El 8M reprimieron a privadas de libertad en Argentina

14.03.2018 - Ezeiza, Argentina - Redacción Argentina

El 8M reprimieron a privadas de libertad en Argentina
(Imagen de Luis Beltrán-YONOFUI)

Las 80 mil somos también las que están presas – Todas desobedecemos al patriarcado

El jueves 8 de marzo las mujeres privadas de libertad en el Complejo IV de Ezeiza manifestaron su adhesión al Paro Internacional de Mujeres a través de un ruidazo pacífico a las 11 de la mañana. Durante la tarde, el Servicio Penitenciario Federal seleccionó un grupo de mujeres para asistir a una “reunión de convivencia”, de la que participaron una representante por pabellón, la Jefa de Trabajo y la Jefa de Módulo 2. En esta reunión las autoridades informaron a las mujeres que no cobrarían el peculio, que es el pago por el trabajo que realizan las personas privadas de libertad  del mes anterior y que no sabían cuándo se cobraría, por lo tanto no contarían con el dinero para ser retirado por sus familias. Dicho esto, se las amenazó advirtiéndoles que en caso de realizar una medida de fuerza para manifestar su reclamo –aunque sea en forma pacífica– les serían descontadas aún más horas de trabajo. Muchas de estas mujeres son el único sostén económico de sus familias.

Pasada la medianoche del jueves y a pocas horas de que millones de mujeres tomáramos las calles en todo el mundo, un grupo de compañeras presas, alojadas en este Complejo se encontraban reunidas pacíficamente conversando sobre esta situación. En ese momento ingresaron las fuerzas de seguridad en forma intempestiva. Las mujeres buscaron refugio en la celda de una de ellas, de donde fueron sacadas violentamente por el personal penitenciario mediante el uso de gas pimienta, golpes de puño y de borcegos. De la represión participó personal masculino, lo cual está expresamente prohibido por la legislación penitenciaria cuando se trata de cárceles de mujeres. Como resultado de la golpiza nuestras compañeras sufrieron lesiones en diferentes partes del cuerpo, incluidos cortes en el rostro. Una de ellas fue llevada al pabellón psiquiátrico N°27 de la Unidad, un depósito del Servicio Penitenciario Federal en el que drogan y golpean a las mujeres como parte del procedimiento. Otras cuatro compañeras fueron llevadas a celdas de castigo.

El rumor puesto a correr por los pasillos de la cárcel por el mismo Servicio Penitenciario Federal, y que sustenta esta crueldad desplegada contra las mujeres, es que habrá un recorte de horas, equivalentes a la mitad de la remuneración recibida. El ajuste también tiene su expresión en la cárcel y se ejerce con violencia sobre las mujeres y sus familias.

La decisión por parte de ellas de negarse a ser explotadas como mano de obra barata, es respondida con una brutal golpiza en medio de la noche, impartiendo una situación de violencia y terror. Una vez más, las mujeres presas son doblemente castigadas y  violentadas por el Estado.

Decimos una vez más, porque las mujeres que habitan las cárceles de nuestro país son en su gran mayoría pobres, para ellas el trabajo en blanco y la posibilidad de pensarse más allá de la subsistencia del día a día quedó atrás hace varias décadas. Estas mujeres suelen tener niñxs y adolescentes a cargo, en ocasiones incluso adultos que dependen de ellas y hasta el momento de ser detenidas habían dedicado la mayor parte de sus jornadas a tareas de cuidado y quehaceres domésticos, sin reconocimiento ni remuneración. Sus ingresos suelen provenir de trabajos informales, precarios y/o de montos mínimos que se generan por la titularidad de un derecho como la Asignación Universal por Hijo. Paradójicamente, en la cárcel muchas de ellas acceden –aunque a duras penas y por primera vez–a una política pública, y a la posibilidad de un trabajo formal. Esto no ocurre en las cárceles provinciales, donde las mujeres no ven a un médico en años y también trabajan pero la paga mensual no alcanza siquiera para comprar un kilo de pan, y esto no es una metáfora.

Aquellas que logran acceder al arresto domiciliario, apenas pueden mantener a sus familias desde el encierro de sus casas con los ingresos que obtienen a través de programas sociales con los que no llegan a cubrir ni la cuarta parte de una canasta básica de alimentos.

En sus relatos aparecen otras huellas de la exclusión más brutal que hacen de su pasaje por la cárcel una experiencia violenta más en sus vidas. Algunas llevan años peregrinando por apoyos que alivien el padecimiento que producen las adicciones y la violencia de género, o para salir definitivamente de la vida en la calle. Otras nunca tuvieron documentación que acredite su identidad, uno de los derechos más básicos; el Estado sólo las reconoce en el marco del expediente penal pero no como sujetas de derecho, lo que les garantizaría el acceso a los mismos.

A este panorama se suman algunas variables que agravan esas condiciones: el aumento del 33 % de la población carcelaria en los últimos meses, y el aumento de la prisión preventiva como recurso indiscriminado por parte de los jueces. Por otro lado, el hecho de que la mayoría de las mujeres cuente con defensores públicos que tienen a su cargo una cantidad desmedida de expedientes hace que muchas veces los reclamos por la vulneración de sus derechos no lleguen a oídos de los jueces de ejecución; en este sentido es importante señalar que en este momento en la Justicia Nacional son sólo cuatro jueces que están en la Capital Federal para atender las situaciones de todas las personas condenadas que están  las cárceles federales del país.

En este escenario resulta paradójico que para las mujeres el momento de la salida de la cárcel sea el más difícil. Las políticas post penitenciarias no cuentan con unas perspectiva asociativa o cooperativista; antes que brindar recursos para el fortalecimiento colectivo, estas políticas formulan exigencias de redención biográfica, desligando de responsabilidad al sistema social que produce las condiciones de desigualdad en el acceso a recursos, entornos, capacidad y oportunidades y nuevamente descargan esa responsabilidad en el cuerpo y la subjetividad de las mujeres, generándoles la percepción de no haber estado a la altura de las circunstancias.

En otros casos, al cumplir la condena, y en ausencia de un ingreso y/o de redes afectivas que las puedan contener o sostener económicamente, muchas de las mujeres quedan en situación de calle. Finalmente, la urgencia gana y lo que se reproduce es un círculo continuo que lleva a las mujeres otra vez a la cárcel como destino inexorable.

Por todo lo expuesto, nos encontramos hoy acá, frente a las puertas del Ministerio de Justica y Derechos Humanos de la Nación, para exigir que se garanticen:

-Los derechos a la integridad física y emocional de las mujeres que están presas, así como su derecho a reclamar dentro del Servicio Penitenciario cuestiones de índole laboral, acceso a la salud, a la educación, situación procesal, acceso a las visitas, traslados, etc.; sobre la base de que el único derecho que una mujer pierde cuando se encuentra detenida es la libertad ambulatoria.

-El arresto domiciliario para todas las mujeres con hijos menores de edad en contraposición a lo que dispone la justicia patriarcal, que no duda en otorgar el derecho a los genocidas. De una población aproximada de 800 mujeres, 510 estarían en condiciones de que les sea concedido el arresto domiciliario, dato aportado ayer por autoridades del Servicio Penitenciario Federal luego de la recorrida de los organismos en el Complejo IV.

-La libertad de las mujeres que se encuentran detenidas con prisión preventiva porque aún no se las ha juzgado.

-La real implementación de políticas pos penitenciarias integrales, que tomen en cuenta el contexto socio familiar de las mujeres, sus posibilidades de acceso real al mundo del trabajo, el acceso a una vivienda digna, entre otros aspectos, para evitar el circuito de violencias interminables cuyo único horizonte es la cárcel para las mujeres pobres.

-La urgente implementación del sistema nacional de prevención de la tortura y otras penas y tratos crueles inhumanos y degradantes, el registro de torturas y la urgente investigación de este hecho, la suspensión del personal penitenciario que participó del mismo y la oportuna sanción de los responsables materiales y políticos.

-La eliminación de los obstáculos para el ingreso de educadorxs, organizaciones sociales, políticas y culturales que trabajan en las cárceles de mujeres, arbitrariamente impedidas de ingresar a los penales en los que se encuentran detenidas.

-La urgente convocatoria a una mesa de diálogo en la que intervengan las instituciones gubernamentales y sociales avocadas a la temática, incluidas representantes de las mujeres privadas de la libertad para la elaboración de una agenda para abordar urgentes estrategias de desprisionización, situación laboral y educativa de las mujeres privadas de su libertad, niñes privados de la libertad con sus madres y reinserción social.

Por último, denunciamos el ejercicio sistemático de la crueldad por parte del Estado sobre los cuerpos de las mujeres que están privadas de libertad, como también el total desamparo al que son expuestas cuando salen de la cárcel y el abandono en el que se encuentran muchas mujeres, niñes y adolescentes que están en situación de calle.  

Como parte del movimiento feminista repudiamos y denunciamos la reacción violenta del patriarcado que mostró su cara más brutal como fuerzas de seguridad: fusilando a Facundo Ferreira, un niño de apenas 11 de la periferia pobre de Tucumán, y reprimiendo a las mujeres privadas de su libertad, desplegando su crueldad asesina contra los cuerpos más débiles. Sepan que para nosotras todas las vidas valen, todos los cuerpos cuentan. Las 800 000 mujeres que protagonizamos la intensa jornada de revuelta y fiesta feminista, somos también las que están presas. Todas desobedecemos al patriarcado.

#NiUnaMenosEnLaCárcel

#TodaPresaEsPolítica

 

YONOFUI

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Categorías: Comunicados de Prensa, Derechos Humanos, No-discriminación, Sudamérica
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