El martes 16 de enero, Bangladesh y Birmania formalizaron y oficializaron el acuerdo (que ya se había alcanzado en noviembre del año pasado) para diseñar un plan de repatriación de dos años para los refugiados rohingya. Prevé la creación de cinco campamentos de tránsito en suelo bengalí y dos campamentos de acogida en territorio birmano. El número de rohingyas que escaparon de la región de Rakhine (que representaba un tercio de la población total), tras el pico de violencia de finales de agosto, ascendió a unas 750.000 personas. La ejecución del plan, prevista inicialmente para el martes 23 de enero, se ha aplazado hasta finales de mes, mientras que la duración estimada para toda la evolución del proyecto es de unos dos años.

Contrariamente a lo que podría sugerir el panorama general, la situación en Birmania no parece haber mejorado en comparación con los últimos meses. Maung Zarni, activista birmana de derechos humanos, denunció en una entrevista concedida a «Al Jazeera» el 10 de enero, cómo el camino emprendido por el gobierno del país sigue siendo el de la negación de lo que la ONU ha definido repetidamente como una verdadera «limpieza étnica» en detrimento de la minoría musulmana.

Otro testimonio interesante proviene de Mark Farmaner, director ejecutivo de «Birmania Campaign UK». Señala que los principales medios de comunicación birmanos han centrado hasta ahora gran parte de su atención en Aung San Suu Kyi, ignorando el papel fundamental desempeñado por Min Aung Hlaing, comandante del ejército. De hecho, el líder de facto no tiene ningún poder sobre el ejército (intérprete verdadero y adecuado de las represalias); pero lo que la comunidad internacional critica duramente es que nunca ha adoptado una posición clara al respecto.

Volviendo al plan de repatriación, a pesar de que sobre el papel parecería posible abrir una ventana de diálogo entre los rohingya y el gobierno, sigue habiendo grandes dudas de que pueda coincidir con una revalorización social de la minoría. Varias organizaciones humanitarias internacionales han expresado su preocupación y reiteran que las condiciones para un retorno seguro son prematuras.
Sólo el tiempo nos dirá si el plan será la piedra angular de una situación que, hasta ahora, sigue siendo difícil de descifrar.

Francesco Maria Cricchio