contra la incitación al odio. Sin embargo, pasó la semana distrital y no se supo más de esta iniciativa.

Pero la acusación de “terroristas” a las víctimas de la dictadura por parte de Urrutia no solo provocó la salida inmediata de la oposición de la Sala, sino que también volvió a reactivar la discusión por la incitación al odio dentro de la bancada frenteamplista.

Una ley como Alemania

El diputado del Frente Amplio, Tomás Hirsch (Partido Humanista) explicó a El Desconcierto que “hoy día empezamos a conversar formalmente este tema inmediatamente después de lo ocurrido”.

Hirsch detalló que “en este momento se están intercambiando conversaciones” y apuntó que existe “un acuerdo para avanzar en fusionar los dos proyectos que hay [para legislar sobre delitos de odio]”. Según el parlamentario, se trata de un proyecto que está en la comisión de Derechos Humanos y otro que quedó en la de Constitución. “Vamos a empezar a trabajar entre los diputados de ambas comisiones para avanzar en este camino en un proyecto de ley que condene y penalice la incitación al odio”, sostuvo Hirsch.

“Chile necesita una legislación al respecto como pasa en Alemania y otros países, donde revalorizar lo que fue el nazismo está penado por ley. Acá alguien puede felicitar al dictador y validar lo que hizo y no le pasa nada”, apuntó Hirsch.

El acuerdo que, por ahora, ha establecido el Frente Amplio pasa por presentar una moción para fusionar los dos proyectos ya existentes -uno de ellos ingresado en septiembre de 2017 por el gobierno de Michelle Bachelet-, y agilizar su tramitación en la comisión de Constitución. Para ello, quieren buscar el máximo de respaldos: “Lo presentaremos nosotros pero buscaremos el apoyo de todos aquellos que crean que tenemos que tener una ley muy sólida que penalice la incitación al odio y a la violencia”.

Otro de los diputados frenteamplistas que tiene un discurso claro sobre la necesidad de este proyecto es Diego Ibáñez (Movimiento Autonomista), quien ya habló al respecto en una entrevista en Pousta a propósito del caso de José Antonio Kast. “Lo que falta en Chile, es una ley, como sucede en Holanda, Alemania o Brasil, que tipifique como delito la incitación al odio y que como pasa en los países desarrollados, los condene con privación de libertad, son mecanismos que mediante debidos procesos protegen la democracia, la libertad y la dignidad humana”, dijo entonces.

Hoy, consultado por la polémica intervención de Urrutia, Ibáñez confirmó que la Comisión de Derechos Humanos, presidida por Carmen Hertz (PC), decidió colocar en tabla para el miércoles 3 mayo el proyecto sobre incitación al odio que se presentó el 2017. También reiteró que la otra iniciativa -relativa al negacionismo de violaciones de derechos humanos en dictadura- está en la comisión de Constitución, presidida por el también comunista Hugo Gutiérrez. “Queremos que estas normas también se apliquen con toda rigurosidad contra diputados y senadores que violen los principios del debate democrático, para que no puedan utilizar cobardemente el fuero parlamentario como herramienta de impunidad”, afirma el parlamentario.

Claudia Mix (Poder Ciudadano) también se pronunció a través de su cuenta de Twitter a favor de esta idea. “Lo del diputado Urrutia es representación del fascismo que sigue imperando en la derecha. Urge una legislación que condene la incitación al odio y la violencia. La Memoria y los Derechos Humanos deben ser profundamente respetados por todos los sectores”, publicó la diputada.

Y en la misma línea que sus compañeros de bancada reiteró: “Vamos a promover tanto en la bancada del FA como en el resto de las representaciones parlamentarias el reimpulso de proyectos que ya fueron ingresados a en este tema o bien proponer uno nuevo. No podemos quedar de brazos cruzados ante este tipo de nefastas actitudes”.

Finalmente, en un comunicado, la Mesa Nacional del Frente Amplio aseguró que impulsará en el Congreso “el proyecto que condena la incitación a la violencia, y el de prohibición a la exaltación de la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet

Después de la suspensión de la sesión, el presidente de la Cámara (s), Jaime Mulet, convocó una reunión de comités en la que Tomás Hirsch solicitó que “no se borren del acta las palabras de Urrutia como pedía la UDI, sino que se mantengan como testimonio histórico de quienes avalaron y siguen avalando las violaciones de derechos humanos”.

¿Qué dicen los dos proyectos?

Los dos proyectos contra la incitación al odio que el Frente Amplio quiere fusionar se encuentran hoy día en dos comisiones distintas de la Cámara de Diputados. El primero, suscrito por los diputados socialistas Maya Fernández, Leonardo Soto y Daniel Melo, se encuentra en la comisión de Constitución y tiene un artículo único que establece castigo con presidio menor en su grado medio de aquellos que “públicamente incitare al odio o al empleo de violencia contra personas por su raza, etnia o grupo social, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión o creencias, nacionalidad, filiación política o deportiva, o la enfermedad o discapacidad que padezca”.

El segundo fue ingresado en 2014 por la diputada PC Karol Cariola y se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos. El texto sostiene que tiene como objetivo “la adopción por parte del Estado, de todas aquellas medidas destinadas a impedir el homenaje y exaltación de la dictadura cívico-militar impuesta por el golpe de estado realizado el 11 de septiembre de 1973, en contra del gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende Gossens”.

El texto apunta a establecer penas de cárcel, pero con el fin de “impedir el homenaje y exaltación de la dictadura cívico-militar” y establecía que “las contravenciones a la presente ley serán sancionadas con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado máximo y multas de 500 a 3.000 UTM”. Además, plantea que “se prohíbe toda actividad de carácter público que tenga por objetivo la exaltación u homenaje de la dictadura cívico-militar”, aludiendo a que “el Ministerio de Educación velará por la conservación de la memoria histórica en todos los niveles educacionales”.

 

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