Actualmente, Colombia vive un momento importante en la construcción de la paz. Por un lado, el país se enfrenta a la fase de implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC, firmados el 26 de septiembre de 2016; y por el otro, a los Diálogos de Paz con la guerrilla del ELN, iniciados en 2017.

Para actualizar a nuestra audiencia sobre el escenario colombiano, tenemos con nosotros a Lina Castañeda, periodista y miembro del equipo de Pressenza en Medellín-Colombia.

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Para comenzar, ¿cuáles serían los avances que destacarías en el proceso de implementación de los acuerdos entre el gobierno y las FARC?

Lo más reciente es la posesión de 31 magistrados que harán parte de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que es el órgano encargado de investigar, esclarecer y juzgar las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado.  También está la consolidación de la Comisión de la Verdad y la disposición de las Fuerzas Militares de contribuir al esclarecimiento de los hechos abriendo sus archivos. Y, finalmente está la participación política de excombatientes de las FARC bajo el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con la condición de que se acojan a la JEP.  De hecho, mañana sábado 27 de enero a las 3:00 pm harán en la Plaza Central de Ciudad Bolívar en Bogotá, harán el lanzamiento oficial de sus candidatos a Cámara y Senado para las elecciones legislativas del próximo 11 de marzo.

Sin embargo, durante la implementación en 2017 y enero del 2018, también han habido retrocesos que dificultan el proceso y que generan dudas frente al futuro de los Acuerdos. A estas dificultades, se le suma las voces de partidos y personas contrarias a la implementación, que están haciendo carrera política por la presidencia y que se encargan de torpedear los avances utilizando mentiras y manipulando a la opinión pública.

¿Cuáles son esos retrocesos?

Los retrocesos son los cambios significativos efectuados por el Congreso en la ley estatutaria de la JEP del año pasado y que abrirían posibles casos de impunidad por el desconocimiento de la capacidad de mando, también se incluyen a terceros, civiles y agentes del Estado en las responsabilidades penales por su participación en el conflicto, es decir que ellos no tendrían la obligación de comparecer ante la JEP, ellos irían solo quieren hacerlo y vetaron la participación de quienes hayan fungido como defensores de Derechos Humanos para actuar como jueces de la JEP.

También está la desconfianza de algunos excombatientes que se encuentran en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, que no están del todo seguros de que el Estado cumpla con las garantías para su reincorporación a la vida civil. De hecho la Misión de Verificación dice en uno de sus más recientes informes que cerca del 55% de los excombatientes que estaban ubicados en las zonas transitorias, las han abandonado por la desconfianza frente al proceso y han preferido hacerlo de manera individual.

También está el avance de grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN en territorios que antes eran controlados por las FARC, lo que pone nuevamente en riesgo a líderes campesinos y la sociedad civil.

Y finalmente, están los atentados, asesinatos e intimidaciones a excombatientes y sus familiares que quieren hacer política, según el nuevo partido van 36 asesinatos hasta el momento. Los más recientes fueron 2 sucedidos en el municipio de Peque, departamento de Antioquia.

En ese escenario, ¿cuáles son los retos en la implementación de los acuerdos con las FARC?

Los retos serían generar mayores garantías de seguridad y mecanismos de protección a nivel territorial, tanto para las personas que están en los espacios de reincorporación, como para los excombatientes, concretar en lo territorial los mecanismos de la reincorporación según las necesidades de cada zona, que son muy diferentes encada territorio. Avanzar en las medidas de reforma política y la participación de las mujeres, también avanzar en las medidas de desarrollo rural, luchar contra las economías ilegales, sustituir, por ejemplo, los cultivos ilícitos, el derechos de las víctimas y tomarse en serio la paz territorial a través del diálogo. Lo más aquí es que el Estado haga una presencia de calidad en el territorio.

Lina, justamente, antes te referías a los enfrentamientos violentos, estos asesinatos que ocurrieron y muchos están señalando al ELN como responsable de estas masacres. Demos una mirada a la situación de los diálogos con esta otra guerrilla. ¿Qué avances hay, qué dificultades, qué retos? ¿Cómo está esta cuestión?

El principal avance con los Diálogos con el ELN ha sido la participación efectiva de la sociedad civil, que fue representada por organizaciones sociales de diversas zonas del país, que en noviembre de 2017 se reunieron con delegados del gobierno y del ELN para discutir modelos del participación de la sociedad en el proceso. Esta discusión va a ser el insumo para discutir el punto número uno de los diálogos, que son los modelos de participación ciudadana para la paz y que abren la puerta para la discusión de los puntos 2 y 3, democracia para la paz y transformaciones para la paz.

El principal problema, actualmente, en este diálogo de Quito, es que la Mesa no ha podido volver a sus funciones, por una tensión surgida el pasado 9 de enero, fecha en la que se venció el cese al fuego bilateral, con las acciones del ELN que terminaron con la voladura de tres oleoductos y con el asesinato de un soldado. Razón por la cual, el Presidente Santos, llamó entonces al recién nombrado jefe del equipo negociador, el Ex Presidente Gustavo Bell Lemus, para que viajara a Bogotá a pocas horas de comenzar el 5º ciclo de las negociaciones. Obivamente, estas actuaciones del ELN ponen en tela de juicio su capacidad de cumplimiento en lo que resta de los diálogos. Pero, el ELN también denunció hostigamientos por parte del Ejército a sus unidades durante el cese al fuego, que fue de octubre a enero, y criticó fuertemente ataques de la fuerza pública contra campesinos en distintas zonas del país, como el ocurrido en octubre en Tumaco, que terminó con un saldo de 7 campesinos muertos y por lo que ya hay imputación de cargos a dos oficiales de la Policía y el Ejército.

En los últimos días, el presidente Juan Manuel Santos le pidió al jefe negociador Gustavo Bell, volver a Ecuador y discutir la reanudación de los diálogos, lo que beneficiaría mucho a las comunidades campesinas e indígenas que vive en territorios donde el ELN aún tiene control y donde aun puede ejercer estas actividades delictivas.

El principal reto es que sienten otra vez a la mesa a discutir y que el diálogo tenga continuidad, independientemente del candidato que asuma la Presidencia en agosto del 2018. Esto es un punto complejo, porque hay muchos candidatos que se muestran abiertamente en contra a la manera en que se está manejando el proceso con las FARC y con el ELN.

Y justamente sobre las elecciones y lo que el escenario electoral significa para estos procesos es nuestra última pregunta. ¿Qué nos puedes comentar?

Estas elecciones, tanto las legislativas del 11 de marzo, como las presidenciales de mayo van a ser definitivas para el futuro de ambos procesos, teniendo en cuenta que al Gobierno Santos solo le resta solo este primer semestre para concluir su mandato y queda la implementación con las FARC aún en vilo. Candidatos como Humberto de la Calle por el Partido Liberal, quien fue artífice del Acuerdo de La Habana, la Coalición Colombia, conformada por Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Robledo han manifestado su apoyo a ambos procesos, lo mismo que Gustavo Petro, Carlos Caicedo y la exministra Clara López. Por eso parte estos candidatos están de acuerdo y podrían continuar tanto con el proceso de paz de las FARC, como con los diálogos en Quito.

Por su parte el candidato Germán Vargas Lleras, que además de exvicepresidente de la República, no se ha mostrado muy favorable a los procesos, de hecho marcó distancia con los mismos siendo vicepresidente e Iván Duque por el Centro Democrático, y los conservadores Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordoñez, que están en coalición, representan la fuerza de oposición más fuerte a los procesos y en caso de que ellos resulten presidentes pondrían en riesgo ambos procesos, por una posible ruptura con el proceso de Quito y un retroceso a la implementación de lo acordado en La Habana.

El comportamiento del Congreso de la República no los ha dejado muy bien parados, ¿cierto? Ha sido una decepción, primero por todos los problemas que hubo con la figura del Fast Track, que no se pudo acordar, que no se pudo tramitar rápido los artículos que estaban pendientes y quedaron en vilo muchas decisiones y segundo, lo ocurrido con la JEP y las circunscripciones especiales para la Paz, donde algunos congresistas del Partido Conservador, de Cambio Radical (Partido de Vargas Lleras) y del Centro Democrático (Partido de Álvaro Uribe), dieron todo de su parte para torpedear este proceso.

Antes de las elecciones presidenciales, van a haber elecciones legislativas y allí se van a conformar alianzas muy distintas de lo que pueden ser después las alianzas definitivas para pelear por la presidencia, ese panorama es mucho más complicado de descifrar, no te pido que en un minutito nos lo expliques, ¿pero qué se juega en esas elecciones legislativas, Lina?

En las elecciones legislativas se juega la continuidad de los procesos y de todos los artículos que puedan aprobar mediante las plenarias del Congreso, las elecciones legislativas son un abreboca de lo que puede ocurrir en las presidenciales y que el partido que obtenga más curules en el Congreso, podría definir quién ocupe la Casa de Nariño el 7 de agosto. Entonces, digamos que se juega la continuidad, obviamente y si Colombia o la población colombiana quiere cambiar de perspectiva política de apostarle a la paz tiene que empezar por renovar el Congreso que no cumplió con las expectativas y que no estuvo a la altura de la paz y eso, evidentemente, tiene que comenzar el próximo 11 de marzo.

Tenemos por delante unas decisiones muy difíciles como ciudadanos y ciudadanas colombianos, unas decisiones que pueden marcar definitivamente el avance contundente de los procesos de paz o un retroceso que sería muy grave y muy dramático para Colombia y para la Región.

Unas decisiones bastante complicadas se vienen durante este año.