Burundi se convierte en el primer Estado miembro en dejar el Tribunal Penal Internacional (TPI)

14.11.2017 - Redação São Paulo

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Burundi se convierte en el primer Estado miembro en dejar el Tribunal Penal Internacional (TPI)

por Felipe Honorato

El 26 de octubre de 2017, cumpliendo rigurosamente el plazo de un año establecido por el Estatuto de Roma, Burundi, país africano que era miembro de la Corte Penal Internacional (TPI) desde 2004, oficializó su salida de esta corte internacional. Tal acción gana aires históricos, pues Burundi se convirtió, con ello, en el primer Estado miembro del TPI en abandonar la organización y se unió a un pequeño grupo de naciones que no son signatarias del Estatuto de Roma, normativa que regula el tribunal: Estados Unidos, Rusia, China e India son los demás países.

El poder ejecutivo burundés había firmado la salida del país del TPI el 26 de octubre de 2016 y luego el país solicitó su salida final del tribunal al entonces secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

¿Qué está en juego con la salida de Burundi del TPI?

El Tribunal Penal Internacional fue creado en 2002 y forma parte de los organismos bajo la responsabilidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Con sede en La Haya, en Holanda, esta corte internacional, que contra con 122 miembros (34 de ellos africanos), se configura como único organismo internacional permanente que combate el genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad.

Desde el año 2015, Burundi viene pasando por una violenta crisis, desencadenada por la decisión de su actual presidente, el ex guerrillero Hutus (mayoría étnica en el país) Pierre Nkurunziz, de pasar por encima de la constitución, que prevé el derecho a una sola reelección al cargo de presidente, y concurrir a un tercer mandato – Pierre acabó por vencer los comicios electos celebrados el pasado julio, tras un boicot de la oposición.

En el año 2015, en forma de investigación previa, el TPI comenzó a investigar una ola de crímenes, iniciados en abril de este mismo año, que incluyen homicidios, arrestos, torturas y violencia sexual supuestamente cometidos en Burundi por agentes estatales y miembros de Imbonerakura, el ala joven del partido político de Nkurunziz. Las estimaciones, para estos más de dos años de violencia, son que 1200 personas murieron y otros miles están desaparecidos; todas las víctimas son de la oposición o se manifestaron contra el actual presidente. Además, todo este tumulto generó, en este mismo período, el desplazado de más de 400 mil personas.

En el año 2017, una comisión de la ONU hizo un pedido para que la Corte Penal Internacional acelere su trabajo, pues se constató que las violaciones continuaban en el país africano. Sin embargo, la investigación es laboriosa: involucra a más de 500 testigos que identificaron a miembros de las fuerzas de seguridad del país e integrantes del servicio nacional de información como sospechosos de los crímenes.

Según la declaración del vicerrector de Human Rights Watch, Param-Preet Singh, “la retirada del TPI es sólo el último ejemplo de los deplorables esfuerzos del gobierno de Burundi para proteger del castigo de la justicia a aquellos que son responsables de graves violaciones de los derechos humanos”. La reportera de la BBC Anna Holligan, corresponsal del vehículo en La Haya, recordó un peligroso precedente que se abrió con la decisión de Burundi: “La decisión burundesa de salir es sin precedentes – una declaración de que si a uno no le gusta el foco de la acusación, se puede simplemente dejar la organización”; también ponderó: “el impacto real – y si él va o no crear un efecto dominó – será determinado por lo que sucederá a continuación”.

Fadi El-Abdallah, portavoz del Tribunal Penal Internacional, afirmó, en entrevistas tras la oficialización de la salida de Burundi, que las investigaciones sobre los crímenes cometidos en el país continuarán, ya que el artículo 127 del Estatuto de Roma garantiza la jurisprudencia del tribunal sobre infracciones cometidas por países miembros de la corte hasta la fecha de separación oficial de la institución.

Repercusión

El 27 de octubre, cuando Burundi fue declarado oficialmente desvinculado de la TPI, el gobierno del país incitó a que la población fuese a las calles a celebrar el hecho; en la capital, Bujumbura, 5 mil personas marcharon en conmemoración, recorriendo un trayecto que pasó por las embajadas de Ruanda, Bélgica y la Unión Europea, terminando en la plaza de la Independencia. Aimee Laurentine Kanyana, ministra de justicia de Burundi, defendió que la retirada fue una “gran conquista” y pidió que “la policía y la justicia del país respeten los derechos humanos para que los blancos no tengan pruebas falsas contra Burundi”.

Lambert Nigarura, presidente de la Coalición Burundi por el TPI, dijo que “hoy, la justicia de Burundi, como es llamada, perdió contacto con la vida. “Ella se convirtió en una mera herramienta de represión de cualquier voz disidente”, y remató comentando que la decisión de salida vino en un tiempo en que “la máquina sigue matando con impunidad en Burundi”.

Catherine Ray, portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad, Frederica Mogherini, en una entrevista con Deutsche Welle, declaró que la decisión de Burundi es “un paso hacia el retroceso” y que “arriesga aún más con aislar al país de la comunidad internacional”, como una de sus consecuencias.

TPI y África: enemistad de larga data

Durante la creación de la Corte Penal Internacional, a principios de los años 2000, los países africanos apoyaron de forma masiva la entonces recién creada organización internacional. Esto porque había un descrédito generalizado en los sistemas de justicia nacionales dentro del continente y el TPI era visto como una instancia que estaba en contra de los llamados “señores de la guerra”. Con el paso del tiempo, la relación se fue desgastando y surgieron, por parte de los africanos, acusaciones de racismo, selectividad y neocolonialismo contra el TPI. En los últimos dos años, los desacuerdos entre el tribunal y África han pasado por un pico: Además de la salida de Burundi este año, en 2015 Sudáfrica se negó a arrestar a Omar El Bashir, presidente de Sudán que tenía una orden de prisión expedida por el Tribunal Penal Internacional desde 2009 por crimen de genocidio en Darfur y estaba en el país para participar en una cumbre de la Unión Africana (UA). En febrero de este año, la propia UA, en una reunión, había pedido que sus miembros salieran en masa del TPI, resolución que, en aquella época, contó sólo con la oposición de Senegal y Nigeria.

En el mismo período en que Burundi comenzó a su proceso de retirada, Sudáfrica, Gambia y Uganda actuaron de la misma manera; África del Sur acabó por revocar su salida en marzo de este año, mientras que Gambia, tras el cambio de presidente, optó también por permanecer. Kenia y Namibia adoptaron resoluciones para salir, pero, hasta el momento, nada en dirección a esto se hizo en ambos países. Zambia consideró dejar la corte internacional y realizó una consulta pública para saber si a sus ciudadanos les gustaría o no que el país permaneciera en la Corte Penal Internacional; la permanencia venció con una mayoría del 93% de los votos.

Categorías: Africa, Política
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